Cinco años después de que una científica de la Universidad de Málaga descubriera que a las playas de Ceuta había llegado un alga hasta entonces ajena al Mediterráneo, y por eso potencialmente invasora, no existe una estrategia global y coordinada para prevenir su expansión. Mucho menos para erradicarla, porque en aquellas zonas que ya ha colonizado, como el Estrecho, se la considera inexpugnable. La lentitud para articular estrategias públicas de defensa frente a la Rugulopterix Okamurae contrasta con la velocidad de avance de la invasora, que alcanza ya Cabo de Gata.
Los científicos admiten que los ritmos de la expansión sobrepasan con mucho los de la administración, pero María Altamirano, bióloga de la Universidad de Málaga, matiza: para que un plan de control de una especie invasora sea eficaz se requiere un amplio conocimiento científico. “Hay que hacerlo rápido pero bien, porque se va a emplear dinero público. El plan de gestión tiene que ser a la carta, no es adaptable, y hay que hacerlo con mucho cuidado, conociendo mecanismos de reproducción, la distribución de la especie, las comunidades sensibles...”.
La Rugulopterix okamurae fue incluida en el catálogo de especies invasoras el pasado noviembre. El 4 de febrero se constituyó un grupo de trabajo, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que debe alumbrar el plan de gestión. Participan expertos del ministerio y de la Junta de Andalucía, y a la primera reunión se invitó también al Instituto Español de Oceanografía y a entidades locales, centros de investigación y sector pesquero. Desde el 4 de febrero no se ha vuelto a reunir. “El Grupo de Trabajo se encuentra en proceso de crear un grupo asesor, formado por científicos”, explican desde el ministerio.
Corresponde al Ministerio establecer la estrategia de gestión, las medidas de control y las directrices para luchar contra esta especie invasora, que ya tiene en jaque a la pesca artesanal del Estrecho y amenaza la de arrastre en gran parte del Mediterráneo andaluz. A la administración autonómica le corresponde, en cambio, aplicar las medidas que se adopten en aguas de los parques naturales, como el Estrecho, Cabo de Gata o Maro-Cerro Gordo.
Ha pasado más de un lustro desde que Altamirano y científicos de la Universidad de Kobe (Japón) dieran la voz de alarma tras realizar los análisis morfo-anatómicos y genéticos del alga en 2016. En el número de marzo de 2017 de la revista Quercus apareció la primera publicación, firmada por la bióloga y otros expertos. “Su expansión aconseja valorar que sea catalogada como especie invasora en España”, alertaban. “Yo escribí un correo a las personas que conozco del servicio de universidad, advertí de que estaba en Ceuta, que había dado el salto a la Península, concentrada en el Estrecho y que tenía un impacto fuerte”.
En los dos años siguientes, sin embargo, el silencio fue absoluto. Coincidiendo con la aparición de las primeras noticias de prensa, el 4 de abril de 2019 la Junta de Andalucía anunció que trabajaba en un plan para combatir la presencia de un alga en el Estrecho, admitiendo que ya no podía erradicarla de donde estaba: en aquel momento, las playas de Tarifa y La Janda.
Aunque tiene competencias para solicitar la inclusión de una especie en el catálogo de invasoras, la Junta de Andalucía (entonces gobernada por el PSOE) no lo hizo. El procedimiento empezó de oficio. “Hasta 2019 sólo se tiene constancia de un breve informe de la Junta”, admiten hoy desde la administración autonómica.
El 1 de agosto de 2019, una nota de prensa de la Junta de Andalucía señala: “La Consejería aportará al Ministerio estudios científicos para declarar el alga asiática Rugulopterix okamurae como especie invasora”. El objetivo era que el alga fuese incluida en el catálogo “a final de año como muy tarde”. No se cumplió.
El Ministerio puso en marcha entonces un proceso que comenzó con el encargo del análisis técnico al departamento de la Universidad de Málaga que lidera Altamirano, en septiembre de 2019. La científica entregó su trabajo en noviembre de 2019. Posteriormente, el Ministerio recabó informes del Consejo Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de un comité científico creado por el Real Decreto que regula el catálogo de especies invasoras. Con esos informes, el trabajo de Altamirano recibió la aprobación de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que elevó la propuesta para modificar el real decreto incorporando tres nuevas especies invasoras: el “alga asiática”, la acacia negra y la termita subterránea oriental.
“En el caso del alga, la inclusión estaba cantada”, dice Altamirano. El 1 de diciembre de 2020, el BOE publicó que el alga asiática, detectada cinco años antes en las playas de Ceuta, era una especie invasora.
La Administración autonómica dice ahora que pasó año y medio solicitando al Ministerio que acelerara los trámites para declarar la especie invasora. Ecologistas en Acción llegó a presentar una denuncia ante la Fiscalía contra el Puerto de Algeciras y la Junta de Andalucía, “por si pudieran ser responsables y haber hecho dejación de funciones ante la presencia y la extensión del alga asiática”. Fue archivada.
“Es frustrante, pero forma parte del modus operandi de la administración y el poco reconocimiento a la ciencia”, opina de este proceso Félix López, catedrático de Ecología de la Universidad de Málaga y miembro del Foro Alga Asiática.
Ahora, López denuncia la falta de un marco estratégico para realizar proyectos de investigación. “Falla la coordinación entre las administraciones y a veces no tenemos claro a quién dirigirnos”. Acaba de reenviar una solicitud para una nueva línea de estudio. “Ya habíamos obtenido el permiso del ministerio, pero excluyó las aguas de los parques naturales, porque son competencia de la Junta”, explica.
IFAPA estudia los posibles usos del alga y el potencial de algunas especies (peces herbívoros y erizos de mar) para controlar a la Rugulopterix, una línea que también trabaja José Carlos García-Gómez, director del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla. Pero este tipo de proyectos tienen difícil aplicación práctica sin un plan de gestión estatal.
“Nosotros decimos que tal y como están las cosas, todo se debe hacer más rápido”, protesta Félix López. Hay consenso científico en que la expansión del alga es de una agresividad excepcional. “No se ha visto en el mundo [una proliferación de un alga invasora] con esa ferocidad”, dijo hace unos meses García-Gómez. Sin embargo, también hay acuerdo en que lo deseable es contar con la mayor evidencia científica. “El problema con el alga es que las lagunas de conocimiento impiden que se pueda realizar un plan de gestión al 100% eficiente”, comenta Altamirano.
Además, al alga tampoco le marcan el paso los tiempos políticos, y para combatir la invasión de la Rugulopterix hace falta visión a largo plazo. Altamirano pide que se echen cuentas: “¿Cuánto cuesta dejar que se expanda y cuánto un buen plan de gestión? El balance es de 1 a 10. Esa estimación se debe hacer a diez o veinte años vista, pero la perspectiva no va más allá de una legislatura”. Su equipo calculó, con ayuda de las cofradías de pescadores, que las pérdidas anuales rondarían al menos el millón de euros. Era 2016 y se fijaron solo en el Estrecho. Cinco años después, el alga afecta ya a la pesca en Málaga, Granada y Almería. También a los ecosistemas protegidos de Cabo de Gata y Maro-Cerro Gordo.
“Respuestas 100% seguras no hay, porque las especies invasoras son muy impredecibles, pero la ciencia evita dar palos de ciego. La ciencia es barata para resolver estos problemas”, concluye.
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