La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha cerrado este martes la primera ronda de comparecencias en la comisión de investigación sobre el presunto fraude con subvenciones de formación profesional para el empleo en una convocatoria que había generado mucha expectación, pero que no ha sido nada determinante sobre el objeto de la misma, y más bien se ha convertido en una sesión de control donde la también secretaria general del PSOE-A ha demostrado ir muy preparada para sortear las previsibles preguntas. Incluso las relativas a su marido, José María Moriche, que si hasta el momento suponían para ella un mal trago que le mencionaran el asunto, ha pasado a convertirse en un argumento contra las propias preguntas del PP-A.
Susana Díaz ha comenzado con una oda a la “utilidad” de esta comisión de investigación del Parlamento de Andalucía y a su “responsabilidad” por ir “orgullosa” y sin esconderse como la ministra en funciones Fátima Báñez, pese a que cuando se propuso su constitución por parte de todas las fuerzas de la oposición, el PSOE-A no lo respaldó y también criticó la petición del PP-A y de C’s de que ella estuviera entre los 69 comparecientes. Ha llegado a su hora (18.00) escoltada por varios miembros de su equipo de fieles -Manuel Jiménez Barrios y Mario Jiménez entre otros- para comparecer durante casi tres horas, a cuyo término el PSOE-A ha celebrado que haya salido airosa de este reto en vísperas de una campaña electoral.
¿Cuánto entró en su casa de los cursos?
Los momentos más tensos han llegado en el turno de preguntas del PP-A, hasta el punto de que el presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz (C's), ha tenido que pedir que se mantuviera “el decoro parlamentario”. Su diputada Teresa Ruiz Sillero le ha preguntado primero sobre cuándo tuvo conocimiento de las irregularidades, a lo que no le ha contestado nada concreto, pero sí lo ha hecho, y con gusto, a la que le ha pronunciado a continuación: “¿Cuánto dinero de los cursos ha entrado en su casa?”, en alusión a que su esposo trabajó para IFES, fundación del sindicato UGT-A perceptora de subvenciones para cursos.
Susana Díaz ha comenzado apuntándole a la popular que ella no iba a formar parte “de la moda en este país de las mujeres que no dicen saber lo que entra en su casa y no saben qué coche está aparcado en su garaje”, en referencia a la exministra Ana Mato y el famoso Jaguar. “Lo que le imputa a José María Moriche es estar casado conmigo, y él no se puede defender”, ha remarcado, para desglosar a continuación la vida laboral de su marido, “un auxiliar administrativo” que ganaba “de 700 a 1.200 euros en pagas prorrateadas en IFES”. También ha aportado documentación sobre los ocho años que su marido ha estado trabajando en formación, hasta que ella se convirtió en presidenta.
En esta línea, le ha insistido a Teresa Ruiz Sillero: “Dé un paso más. Se lo digo mirándola a los ojos. ¿Hasta dónde quiere llegar? Me daría lástima y vergüenza que los compañeros de mi grupo parlamentario me dejaran esa tarea”. La ha acusado de no tener “valor ni gallardía” para plantearle las cosas de forma clara. Y nuevamente ha vuelto a detallar las tareas de su marido como auxiliar administrativo: llamar a los alumnos, acarrear cajas, enchufar ordenadores... Para concluir: “¿Usted qué quiere decir?, ¿que me he casado con un tieso? Pues sí, ¿qué pasa?”.
Teresa Ruiz Sillero, que le ha reprochado su “soberbia”, ha continuado: “¿Va a tener usted el valor y la gallardía de decir cuánto dinero ha entrado en su casa de los cursos todos esos años?”. Entre otras cosas, ha exhibido documentos en los que no figura como auxiliar administrativo, sino como “equipo docente”. Igualmente, ha invitado a la presidenta a que sea ella la que “mire a los ojos” de los mileuristas y de los miles de parados de Andalucía para “explicarles por qué llevamos años sin formación”.
¿Qué sacó el PSOE-A del convenio con UGT-A?
La diputada de C's Marta Bosquet ha sido la encargada de sacarle otro de los temas complicados que la afectarían directamente, en relación al convenio que como secretaria general del PSOE-A firmó en 2011 con UGT-A. Le ha preguntado si el convenio “era para alquilar sedes del PSOE-A para cursos de manera que se beneficiara de subvenciones”. Susana Díaz lo ha negado tajantemente y ha dicho que el convenio se refería a que las dos organizaciones compartían sedes desde 1908 y que muchas fueron expoliadas. “Históricamente hemos compartidos sedes”, ha rememorado. En todo caso, ha matizado que el convenio no se ha desarrollado, e incluso ha recordado que “lo ha investigado algún juzgado y se ha comprobado que no ha habido financiación ilegal de ningún tipo”.
¿Y el caso de Rafael Velasco?
En la línea también de encontrar implicaciones entre socialistas y estas subvenciones, se le ha preguntado por un caso muy sonado y es el relativo a las subvenciones que recibió la empresa de la mujer del que fuera vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, quien dimitió tras trascender esta información. “Si usted pretende que hace no sé cuántos años supiera a qué se dedicaba la pareja de un compañero y que años después yo iba a ser presidenta…”, ha contestado a Teresa Ruiz Sillero cuando le ha sacado el tema. Es más, ha aprovechado para citar a varios populares relacionados con estas subvenciones, como “la compañera Carmen Crespo”, en referencia a la portavoz parlamentaria del PP-A, “que se dedicaba a la formación cuando era alcaldesa en Adra (Almería), o a los hermanos de Fátima Báñez”.
Juicios de valor
La suya ha sido la comparecencia número 67, toda vez que estaban previstas 69 y no acudieron ni la citada Fátima Báñez ni la consejera del Tribunal de Cuentas Dolores Genaro y con ello se cierra esta primera ronda a la espera de que los comisionados planteen si quieren pedir más para después de las elecciones generales del 26 de junio, cosa que el PSOE-A ya ha anunciado que no hará porque ya tiene suficiente para sus conclusiones, que en realidad son sus puntos de partida: no ha habido ningún fraude desde la propia administración, que en todo caso sería parte perjudicada de los abusos de determinados beneficiarios de subvenciones, y por tanto no hay responsabilidades políticas que exigir. En ello ha redundado Susana Díaz este martes.
“Usted insiste en que haga juicios de valor sobre una circunstancia en la que los propios interventores han dicho que no habido menoscabo de los fondos públicos, y por tanto no ha habido fraude. Si los tribunales mañana determinan otra cosa, habrá que verlo”, ha resumido la también secretaria general del PSOE-A en respuesta a Juan Moreno Yagüe, diputado de Podemos. “Yo no sé qué irregularidades han ocurrido”, ha aseverado.
¿Por qué hay juzgados investigando?
De igual modo, y pese a que en estos momentos se mantienen diligencias en 15 juzgados (tres de los que las abrieron se han inhibido a favor del resto), ha reiterado el convencimiento de que no hay un fraude masivo, sino “un sistema con deficiencias y debilidades que ha reconocido el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social”, y por eso ha reformado la legislación su titular Fátima Báñez. Es más, Susana Díaz ha expresado que, pese a lo llamativo de las operaciones de Policía Nacional y Guardia Civil en este caso, “ya veremos en qué quedan”, lo mismo que ha dicho de las causas en los tribunales.
La paralización de los cursos
“Yo no paralicé los cursos. Yo mantuve la paralización. Lo hice porque me parecía lo responsable porque con una sombra de sospecha, que algunos habían pretendido que fuera generalizada, de que la gestión de los fondos públicos no era la correcta, había que darle garantías a los ciudadanos de que ni un sólo euro se gestionaba mal a sabiendas”, ha expuesto Susana Díaz. La última convocatoria fue en 2011 y ella llegó a la presidencia en 2013, momento en que ordenó revisar uno a uno todos los expedientes de subvenciones concedidas desde 2007 a 2011, ya que la posibilidad de reclamar el dinero en las previas habría prescrito. “Necesitaba la seguridad de que la convocatoria saliera con todas las garantías”, ha apostillado para justificar que ya están en condiciones de convocar de nuevo cursos en los próximos días.
¿Cuánto se ha perdido por la paralización?
Sobre el hecho de que estos cuatro años sin convocatorias hayan supuesto que Andalucía haya dejado de gastar en torno a 800 millones de euros -200 por ejercicio- en materia de formación, porque el Gobierno de la Nación no le ha transferido esas cantidades tras no presentar ofertas, la presidenta ha matizado que “ese dinero no se ha perdido porque está en las arcas públicas”.
En esta línea, ha recordado que ella le propuso a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, dos soluciones para que esas partidas fueran para Andalucía cuando todo se clarificara. Por un lado, que ese dinero que no ha llegado a Andalucía se podía dejar “acumulado para la comunidad autónoma” cuando estuviera en condiciones de convocar subvenciones, y por otro, le pidió a Mariano Rajoy, las dos veces que fue a verlo a La Moncloa, que se destinara a un plan especial de empleo para Andalucía porque estos fondos son partidas finalistas y específicas que no pueden ser destinados por la Comunidad a otro destino.
¿Cuánto dinero se ha recuperado?
La presidenta ha ofrecido también una de las cifras que más se le reclamaba desde la oposición, más después de que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, cifrara en 90 millones de euros la cantidad que se reclama en firme a beneficiarios de subvenciones que no han justificado correctamente su uso, como resultado de la mencionada revisión: ¿Cuánto dinero ha recuperado realmente la Junta de Andalucía? En concreto, ha recuperado ya un millón de euros en fase voluntaria y dos en ejecutiva, con datos a 31 de marzo de 2016, que es la última cifra que maneja.
En este contexto, el diputado de IU José Antonio Castro ha lamentado que la líder del PSOE-A, “con sus marianas maneras”, no ofreciera un relato político de lo ocurrido a los andaluces, pese a la “millonada” que la Junta de Andalucía se ha visto obligada a reclamar por estas subvenciones.