Las trabajadoras (son casi todas mujeres) que cuidan de ancianos y dependientes están pasando los días de la crisis del coronavirus con un doble miedo. El de contagiarse a sí mismas, pero también el de meter una infección potencialmente mortal en las casas de los usuarios, con muchos de los cuales tienen una relación de afectividad.
“Esto es peor que las residencias de mayores. Allí entras, haces tu trabajo y te vas. Pero nosotras salimos y entramos , salimos y entramos... Algunas compañeras pueden hacer hasta cuatro y cinco servicios a lo largo del día”, lamenta Leonor Urbano. Ella presta ayuda a domicilio a personas mayores y dependientes, si bien aclara que se refiere sobre todo a compañeras de grandes municipios, pues en su pueblo la situación está más controlada. Es portavoz de Plataforma SAD, que agrupa a unas 6000 trabajadoras del sector. Estos días claman por el riesgo potencial que supone mantener su actividad como si nada. Aseguran que llegan a reutilizar la misma mascarilla durante días, cuando el protocolo establece que deberían cambiarla después de cada atención.
Una trabajadora malagueña, que prefiere no dar su nombre, explica que ha recibido instrucciones para lavar los guantes desechables a 60 grados. No tienen ni batas desechables, ni gorros, ni mucho menos mascarillas suficientes. “Alguna empresa nos ha dicho que desinfectemos las mascarillas con lejía”, asegura Urbano. Las trabajadoras siguen realizando su trabajo únicamente con su uniforme, con el que se desplazan de casa en casa y por la calle.
“Recibimos una mascarilla FFP2 al principio, y estuve con ella una semana. Luego nos dieron una de las de un solo uso. Ahora tengo dos. La rocío con alcohol después de cada usuario. Batas no tenemos nada: una casulla, que me quito cuando salgo de una casa y me pongo cuando entro en otra”, explica otra trabajadora de un pueblo granadino, que pide el anonimato.
Trabajan apenas a unos palmos del usuario, mientras ayudan en el aseo o en la cura de ancianos y dependientes. Ofreciendo dos, tres o cuatro servicios diarios. Y sabiendo que cada salida, que muchas veces incluye el uso del transporte público, es un boleto más para llevar el contagio a casa de una persona vulnerable.
Incumplimiento de las normas de la Junta
Estas situaciones incumplen un Acuerdo del 13 de marzo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que establece que las auxiliares deben acudir con la bata habitual “que se lavará diariamente”, además batas desechables para uso individual en cada domicilio, mascarilla y guantes desechables. También obliga a que todo ese material se elimine en la basura de cada domicilio y que se use nuevo material para cada servicio.
Hace unos días la administración autonómica anunció el reparto de 45.000 mascarillas para estas trabajadoras. Según Comisiones Obreras, a Málaga llegaron unas 7.200. Una cantidad lejísimos de la que se necesita para garantizar la regla “un usuario una mascarilla”.
En este contexto, las asociaciones de trabajadoras y los sindicatos están pidiendo reducir el servicio a lo imprescindible, de modo que quienes trabajen sí puedan contar con las medidas de protección. No todas las administraciones están accediendo.
“¿Qué hace un auxiliar tres horas sentado?”
Algunos municipios y diputaciones han establecido servicios esenciales (a grandes dependientes o que no puedan ser atendidas por sus familiares) pero otras, como el ayuntamiento de Málaga, mantienen la integridad del servicio. “Son 1.600 trabajadoras trabajando todos los días trabajando de manera ordinaria. Sin protección. Lo máximo, una mascarilla para cada auxiliar”, explica Juan Carlos Navas, de Comisiones Obreras en Málaga.
Según relatan, en los días posteriores al 14 de marzo el consistorio se abrió a la posibilidad de que se prestaran solo servicios esenciales. Se trataba de que 300 trabajadoras (no las 5.000 habituales) dieran servicio a los más vulnerables o carentes de soporte familiar. Con esa reducción de personal sí sería posible disponer de material. “Se había identificado a los dependientes que había ir sí o sí, y el ayuntamiento y las cuatro empresas concesionarias habían programado los servicios”, dice Juan Carlos Navas.
Sin embargo, el ayuntamiento anunció el 19 de marzo que no había fijado servicios mínimos. “El Ayuntamiento de Málaga, en base a sus competencias, ha indicado en un escrito a las empresas prestadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio que deben continuar ofreciéndolo íntegramente a todos los usuarios y usuarias debido a su vulnerabilidad”, dijo en un comunicado. Sí admitía que “puede estudiarse la disminución de la intensidad de esos servicios”. Coincidió con algunas quejas de familiares de usuarios en redes sociales, que alertaban de que sus mayores estaban en riesgo si los profesionales de la ayuda familiar no atendían de la forma habitual.
Hay usuarios para quienes la ayuda es vital, pero otras veces puede comprender actividades como acompañarlos a pasear, realizar tareas domésticas o hacer compras. Según Comisiones Obreras, ha habido familias que han exigido la ayuda a domicilio a pesar de que conviven con los usuarios. “Hay trabajadoras que están yendo tres horas para acompañar al usuario, y como hay confinamiento se quedan en la casa. ¿Qué hace un auxiliar tres horas en el domicilio sentados con los abuelitos? ¡Es absurdo!”, exclama Juan Carlos Navas.
Según el sindicato, el servicio esencial o mínimo se ha fijado en todos los municipios de Málaga menos la capital, Torremolinos y Alhaurín de la Torre. Sevilla presta el servicio “de acuerdo con las prioridades establecidas y garantizando la prestación a los grandes dependientes, mientras se recibe el material solicitado a la Junta de Andalucía”. También hay municipios donde se han fijado servicios mínimos, pero las jornadas apenas se han reducido. Y empresas que han advertido que la jornada se podría ampliar, para atender a mayores dependientes que han salido de residencias.
El ayuntamiento de Málaga no había respondido a las preguntas de este medio al cierre de la edición.
Denuncias ante la Inspección de Trabajo
Comisiones Obreras ya ha interpuesto varias denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante las Delegaciones Territoriales de Empleo y Salud en Málaga. Ha pedido la paralización total de la actividad de las cuatro empresas [BCM, Arquisocial, Claros, OHL] que prestan este servicio en Málaga capital por “riesgo grave e inminente” para la salud de los trabajadores. Presentó los escritos el 19 de marzo y aún no ha recibido respuesta. Pero Navas matiza: “Aunque lo decreten, no vamos a paralizarla. Vamos a atender lo esencial. Somos conscientes de que hay que seguir trabajando, pero las que puedan tener garantizados los EPIS”.
“Nosotras queremos a nuestros abuelitos, llevamos años con ellos. Los cuidamos todo el año, sus familiares nos lo dejan en nuestras manos”, señala una trabajadora. Pero en estas circunstancias, insiste, hay que distinguir esos servicios de los que no lo son. Y advierten: el argumento de la vulnerabilidad tiene doble filo. Precisamente por tratarse de usuarios vulnerables, las consecuencias de un posible contagio pueden ser desastrosas.
El temor es que a partir de la semana que viene puedan reproducirse a pequeña escala los casos de algunas residencias de mayores. “Las compañeras están cayendo como moscas, pero las empresas les piden que no digan nada”, asegura Urbano. Según la información de Comisiones Obreras recogida de las empresas, hay al menos dos trabajadoras positivo en coronavirus en Málaga capital, y 67 en aislamiento. En el resto de la provincia hay 154 trabajadoras en aislamiento por sospecha de coronavirus y otros tres positivos, según estos datos.
Un sector precario
La precarización del sector también juega en contra. La ayuda familiar y a la dependencia es un servicio público que los ayuntamientos suelen externalizar. El salario base es de 984 euros por jornada completa, pero pocas alcanzan el 100% de la jornada, según Leonor Urbano. Uno de los motivos es que el tiempo de desplazamiento no se retribuye. “Para hacer una jornada completa deberías estar quince horas”. La mayoría, especialmente en grandes ciudades, realizan su trabajo por tramos, para cada uno de los cuales tienen que desplazarse, muchas veces en transporte público.
Son, en definitiva, trabajadoras itinerantes sin protección frente al virus. “La semana que viene seremos nosotras”, advierte una trabajadora: “Somos las últimas, las olvidadas, cuando llevamos el sector más vulnerable. Cuando caigamos las 1.600, ¿quién va a cuidar a esos usuarios?”.