De los más de 26.000 puestos de trabajo de administración y servicios en los colegios e institutos de titularidad pública ya son más los ocupados por personal de empresas privadas (13.471) que por personal de la Junta de Andalucía (12.588) contratado directamente como empleados públicos, entre fijos y temporales. Así se desprende del informe sobre la Privatización de servicios en los centros educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte elaborado por CCOO-A y que motivará una concentración el próximo 23 de junio ante el Palacio de San Telmo “contra la política educativa” de la Junta.
El sindicato se ha basado en el análisis de 70 pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas para denunciar el uso de empresas privadas para prestar los servicios de atención al alumnado con necesidades educativas especiales, los servicios complementarios en escuelas infantiles o el servicio de intérpretes de lengua de signos, a los que hay que sumar limpieza, atención en comedor de catering y gestión directa y atención en aula matinal, catalogados como servicios generales o de actividades complementarias.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, ha pedido a la Junta “que deje de hacer discursos” y pase “a la práctica”, lamentando la “falta de diálogo” en la aplicación de la LOMCE y el hecho de que se aprecie “una aceleración notable en la utilización de empresas privadas” para el personal de administración y servicios. A ello suman la “falta de cobertura de las vacantes”, alrededor de “500 plazas” ya dotadas y que se espera que redunden “en la privatización del servicio”, ha lamentado.
Los trabajadores contratados por empresas privadas distintas en un mismo colegio público, según el sindicato, pueden llegar a realizar tres servicios diferentes al día, con tres contratos distintos y tres empresas distintas, por lo que exigen “que se incluya de manera obligatoria en todos los pliegos su subrogación por las nuevas empresas adjudicatarias del servicio y un mismo convenio de referencia”. La privatización “se repite de forma preocupante”, ha insistido Blanco, quien ha instado al Gobierno de la Junta a que ponga en marcha una educación pública de calidad como consta en el acuerdo programático.
CCOO-A insiste en ejecutar “una adecuada gestión de los recursos públicos” para los más de 4.000 centros de infantil y primaria, IES y escuelas infantiles. Ppreguntado por los gastos que supondría para las arcas públicas la petición de “revertir” la situación, desde el sindicato han señalado que a la Consejería “le supone más o menos lo mismo”, teniendo en cuenta que los beneficios “se los llevan las empresas privadas”, como la propia Junta “ha constatado en su Plan de Choque”.
Respecto a la concentración de protesta convocada para este miércoles en la Consejería por la situación en la que quedará la Formación Profesional tras la implantación de la FP Básica según la Lomce, Blanco insiste en pedir a la Junta que plantee “una alternativa propia” que garantice la titulación para el alumnado.