Unanimidad en la aprobación de la Ley de Transparencia, “la más importante de la legislatura”
Los tres grupos con representación en el Parlamento de Andalucía (PSOE-A, IU y PP-A) han querido mandar este miércoles un mensaje claro a la ciudadanía: están por la transparencia. Lo han hecho aprobando por unanimidad la Ley de Transparencia, que se ha presentado como “la más importante de la legislatura” y que es también la primera de las 28 incluidas en el pacto de gobierno entre el PSOE-A y la coalición de izquierdas que supera este trámite. Eso sí, los ciudadanos tardarán en notar los derechos que le confiere esta norma para poder controlar a las administraciones y a todas las entidades que reciben fondos públicos, dado que no entrará en vigor hasta un año después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y, en el caso de las obligaciones establecidas para las administraciones locales, habrá que esperar 24 meses.
Con estos plazos será en el último año de la presente legislatura, si se completa, cuando los andaluces puedan comenzar a exigir que se les dé respuesta en un máximo de 20 días hábiles a la petición de datos relativos a la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales y todas las instituciones y entidades que reciben fondos públicos (desde los sindicatos hasta las universidades, pasando por las ONG, las patronales, la Iglesia Católica y las empresas que prestan servicios a las administraciones, entre otros).
“Esta se va a mantener viva en función de la demanda de la ciudadanía, que exige transparencia a los políticos y a las adminstraciones”, ha defendido el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, encargado de presentar un texto cuyo anteproyecto se dio a conocer hace más de un año cuando entonces ocupaba este cargo Susana Díaz, ahora presidenta de Andalucía. Y es que ha sido complicado negociar una norma que se ha enriquecido graicas a las aportaciones realizadas por los grupos en el Parlamento de Andalucía los últimos meses.
La unanimidad ha sido posible gracias a que los tres grupos han negociado hasta el último momento, entre otras cosas porque el PP-A había presentado 92 enmiendas, de las que se han incluido cuatro en el texto y otras 13 se ha garantizado su inclusión en el futuro estatuto de los altos cargos, una especie de código del buen gobierno en el que se trabajará a la vuelta del verano. En este sentido, hay que destacar que el PP-A ha rechazado un punto de un artículo de la ley, el 47.2, donde se indica que la designación del director del Consejo de Transparencia y Protección de datos corresponde al Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta, y deberá recaer en una persona de reconocido prestigio y competencia.
El diputado del PP-A Jaime Raynaud ha mostrado su descontento porque sólo se hayan incluido cautro enmiendas de su grupo, por lo que cree que “se ha perdido la oportunidad de un cambio de verdad en materia de transparencia”. En su opinión, la ley queda “de boquilla” si no se incluyen propuestas de la oposición para garantizar un control máximo de la Junta de Andalucía, “que impida escándalos como el de los ERE o el de los fondos de formación”.
La Ley de Transparencia de Andalucía da un paso más en la norma que aprobó el Gobierno de España y cuyas directrices incluye porque es obligatorio. Entre otras cosas, la mejora porque establece un régimen sancionador que no figura en el marco -con multas que van de los 200 a los 400.000 euros e incluso la posibilidad de destitución para el máximo responsable- y porque acorta los plazos para dar respuesta a la demanda de petición (de 30 a 20 días). En este sentido, el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, ha destacado “la superiodidad” de la ley aprobada en Andalucía con respecto a la estatal. “Esta ley es más exigente”, ha dicho un José Antonio Castro enfundado para la ocasión en colores republicanos. En la misma línea, ha insistido en la necesidad de complementar esta norma con la Ley de Participación, la del buen gobierno y las reformas de la ley electoral de Andalucía y la de la Cámara de Cuentas, todos ellos compromisos del Gobierno de Andalucía para esta legislatura pero que avanzan a ritmo desigual.
Las novedades introducidas
Las novedades introducidas en el texto con respecto al que se conocía hacen referencia por un lado a la creación de una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas, para resolver cualquier duda que se pueda plantear sobre las mismas, y afecta tanto a la Junta de Andalucía y a sus entes instrumentales como a los consistorios. Igualmente, dentro del régimen sancionador, se incluye un nuevo título para exigir responsabilidades en caso de incumplimiento a las autoridades y el personal de la Junta de Andalucía; a las personas físicas y jurídicas que estén obligadas a suministrar información esta ley; y a los partidos, sindicatos, patronales, entidades y empresas que presten servicios públicos. De hecho, las autoridades podrán ser sancionadas incluso con la destitución en el cargo y, en el caso de las infracciones muy graves, con la imposibilidad de volver a ser nombrado hasta durante tres años.
La norma en tres claves
¿Qué información se va a facilitar? De manera activa, será obligatorio por parte de la Junta de Andalucía y los consistorios publicar los planes y programas plurianuales tan pronto como sean aprobados, en un máximo de 20 días, y mientras estén vigentes. También se publicará todo lo relativo a las funciones, normativa y estructura organizativa de los afectados por la aplicación de esta ley. Entran cuestiones como información sobre los órganos colegiados, relaciones de puestos de trabajo y similares y retribuciones anuales, convenios colectivos, oferta pública de empleo, procesos de selección del personal, identificación de miembros de órganos de representación y número de liberados, agendas institucionales de los gobiernos, Inventario General de Bienes y Derechos, Plan e Informe Anual de la Inspección General de Servicios, delegaciones de competencia vigentes... Por petición del ciudadano, lo que éste considere: desde el coste de las indemnizaciones de altos cargos hasta el número de personas de confianza en un órgano determinado, pasando por la cifra de liberados, relación de subvenciones otorgadas a una institución, destino de las subvenciones concedidas a los partidos...
¿Quiénes están obligados a hacerlo? Por un lado, las administraciones y sus órganos: Junta de Andalucía; Consejo Consultivo de Andalucía; Consejo Económico y Social de Andalucía; Consejo Audiovisual de Andalucía; agencias de la Junta de Andalucía; diputaciones; consistorios; entes instrumentales de los anteriores; universidades públicas; federaciones y clubes deportivos en lo relativo a sus actividades sujetas al derecho administrativo; empresas públicas y mixtas; fundaciones, consorcios y asociaciones públicos; y Parlamento de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz y Cámara de Cuentas de Andalucía, en lo que afecta al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo. Y por otro lado, las empresas que tengan contratos para ofrecer servicios públicos y/o conciertos (por ejemplo colegios), además de los entes privados que reciban fondos públicos: partidos, sindicatos, patronales, ONG, Iglesia Católica...
¿Cómo se deberá ofrecer? El ciudadano que solicite determinados datos tendrá que tener respuesta en un máximo de 20 días hábiles. Igualmente, la información que por iniciativa propia aporten las administraciones y entidades se actualizará cada trimestre. Debe ofrecerse de manera entendible, en principio vía telemática, aunque se contempla la entrega y/o consulta directamente al solicitante por otros medios si no es posible. La información será gratis y deberá cumplir la legislación en materia de de utilización de un lenguaje no sexista. Los límites establecidos son los fijados por la ley a nivel estatal, es decir, no se ofrecerá información que ponga en riesgo la seguridad nacional o que atente contra la protección de datos y el respeto a la privacidad. Si no se ofrece la información porque está en curso de elaboración o de publicación general, la denegación deberá especificar el órgano que la redacta y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición pública.
