Unicef pide a Andalucía no tardar “tanto tiempo” en dar “una respuesta adecuada” a los menores llegados en patera

Sara Collantes es responsable de migraciones en Unicef, la agencia de las Naciones Unidas que trabaja para defender los derechos de la infancia. El número de menores extranjeros no acompañados (MENA) llegados a las costas españolas se multiplicó por cuatro en el último año. “Es evidente que hay una saturación en el sistema de protección, no solamente en Andalucía”, afirma. El Defensor del Menor de Andalucía viene advirtiendo del “colapso” del sistema andaluz de asistencia a menores que llegan en patera. “Hay señales claras de que no se está dando la respuesta adecuada. Posiblemente, el sistema de protección pueda llegar a dar una respuesta. El problema es el tiempo que tarda en darla”, resume.

“Hay que tener en cuenta que tenemos que aprender de lo que ya hemos vivido. En el año 2006, las llegadas de MENA a España se situaron en cifras prácticamente paralelas a las de 2017. Hay que aprender de aquellos errores y de las soluciones que se pudieron encontrar. Una de ellas, aunque también tardó en darse respuesta, fue el traslado desde Canarias a otras comunidades autónomas, aunque otro de los problemas que hay es que no hay un mecanismo formal de solidaridad para ello. Es una petición tradicional de Ceuta y Melilla, y yo creo que quizá la Junta de Andalucía pudiera expresar esta necesidad o si no la expresa tendrá que invertir lo antes posible para que no transcurra tanto tiempo desde la llegada del niño a una solución duradera, que es como nosotros llamamos a ese tipo de soluciones donde ya, una vez que se han visto que el niño se tiene que quedar en España porque no es factible el regreso con su familia y que se ha examinado su caso, se debe apostar por que los niños se queden y se queden viviendo en un hogar y no en un centro de urgencia masificado”, apunta la responsable de Unicef.

Collantes señala en conversación telefónica con eldiario.es Andalucía que “la saturación crónica que ya hay, sobre todo en Melilla se une la alarma que otras comunidades como País Vasco, Catalunya o Madrid están dando ante el aumento de estas llegadas y no poder estar dando una atención adecuada”. A su juicio, “Andalucía está dentro de ese 'paquete' porque es uno de los puntos de entrada más importantes en España en este momento. Eso lo reconocen muchas autoridades de protección de la infancia”.

“Medidas, cambio e inversión”

Collantes añade que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha hecho en enero una serie de recomendaciones a España, entre ellas la de mejorar la calidad de la atención en los centros de protección para los MENA. Incluso pedía “que hubiera mecanismos de queja para que expresaran las situaciones que pudieran estar viviendo dentro de los centros”. Con lo cual, “es evidente que ahora mismo nuestro sistema de protección necesita urgentemente medidas, cambio e inversión”, apunta.

Según explica, lo que está pasando en Andalucía responde a dos tipos de problemáticas que hay que distinguir. Por un lado está la primera atención en la costa, donde intervienen varios factores y donde se echan en falta varias cuestiones. Collantes destaca “un protocolo de actuación que pueda activarse desde el mismo momento del salvamento si se aprecia que pueda haber niños o niñas”. También “faltan infraestructuras adecuadas (no lo es una comisaría en el puerto) para detectar con urgencia cuáles son sus necesidades y alertar a los servicios de protección de la infancia”.

En ese sentido también “faltan profesionales que estén especializados y sean capaces de detectar si los menores están en necesidad de pedir asilo, por ejemplo, o puedan ser víctimas de trata”. “Y falta un abogado que, de forma individual y no colectiva, pueda asistirle desde el primer momento. Nosotros estamos trabajando en un diagnóstico y queremos hacer propuestas muy concretas para contribuir a mejorar todo este sistema de primera recepción”, informa Collantes.

Por otro lado, continúa la responsable de migraciones, están “las dificultades relacionadas con el sistema de protección en su conjunto”. “Son problemas con carácter más estructural. Hemos hecho investigaciones en bastante comunidades autónomas que apuntan que faltan datos sobre los niños, faltan recursos humanos, económicos y materiales, y falta coordinación entre comunidades autónomas. Es evidente que si esto lo hemos visto en España, en una comunidad como Andalucía que es punto de entrada, estos problemas corren el riesgo de intensificarse”, insiste.

“Incertidumbre enorme” en los menores

Collantes también comenta que muchas autoridades de protección consideran realmente que “existe capacidad de dar respuesta”. “A mí me gustaría destacar en que posiblemente el sistema de protección español, incluso en Andalucía con los debidos apoyos que pueda tener a nivel estatal, puede llegar a dar una respuesta adecuada. El problema es el tiempo que se tarda en dar la respuesta adecuada que los niños necesitan. Esto es clave hablando de niños y niñas. Es decir, el tiempo que transcurre desde que el niño pisa suelo español hasta que llega a una residencia o a una familia de acogimiento, que ocurre en muy pocas ocasiones con MENA, donde va a vivir de forma permanente”.

A ese respecto indica que “los centros de acogida no están pensados para que el niño viva ahí demasiado tiempo pero sí en una pequeña residencia done los niños se sientan en un hogar, con un trato lo más individualizado posible, y que sientan que le importan a alguien. En centros más amplios que encima están saturados no se cumple esa función”.

Acerca de las desapariciones de menores migrantes víctimas de trata de centros de protección de la Junta denunciadas por Andalucía o del hecho de que el porcentaje de abandonos de los centros crezca cada año, Collantes opina que “el tiempo en los niños es muy importante”. “Muchos de ellos llegan desesperados, agotados, confusos y, sobre todo, con una incertidumbre enorme de qué va a pasar con ellos, ante la cual a veces se fugan del centro, o las mafias hacen que desaparezcan niñas víctimas de trata, otros deciden vivir en la calle o recurren al consumo de sustancias adictivas para olvidar, como ellos mismos dicen, los problemas o esa propia incertidumbre. Todo esto soluciona no sólo si la respuesta llega sino que llega a tiempo”.

Respecto a la argumentación de la Junta de que “el abandono voluntario responde a la consecución de un proyecto migratorio que tiene su destino más allá de Andalucía”, la responsable de Unicef dice que “cada menor tiene su circunstancia y su grado de vulnerabilidad. Por eso es muy importante desde el principio la entrevista individual con el niño, donde intentar entender directamente qué razones le han traído aquí, cuál es su proyecto, etc. para poder protegerles correctamente. No para poder enjuiciarle, sino para protegerle”, aclara.

“La Convención de los Derechos del Niño es muy clara: cualquier menor de edad, independientemente de cualquier razón migratoria, hay que protegerle. A pesar de que cuando uno pone a veces los perfiles que llegan, la gran mayoría de niños vienen de situaciones de pobreza, de abandono familiar o institucional en países de origen o huyendo de conflictos”, insiste.

Reagrupaciones familiares

Resumidamente, lo quiere decir Collantes, asegura, es que “evidentemente hay niños que llegan a Andalucía y, si encontraran un sistema que está convencido de su integración social, apostarían por quedarse; hay otros niños que tienen un proyecto que pasa por cambiar de lugar, porque tienen familares en otras regiones de Europa”, teniendo en cuenta que el grupo más numeroso de chicos no acompañados que llegan a España es de marroquíes y la nacionalidad marroquí es posiblemente una de las más numerosas de inmigrantes en Europa, detalla.

En cualquier caso, la responsable señala que “hay que trabajar también para examinar cómo de una forma legal y segura poder reunir a estos niños lo antes posible con sus familiares y no dejar las cosas sin resolver, haciendo que los niños corran el riesgo de moverse de forma autónoma. Si mejoras el sistema, haces que los niños se sientan seguros en el sistema y puede haber una integración real sin fecha de caducidad. Conocemos muchas historias de éxito. Hay que ir caso por caso para poder, ante todo, proteger a los niños y apostar sin caducidad por su integración”, explica.

“El tiempo que estamos tardando en darles una solución duradera a esos menores para vivir en Andalucía o en España, hablando de niños y niñas, es un tiempo demasiado largo que está generando desprotección”, resume.

Con todo, lo más urgente a su juicio sería establecer un protocolo urgente de actuación específico de infancia en las costas españolas, dar formación urgente al personal que trabaja en las primeras atenciones, que deben tener unas infraestructuras adecuadas, garantizarles abogados, invertir en dispositivos de primera acogida y mejorar la colaboración entre comunidades autónomas.

Asimismo apuesta por “un aumento de la inversión en el sistema de protección, sobre todo en aquellas comunidades autónomas que están afrontando los mayores retos, y acometer una serie de reformas en el marco legislativo que propicien una mejor identificación de los niños. Y, por supuesto, que se blinden sus derechos”.