Víctimas de listeriosis siguen pidiendo justicia un año después del brote

Ha pasado más de un año desde que la listeriosis, como el coronavirus, entró sin preguntar a fomar parte de la cotidianeidad de la sociedad andaluza y española, al menos desde el punto de vista informativo. Una crisis sanitaria, y también alimentaria que, como la COVID-19, inundó los medios de comunicación desde el mes de agosto de 2019 y en las sucesivas semanas, convirtiéndose en la primera gran crisis del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. Hasta que la Junta de Andalucía cerró la alerta por listeria dos meses después, el brote se cobró la vida de cuatro personas, provocó siete abortos (cinco de ellos en Andalucía) y más de 200 afectados, que siguen librando una batalla judicial como afectados por aquel brote, 'su particular brote hasta que el coronavirus lo copó todo.

A juicio de Germán Grima, abogado que lleva al grupo de unos 200 afectados-lesionados de toda España (principalmente de provincias andaluzas pero también de Zaragoza, Valladolid o Madrid), la investigación “avanza” aunque al ritmo de este tipo de instrucciones complejas y con muchas partes personadas. El juzgado acordó a finales del pasado año unificar las acusaciones particulares en distintos grupos con el fin de agilizar la investigación, que inevitablemente ha podido verse ralentizada a causa de la pandemia. Así, están los grupos de fallecidos, de abortos, de lesionados, el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y las acusaciones de Facua, la asociación para la Defensa del Paciente y de Justicia por la Sanidad. A los investigados (cinco en total) se les atribuye un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de muerte y varios delitos de lesiones imprudentes. La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación popular, reclama 3,4 millones en concepto de gasto sanitario.

Triple alerta

Según el letrado, algunos de sus clientes siguen padeciendo calambres en las piernas o problemas gástricos, así como lesiones psicológicas tras la pérdida del bebé que esperaban. Una de las quejas de esta acusación reside en que, por ausencia de un hemocultivo, pese a ser diagnosticado de listeriosis en centros de salud de “pueblos pequeños”, la jueza no les ha permitido personarse en la causa a muchos de ellos. Ese motivo no debe ser achacable a las víctimas, según Grima. El letrado indica a este periódico que, a partir de ahora, están pendientes varios informes, entre ellos el de los peritos de la Junta con sus valoraciones de los bienes embargados, o la valoración por parte de la jueza de las consideraciones veterinarias acerca de la contaminación de la bacteria Listeria monocytogenes.

En marzo, cuando ya el coronavirus cogía gran protagonismo, tanto el propietario y administrador único de Magrudis, Sandro José Marín Rodríguez, como su padre, José Antonio Marín Ponce, fueron puestos en libertad provisional sin haber satisfecho la fianza de cinco millones de euros impuesta al conjunto de investigados del caso, entre los que se encuentra una veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, inspectora del Servicio de Consumo de la Dirección de Economía y Comercio, que autorizó el plan de autocontrol de Magrudis. En junio, la jueza les embargó bienes de diversa índole para asegurar dicha cantidad, algunos de ellos catalogados in situ a primeros de julio en la nave industrial de Magrudis, que comercializó la carne 'La Mechá'.

Después de la primera alerta sanitaria del día 15 de agosto, la Consejería de Salud y Familias declaró el 6 de septiembre otra alerta, esta vez alimentaria, por listeriosis y por carne mechada de una marca de Paterna de Rivera (Cádiz), y seis días después, el 12, una nueva alerta sanitaria por listeria por el consumo de los productos de una empresa de Benaoján (Málaga).

La Junta no hizo mucha autocrítica de la gestión del brote de listeriosis y sacó pecho al comienzo, aunque en última instancia, una vez superados los momentos más críticos, reconoció “muchos fallos”. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, que como en la crisis de la COVID-19 ha sido principalmente el portavoz de la Junta, se refirió en su última comparecencia pública a la dificultad para implementar los protocolos de actuación y para identificar las primeras muestras, así como las comunicaciones con el Ayuntamiento de Sevilla. El brote se advirtió “en las últimas semanas de julio” ante el incremento de casos de infección por listeria, que se alargaron con el arranque del curso político. La situación de alerta quedó cerrada el 17 de octubre tras 20 días sin ningún caso nuevo. Las víctimas esperan ahora qué resuelve la Justicia.

Lo último que ha trascendido de este tema es que la Consejería de Salud y Familias de la Junta concedía un plazo de un mes a contar desde el 19 de mayo a la empresa Magrudis para que alegara, si lo estimaba oportuno, la revocación de su autorización sanitaria. Así figuraba en un anuncio de la Delegación Territorial donde se detallaba que se había resuelto cancelar su inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias. A este respecto, y pese a haber pasado casi cinco meses de aquel anuncio, fuentes de la Consejería de Salud señalan que “no hay novedad”, sin aclarar si se ha tomado alguna decisión definitiva al respecto.