Arranca la grabación. Yasmina respira hondo. Mira a cámara. Y lanza su mensaje. “Ni Ministerio (de Educación) ni Junta creen que yo sea merecedora de una beca”. “Pero tengo una nota media de 8,6”. “En marzo”, para completar el escenario, “llegó a la familia una orden de desahucio”.
Yasmina Resurrección (21 años) estudia tercer curso de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Málaga (UMA). Nunca ha recibido beca de estudios y la situación familiar pone en peligro su continuidad como alumna. Por eso da un paso más en su reclamo con un vídeo denuncia difundido en redes sociales: “¿Educación pública? Perdona, esto es privatización de la educación. Si seguimos así, solamente los ricos podrán estudiar. Y esto es algo que todo el mundo sabe”.
“Tras muchos nervios y mucho coraje, aquí dejo mi historia”, escribe. Una orden de “ejecución hipotecaria” no es suficiente para recibir una beca. Ni el próximo desahucio que pende sobre su casa, dice, ni “una nota media por encima del 8'5” en un expediente académico que acumula una decena de sobresalientes y siete matrículas de honor.
Yasmina agarra la desesperación para hacer visible su caso. Está a las puertas de la calle, quizás de un abandono forzado de los estudios. “Estoy en la UMA, una universidad pública en la que tienes que pagar 850 euros de matrícula sino más si suspendes alguna asignatura”. Una frase tras otra la desesperanza y la indignación se cuelan entre líneas.
El “motivo 102”
Yasmina vive en una familia que hasta hace años vivía “con un negocio de cortinas”. Todo cayó. Se perdió en los oscuros limbos de las crisis actuales. No es la única que aguanta “la presión y el agobio” y de ahí la “denuncia social” de una situación que vive “mucha más gente”. Ahora sobreviven. Su madre trabaja de limpiadora dos veces en semana. Venden en un mercadillo cachivaches que dona la gente. “Básicamente para poder comer”. Su padre lleva años en paro.
“¿De verdad después de esto me estás diciendo que tengo un patrimonio de la hostia y estoy forrada para estar en la universidad? ¿Con mi expediente académico y los papeles que estoy entregando no soy merecedora ni de una parte de lo que me tengo que gastar en la matrícula?”. Yasmina busca explicaciones mirando a cámara. Busca por esas redes virtuales donde lanzará la grabación la complicidad que no encuentra en las instituciones públicas.
“El ministerio me denegó la beca en diciembre”. En ese momento no había llegado el alzamiento, la amenaza de desahucio, “estos documentos para alegar que evidentemente no tengo recursos para estudiar”. Acudió luego a la administración regional. Ya sí con esos “papeles”. “¿Qué hace la Junta de Andalucía? De nuevo denegarlo. Motivo 102, superar los umbrales patrimoniales”, relata.
Deja escrito además una parte del mensaje. “No lo comento en el vídeo por los puros nervios que tenía para contar esto”. “No es fácil”, subraya Yasmina. “Busco trabajo a lo largo de todo el año y he trabajado en muy malas circunstancias para poder pagar mi matrícula”. Más “unos 25 euros” a la semana en autobús y metro para llegar a la universidad. Más libros y otros gastos.
“No tenemos terrenos extras, ni casas, ni pisos ni nada extra. Solo una hipoteca con cláusulas abusivas sobre el terreno de nuestro piso que está valorado por las nubes”. Y apunta la literalidad del 'motivo 102': “La unidad familiar a la que pertenece el solicitante supera alguno de los umbrales patrimoniales establecidos en el artículo 5.b de la Resolución Rectoral de 3 de diciembre de 2014 por la que se convocan estas ayudas”. La carta del ministerio, se resigna, “no indica esto, solo que es por superar los umbrales”.
La UMA ofrece el Fondo de Ayudas de Emergencia
La Universidad de Málaga, por su parte, ha ofrecido su Fondo de Ayudas de Emergencia a la estudiante cuya familia va a ser desahuciada. Fuentes de la institución académica explican que el proceso pasa por solicitar primero las becas de régimen general del Ministerio de Educación, donde el alumno presenta datos de renta del año anterior. “Lo que suceda después”, como la notificación del desahucio, “no lo contempla”.
Desde el propio Ministerio recuerdan que para Andalucía y Cataluña existe un convenio especial de gestión de becas. Ahí se aprueba o no la concesión, en función de los criterios fijados por el Estado. La UMA –a la que remite la Junta al ser la entidad que destina una parte del dinero recibido a complementos de las becas, como ayudas de emergencia o transporte– confirma que la joven, tras la primera denegación, acudió a la siguiente ayuda también tumbada “por cuestiones económicas”.
“Nos hemos puesto en contacto con ella y le hemos explicado las posibilidades que tiene para tratar de hacer frente a esa situación tan desgraciada”, añaden las mismas fuentes. Intentan, así, encontrar “una forma de ayudarla” que pasaría porque Yasmina Resurrección se acoja al fondo de emergencias universitario que nació hace dos años “para atender a alumnos con circunstancias sobrevenidas en cualquier momento”.
Tras la repercusión alcanzada por el vídeo de denuncia –supera las 100.000 visitas en la plataforma Youtube–, la estudiante reconoce que le gustaría ayudar a otros jóvenes en situación similar. “Muchas personas, incluso profesores, me han animado a hacer 'crowfunding' o abrir un número de cuenta y ahora que tengo un poco de voz quiero poner en marcha una campaña social para gente que estudie sin beca, crear algo para todos los que estamos igual”, precisa.