Más de la mitad de los casos de violencia sexual sobre menores suceden en el ámbito familiar o cercano

“El silencio es la tumba, hay que romperlo como sea, hay que buscar el camino para romper ese silencio”. Así se expresa uno de los protagonistas del documental 'Infancia rota', que aborda las consecuencias psicológicas de los abusos sexuales, escondidas durante años. En Andalucía, 1.169 menores fueron atendidos durante el año 2015 en el Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual. Más de la mitad de los casos, en concreto el 55%, ocurrió en el ámbito intrafamiliar, es decir, con algún familiar o persona muy cercana como presunto agresor. Sigue siendo el tipo de maltrato hacia la infancia de mayor invisibilidad, reconocen técnicos de la Consejería para la Igualdad encargados del programa andaluz.

Padres, madres, tíos, hermanos, padrinos, vecinos, profesores, ... La mayoría de las veces, la violencia sexual va unida al engaño, manipulación o amenazas. El niño no denuncia por miedo al agresor, que suele usar coacciones del tipo 'si lo cuentas nadie te va a creer, 'si lo cuentas haré daño a tus seres queridos', 'si lo cuentas irás a un centro de protección', 'recuerda que tu eres cómplice de nuestro secreto', etc. “En muchos de los casos el condenado puede figurar en el álbum familiar o en una foto del salón, junto a la víctima”, recogía recientemente el Tribunal Supremo, que señalaba la importancia de acometer políticas de prevención.

“El apoyo de la familia es fundamental para la recuperación del menor”, indica Celia Nevado, doctora en Psicología y directora de programas de evaluación y tratamiento de víctimas de violencia sexual de la fundación Márgenes y Vínculos, que gestiona el programa andaluz en las provincias de Granada, Almería, Jaén, Cádiz y Málaga. Del resto de provincias se encarga la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la prevención del Maltrato Infantil (ADIMA). “Son temas muy delicados y todo tiene que estar bien comunicado”, apunta Nevado.

Esta experta insiste en que la actitud de los padres del menor es fundamental para no haya secuelas. No es fácil detectar una situación de violencia sexual y, menos aún, confirmarla. Los síntomas son diversos, unos son más específicos y permiten el diagnóstico, otros pueden tardar en aparecer y sus manifestaciones pueden estar asociadas tanto con el hecho de haber sufrido violencia sexual como con otras situaciones de abandono y de malos tratos, lo que hace difícil su valoración, que tiene ser contemplada desde un punto de vista global.

“El agresor busca una víctima vulnerable donde se siente con poder, con confianza. Por eso es normal, en cierto modo, que haya más casos en el ámbito intrafamiliar, ya que el agresor puede ejercer el chantaje emocional y tiene más fácil el engaño. Buscan un perfil tímido, con dificultades cognitivas o con necesidades afectivas”, explica.

Desde diciembre, un programa contratado

La Junta cuenta con un servicio especializado dirigido, por un lado, a la evaluación y diagnóstico de menores posibles víctimas de abuso sexual, para verificar o descartar la “compatibilidad” con la violencia sexual infantil a partir de un estudio psicosocial, evaluación y diagnóstico de la sintomatología presentes en el menor y un estudio del nivel de credibilidad de testimonio aportado por la supuesta víctima. Por otro, se proporciona a las victimas y su familia un tratamiento especializado que les permita superar las secuelas y los trastornos psicológicos a fin de lograr el máximo su equilibrio personal y familiar. Del total de 496 informes emitidos durante el año 2015, un 50,8% apoyó la compatibilidad de la violencia sexual, un 28,3% apoyaba la no compatibilidad de la violencia sexual y un 20,3% de los informes dio un resultado indeterminado.

La Junta de Andalucía comenzó en 2001 con la implementación en las distintas provincias de los programas con menores víctimas de violencia sexual (equipos de psicólogos, trabajadores sociales y asesores jurídicos expertos en violencia sexual infantil), al principio con sede en Granada y Sevilla, y desde 2008, con sede en cada una de las provincias. La Administración marca las pautas pero contrata a empresas privadas, adjudicatarias de un concurso público (desde el pasado mes de diciembre), para la gestión directa de los casos, con sedes habilitadas para atenderlos, acercamiento progresivo al supuesto abuso, entrevistas personalizadas, módulos de educación afectivo-sexual, salas 'amigables' adaptadas a los niños y niñas, etc.

En el sistema anterior al implantado desde este año se suscribían diversos convenios entre la Junta y las entidades según la provincias, si bien ahora se ha optado por establecer un circuito de derivación homogéneo y un procedimiento común de actuación entre las diferentes administraciones y organismos intervinientes, explican los técnicos de la Consejería. A fin de evitar la revictimización de menores víctimas de violencia sexual y garantizar el cumplimiento de sus derechos se creó el 'Protocolo derivación en caso de violencia sexual a menores de edad', revisado en junio de 2014, y, asimismo, se publicó la 'Guía de indicadores para la detección de casos de violencia sexual y pautas de actuación dirigidas a los Centros de Protección de Menores'.

Aumento de pruebas preconstituidas

Se dan casos de niños y niñas, explican los expertos, sobre los que sí hay una confirmación de haber sufrido una experiencia de violencia sexual u otros sobre los que hay sospecha pero no se ha podido confirmar y con los que, a priori, no se tiene ningún indicio de que hayan sufrido violencia sexual y, sin embargo, pueden haberla sufrido.

“Las víctimas denuncian tarde por miedo o coacciones de su agresor. Es habitual que los menores abusados se nieguen a proseguir con el 'secreto' y se resistan ante el abusador al comienzo de su adolescencia ya que, a partir de esas edades, las víctimas tienen mas capacidad defenderse y desarrollan un pensamiento crítico ante lo que les ocurre”, explican los técnicos de la Consejería para la Igualdad, que añaden que el 32% de los casos se da fuera del entorno cercano o familiar y el restante 13% pertenece a un presunto abuso entre iguales, según la tipología.

Según apuntan, aunque exista denuncia “es más habitual de lo que cabría esperar que el abusador termine absuelto en el proceso judicial penal al no existir un pruebas suficientes que desvirtúen la presuncion de inocencia sin ningún tipo de duda razonable”. ¿Por qué? “Es un delito que suele cometerse sin testigos salvo la propia víctima, que es un niño o una niña que no puede o no sabe muchas veces cómo pedir ayuda y que no tiene recursos ni capacidad para defenderse  o negarse, simplemente porque en su mente infantil desconoce que eso sea algo inadecuado ya que quien lo realiza es alguien que 'les quiere', en los casos comunes de violencia sexual intrafamiliar. Además, al considerarse un delito semipúblico, se requiere denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, o bien la Fiscalía puede iniciar la actuación judicial”.

Una de las cuestiones más importantes es la credibilidad del testimonio del menor, “la única carga de la prueba” para hacer que el juez pueda castigar penalmente al culpable. El problema es que, debido a la lentitud de la justicia, cuando el menor tiene que declarar como testigo en el juicio tiende a sufrir una “revictimización” al volver a relatar los abusos, muchas veces años después de haber sucedido. Su declaración durante la primera fase tras la denuncia supone la llamada prueba preconstituida, que los jueces están admitiendo cada vez más, mostrándose “más sensibles con este tipo de casos”, señalan los técnicos. Durante 2015 se llevaron a cabo 123 pruebas preconstituidas en Andalucía, con una evolución progresiva en los últimos años (49 en 2011, 82 en 2012, 60 en 2013, 89 en 2014 y 123 en 2015).

“Es muy importante la sensibilización respecto a este tema. En cuanto haya sospecha, hay que comunicarla. Hay casos de adultos que han ocultado los abusos desde niños”, apunta Celia Nevado, que también insiste en la preparación del niño antes de acudir al juicio, lamentando haberse encontrado casos de vistas orales siete años después de haberse cometido los abusos. Este corto de la fundación, llamado 'Espiral', trata de retratar el sufrimiento añadido que supone para los menores ir repitiendo lo que les ha pasado ante los profesionales de las diferentes instituciones de la Administración cuando denuncian lo sucedido.

“Cuando a veces me dicen que siempre estoy con lo mismo, que deje ya el tema, que aquello pasó cuando era muy pequeña, me parece que es como pedirle a alguien que ha tenido un accidente de tráfico y ha perdido una pierna que deje de cojear” ('Infancia rota').