Vox deja caer la primera ley del Gobierno de Andalucía para forzar un adelanto electoral en otoño

Vox acaba de pinchar la “burbuja” de la “Andalucía encapsulada”, esa imagen que el Gobierno de PP y Ciudadanos habían construido para preservar su estabilidad a salvo de las turbulencias políticas que agitan el resto de España, y que enfrentan a sus propios líderes nacionales más allá de Despeñaperros.

“Es incompatible la exigencia de unas elecciones anticipadas por parte de nuestro grupo con la tramitación de esta ley. Tras las próximas elecciones podrá haber otra correlación de fuerzas para entendernos mejor”. Esta vez no era un farol. El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha dejado caer este miércoles la nueva ley del suelo del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla -Ley de Sostenibilidad Urbanística (LISTA)-, una norma que apoyaron en fase de decreto y que hace apenas tres semanas consideraban “uno de los proyectos claves” del mandato.

El Parlamento andaluz ha aprobado una enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía (Podemos-IU) que paraliza la tramitación y devuelve la ley del suelo al Consejo de Gobierno. PSOE, Adelante y los diputados no adscritos de Anticapitalistas suman 50 votos y se han impuesto a los de PP y Cs (47), gracias a la abstención clave de sus socios de ultraderecha. En la Cámara autonómica no triunfaba una enmienda a la totalidad contra la Junta desde 1995, durante la llamada legislatura de “la pinza” entre PP e IU, que también obligó al Gobierno en minoría del PSOE a adelantar los comicios.

El bloque de las tres derechas se ha resquebrajado y los discursos de concordia han dado paso a un cruce de acusaciones graves. Ahora los populares sostienen que Vox es “un partido poco fiable” -la misma acusación que estos lanzaban a Ciudadanos para convencer a Moreno de que rompiera con ellos tras la moción de censura fallida en Murcia- y hablan de la nueva “pinza” entre la izquierda y el partido de Santiago Abascal. La ultraderecha, en cambio, asegura que Moreno ha encontrado “nuevo socio de legislatura en el PSOE”, que “apoyará las medidas de la Junta para evitar que un adelanto electoral le pille sin candidato consolidado y sin unidad en la izquierda”.

El bloque de la nueva ley andaluza del suelo es el mayor golpe de Vox al Ejecutivo de PP y Cs en esta legislatura, que desbarata el escenario de estabilidad política a la que tantas veces ha aludido Moreno para descartar de plano un adelanto electoral e insistir en su empeño de agotar el mandato, en diciembre de 2022. Tras el debate, fuentes próximas al presidente andaluz han insistido en que “no habrá elecciones anticipadas”: “Quieren forzar el calendario, pero la Junta está centrada en superar la pandemia y reactivar la economía”. El vicepresidente y líder regional de Cs, Juan Marín, ha sido más explícito aún: “Santiago Abascal ha venido a Sevilla a decir que quiere elecciones en octubre. Pero no va a haber adelanto electoral, lo siento, te aguantas en la oposición como mínimo un año”.

El partido de extrema derecha que sustenta al Ejecutivo de PP y Cs anunció hace unos días que retiraba su apoyo, pero no era la primera vez que lo hacía. Este miércoles ha consumado su amenaza de ruptura tras el acogimiento de 13 menores inmigrantes de Ceuta, consecuencia de la crisis humanitaria en la frontera con Marruecos hace unos días. La política migratoria, que no forma parte de las competencias del Gobierno andaluz, es uno de los puntos de fricción más evidentes entre PP, Cs y Vox desde el principio del mandato, cuando la ultraderecha exigió la deportación de 52.000 inmigrantes a cambio de apoyar la investidura de Moreno (el punto se retiró finalmente del pacto).

A las 17.52 horas, Vox ha anunciado su abstención ante la enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía (Podemos-IU) para frenar la tramitación de esta norma, que consideran “el regreso al ladrillo y al urbanismo salvaje”. El portavoz de Vox en este debate, Alejandro Hernández, ha enmarcado la decisión “en la falta de confianza” que se ha instalado entre las tres derechas, después de que el Gobierno andaluz “haya firmado ese documento infamante y antidemocrático” que “silencia” sus ideas, en relación al acuerdo entre la Junta y el Ejecutivo central para acoger a los 13 niños marroquíes. “Después de esto, es difícil culpar a Vox de endurecer el tono”, subraya Hernández.

Retraso en la votación, negociación in extremis

La votación estaba prevista para las 18.30 horas. Pero tras anunciar su abstención, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), ha aplazado la votación una hora más sin previo aviso, ganando tiempo para que PP y Cs negociasen directamente con el portavoz nacional de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, explican fuentes próximas al presidente. El diálogo in extremis se ha abierto al más alto nivel, con llamadas a la dirección nacional de PP y Vox para reconducir la alianza de las tres derechas. “Con respecto a la ley del suelo, no podemos ofrecerles nada más, porque hace apenas tres semanas su portavoz decía que estaba perfecta”, se lamentaban desde la Consejería de Fomento. 

En pocos minutos se ha desatado el nerviosismo en los pasillos del Parlamento, con reuniones entre los portavoces de PP, Cs y Vox, miembros del Ejecutivo andaluz y llamadas de teléfono a Madrid. Vox había sido claro al argumentar su abstención, vinculada al acogimiento de los menores migrantes y su deseo claro de un adelanto electoral, pero también había dejado una pequeña rendija: se abstendrían “...salvo que a última hora se pueda determinar otra cosa”. No ocurrió. El aplazamiento de la votación no sirvió para que Abascal diera marcha atrás: “La decisión es inamovible”. El PP se resignó a perder la ley y cambió de relato: “La Ley Celaá [de Educación] volvió al Congreso sin necesidad de iniciar todo el trámite parlamentario, la volveremos a traer al Parlamento”. En paralelo, se ha empezado a construir una ofensiva contra Vox por si a partir de ahora mantienen el pulso: “Ellos quieren negociar la fecha electoral, y esa potestad es exclusiva del presidente y no se negocia”, explican estas fuentes.

Minoría en evidencia

Hace menos de un mes, el entonces portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ensalzaba la ley del suelo, ponía en valor el peso de su partido en la negociación y se felicitaba del resultado. “La nueva ley del suelo y la reforma fiscal valen por una legislatura”, avisó entonces. A los pocos días sería destituido fulminantemente por la dirección nacional, y sustituido por el portavoz actual, Manuel Gavira, que entró en escena con el mandato de endurecer el tono contra la Junta y marcar distancias. Una de las imágenes más impactantes del Pleno ha sido ver cómo Vox ordenaba al propio Hernández -que hasta hoy no era el portavoz en materia de Fomento- subir a la tribuna para censurar, con voz temblorosa y vacilante, la ley que él mismo defendía hace sólo unos días. “En circunstancias normales no hay nada en esta ley que no se pudiera corregir vía enmiendas”, admitió Hernández, que ha vinculado la decisión con la crisis migratoria en Ceuta y el deseo de su partido de forzar el adelanto electoral.

La consejera de Fomento y responsable de la ley, Marifrán Carazo, explicó minutos después que hasta el día anterior contaba con el voto favorable de Vox, incluso con la abstención del PSOE, pero en el último momento ambos cambiario de parecer “por tacticismo político”. Los socialistas, líderes de la oposición, han arrojado la crítica verbal más dura contra la ley del suelo -“urbanismo salvaje, retroceso de 25 años, ladrillazo”-, pero no han presentado una enmienda a la totalidad contra ella como cabía esperar. “No tiene sentido que dejasen esa iniciativa a Adelante. La verdad es que pensaban abstenerse, porque la ley es muy similar a la que ellos hicieron”, sostiene el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto.

En las últimas tres semanas han pasado cosas en España que han alterado el mapa político andaluz: la victoria de la derecha en las elecciones madrileñas, que impulsan las expectativas de PP y Vox y el hundimiento de Cs, y la crisis humanitaria vivida entre Ceuta y Marruecos. Son dos asuntos que han empujado a los de Abascal a cambiar drásticamente de estrategia y acelerar el paso hacia las elecciones andaluzas, presionando a Moreno para que adelante los comicios a final de año.

El éxito de la enmienda a la totalidad de un partido de izquierdas contra una ley urbanística del bloque conservador termina con la idea de esa “Andalucía encapsulada”, a la que tanto han aludido PP y Cs para sustraerse de los terremotos políticos que han vivido sus partidos en el resto de España. En los dos años y pico de mandato, los tres socios han negociado, pactado y aprobado sin mayor problema tres Presupuestos andaluces y 27 decretos, y tienen cinco leyes en tramitación, entre ellas, una reforma fiscal que rebaja todos los impuestos autonómicos. Vox ha pinchado “la burbuja”. Los próximos días dirán si ha terminado definitivamente la legislatura de la estabilidad y comienza un segundo tiempo incierto, con un Gobierno sin mayoría incapaz de sacar adelante su agenda legislativa.

De ser así, es probable que el mandato termine este año. Este jueves, por ejemplo, el Parlamento tendrá que votar otra vez un asunto espinoso: una proposición no de ley de Adelante que pide una comisión de investigación sobre los contratos exprés de la Junta en plena pandemia, tumbados por la justicia. Dentro de 15 días tendrá lugar el debate final de otra ley importante, la que reconoce la autoridad pública del profesor, y Vox tendrá que volver a posicionarse.

“Al que mejor le vendría un adelanto electoral ahora mismo es a Juanma Moreno, sólo de él depende adelantar las andaluzas, y él no quiere, porque está pensando en el interés general”, advirtió por la mañana Nieto, que por primera vez fue incapaz de garantizar el apoyo de sus socios a la citada ley. La ley electoral andaluza impide que haya elecciones en julio y en agosto. Se deben convocar con 54 días de antelación y el día de las urnas debe caer forzosamente en domingo, de modo que Moreno no podría disolver el Parlamento y convocar los comicios hasta mediados de julio. Vox espera que sean en otoño; Ciudadanos no quería por nada del mundo el adelanto antes de la primavera del año que viene. Moreno insiste en agotar el mandato, y esquiva incluso las presiones del presidente de su partido, Pablo Casado, que se vería impulsado con una nueva victoria electoral en Andalucía.

Primer amago de ruptura con Salud Pública

No es el único golpe que Vox ha dado este miércoles al Ejecutivo andaluz en el Parlamento. PP y Cs habían logrado el apoyo del bloque de izquierdas para la reforma exprés -y por lectura única- de la Ley de Salud Pública, con idea de dar garantía jurídica a los cierres perimetrales ordenados por la Junta tras el fin del estado de alarma. Sin el apoyo de Vox no había la unanimidad necesaria para que esta modificación saliera adelante, y ese tropiezo ha sido el primer ensayo del partido de ultraderecha en su desmarque del Gobierno andaluz.

Lo que se frena en el Parlamento es la tramitación de la futura ley de agilización e impulso de proyectos en materia urbanística, que la Junta ha dado en llamar “nueva ley andaluza del suelo”. Es una norma cuyo objetivo es “atraer inversión” y reactivar los planes urbanísticos en cientos de municipios (495) donde llevan años tramitándose -nueve años de media-, frenando el desarrollo de viviendas y otros proyectos de crecimiento. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha precisado que la futura ley derogará tres leyes y tres decretos, pero también elimina parte del articulado de otras 16 órdenes autonómicas. “Hay 235 textos normativos que conforman ese laberinto legislativo que ha complicado el desarrollo de Andalucía”, dice Carazo.

La futura ley andaluza del suelo venía a sumar y simplificar dos grandes normas autonómicas: la de urbanismo (LOUA) y la que regula la ordenación del territorio (LOTA). La primera tiene 18 años de vigencia, ha sido modificada ocho veces, y el PP siempre la ha considerado un escollo para el crecimiento económico de Andalucía. Ahora la Junta propone una norma que reduce a la mitad los plazos para tramitar proyectos, “pero sin menoscabar la participación de los agentes sociales”. También simplifica la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se reduce en un 30% su articulado, y “se incorpora la perspectiva de protección medioambiental y directrices para proteger el litoral”.