Casi 30.000 jubilados aragoneses sufren recortes en su pensión de retiro pese a haber cotizado a la Seguridad Social durante más de 40 años, según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión que dirige José Luis Escrivá en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís Carles Mulet.
Concretamente, se encontraban en esa situación 29.643 pensionistas al cierre del mes de noviembre, que es de cuando datan los registros de Inclusión, lo que supone que algo más de uno de cada siete se encuentran en esa situación, ya que la Seguridad Social contabilizaba 200.536 jubilados al finalizar el pasado mes de febrero.
La tasa supera en más de dos puntos a la que se da en el conjunto del Estado, donde los 769.778 pensionistas con recortes por estos motivos suponen el 12,35% de los 6,22 millones que contabiliza la Seguridad Social, menos de la octava parte del total.
Las causas de esos recortes hay que buscarlas en varias direcciones entre las que predominan la decisión voluntaria de abandonar la ocupación antes de llegar a la edad legal de jubilación, que era de 65 años hasta 2013 y que será de 67 en 2025, y también, y eso fue dramáticamente frecuente durante la anterior crisis, ante la imposibilidad de volver a emplearse tras haber salido del último trabajo mediante un ERE de extinción o por un despido directo.
Las causas y las penalizaciones
Tanto en un caso como en otro, ya que la normativa laboral no establecía distinciones pese a la radical diferencia de los motivos, sus pensiones sufrían recortes del 6,5% al 8% por cada año que les faltara para haber cotizado 44 y medio más otra de un 2% anual (0,5% por trimestre, en realidad) por cada ejercicio de adelanto del retiro sobre la edad legal.
Eso daba lugar a recortes que con frecuencia superaban el 20% y a menudo se acercaban al 30%, un porcentaje que en Aragón, donde la pensión media de jubilación es de 1.308,94 euros, supone encontrarse a un lado u a otro del umbral de la pobreza cuando se trata de parejas en las que solo uno de los miembros recibe una prestación, ya que la deja en 1.047,52.
“Estamos hablando de personas afectadas que comenzaron a trabajar con 14 años y se tuvieron que jubilar a los 61 años y hasta ahora se les penaliza con coeficientes absurdos, arbitrarios e injustos de por vida, que recortan sus pensiones”, señala Mulet.
“Estamos hablando de que la penalización es de por vida, algo totalmente injusto”, sostiene el senador, que anota que los afectados “han cumplido con sus obligaciones como contribuyentes, pero se vieron forzados a jubilarse anticipadamente, y sería injusto que su pensión estuviera recortada estos años previos a cumplir los 65”.
Una revisión limitada a las carreras más largas y las pensiones más bajas
La Mesa del Diálogo Social acordó el pasado otoño, en un acuerdo tramitado después como decreto por el Gobierno y convalidado por el Congreso, una rebaja de esas penalizaciones, que, no obstante, siguen alcanzando para quien ha cotizado más de cuatro décadas porcentajes del 24% al 28% cuando la anticipación alcanza los cuatro años que la ley contempla como máximo si se trata de retiro involuntario y que llegan a una horquilla del 13% al 19% en el bienio en el que se permite el adelanto voluntario.
La Seguridad Social va a revisar este año las prestaciones de quienes se vieron afectados por las penalizaciones tras haberse jubilado a partir del 1 de enero de 2002, aunque con dos requisitos: haber cotizado más de 44 años y medio o, si la pensión no llega a 900 euros, tener anotados cuarenta.
A esas prestaciones se les aplicará la diferencia entre el recorte que sufrieron y el que habrían padecido con los nuevos coeficientes, siempre que la revisión les resulta favorable.