Altos cargos del anterior Gobierno de Aragón (PP) podrían pagar 268 millones por aprobar gastos sin respaldo presupuestario
La Cámara de Cuentas de Aragón plantea que varios altos cargos del Gobierno autonómico PP-PAR, que presidió Luisa Fernanda Rudi de 2011 a 2015, tengan que ingresar en las arcas de la Comunidad 268 millones de euros: los gastos sin previa consignación presupuestaria que quedaron pendientes de pago al cierre del ejercicio de 2014.
El órgano de fiscalización pone sobre la mesa esa posibilidad en su reciente informe sobre ese ejercicio, en el que señala que “comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos” puede suponer una infracción de carácter muy grave susceptible de “conllevar, tras el correspondiente procedimiento sancionador y si se aprecia que la conducta es culpable, la exigencia de responsabilidades y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública”.
Es decir, de que los responsables de haber cargado a la Administración autonómica esos gastos no presupuestados se vean obligados, en caso de ser identificados y declarados culpables, a cubrirlos con dinero de su bolsillo.
“Incumplimientos significativos de la normativa”
La Cámara de Cuentas, que carece de competencias coercitivas y sancionadoras, anuncia en su informe que notificará su contenido al Tribunal de Cuentas por si alguna de las 34 “limitaciones e incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos” que reseña “pudiera constituir infracción de la que se pueda derivar responsabilidad contable”.
El órgano autonómico centra sus preocupaciones en el décimo de esos apuntes, en el que narra cómo el Salud -237 millones-, la Administración autonómica -13-, el Instituto Aragonés del Agua -10-, el Banco de Sangre y Tejidos -3- y el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución -5- “dejaron pendientes de reconocer, por falta de consignación presupuestaria, obligaciones correspondientes a gastos realizados en el ejercicio 2014 por un importe total de al menos, 268 millones de euros”.
Eso supone, añade, que incumplieron la ley que regula las haciendas autonómicas, la cual “prevé que no pueden adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en la Ley de Presupuestos”.
264 milones de exceso de déficit y 77 de deuda en un año
Esa circunstancia tendría dos consecuencias jurídicas, señala el dictamen. Por una parte, las resoluciones que autorizan gastos sin consignación serían “nulas de pleno derecho”. Y, por otro lado, la Ley de Transparencia “califica como infracción muy grave, a los efectos de exigencia de responsabilidades, la conducta, si es culpable, de comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos”.
El informe de la Cámara de Cuentas relata también cómo en ese ejercicio el Ejecutivo PP-PAR, que había llegado tres años antes al Pignatelli enarbolando la bandera de la austeridad, acumuló un déficit de 591 millones que superaba en 264 el permitido por el Ministerio de Hacienda y situó la deuda en 5.933, rebasando en 77 el límite autorizado.
Según anota, el presupuesto incluía descuadres como la falta de 42 millones para personal en Educación o la de otros 100 en transferencias a Sanidad, Servicios Telemáticos y enseñanza concertada, aunque su ejecución también se vio lastrada por la necesidad de enjugar 488 en deudas de ejercicios anteriores.
