La amenaza del ‘fracking’ para extraer gas y petróleo en el Somontano, el Cinca Medio y la Litera queda conjurada

No habrá finalmente pozos de gas ni de petróleo en la mitad oriental de la provincia de Huesca, ni con ‘fracking’ ni con otras técnicas de extracción menos agresivas para el territorio. Al menos, mientras siga vigente la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que veta expresamente la posibilidad de autorizar esas prácticas en todo el territorio del Estado, fase experimental incluida.

Esa novedad afecta directamente a los proyectos de la empresa Helios Aragón Exploration, una filial de otra radicada en Singapur que hace algo más de dos años obtuvo sendas autorizaciones de la Consejería de Industria del Gobierno autonómico para sondear la existencia de dos amplias áreas bautizadas como Monzón y Barbastro, de 51.216 y 38.320 hectáreas de extensión, respectivamente.

La primera forma un cuadrado delimitado por Fonz y Monzón, en el Cinca Medio, y por Altorricón y Estopiñán del Castillo, en la Litera, mientras la segunda se extiende al oeste del embalse de El Grado, por un área delimitada, además de por el pantano, por Barbastro, Peraltilla y Alquézar, completamente en el Somontano..

En esta última cuadrícula se encuentran la localidad de Enate y otra ubicación denominada ‘Pirineos’ en las que los estudios desarrollados en 2007 por la empresa gasista británica Serica Energy, una de las principales operadoras del Mar del Norte, ubican sendas bolsas de hidrocarburos.

Veto específico para las técnicas de fractura hidráulica

En aquella ocasión, los trabajos de la gasista apuntaban a la presencia de bolsas de gas que pretendía extraer mediante el ‘fracking’, una técnica agresiva con el medio que suele provocar hundimientos del terreno en el que se aplica y cuya eventual utilización en el caso de Helios queda vetada de antemano en los mismos permisos para los sondeos previos.

“No se llevará a cabo actuación alguna y/o tipo de estimulación que contemple el empleo de técnicas de fractura hidráulica o ‘fracking”, establecen las autorizaciones expedidas por la DGA a primeros de marzo de 2020, que entre otras condiciones señalan que una vez transcurridos los tres primeros años de las prospecciones, para las que contempla un máximo de seis, “la compañía podrá continuar con el programa de trabajos procediendo a la perforación de un pozo de prueba o bien, abandonar en su totalidad el área de la solicitud”.

En la primera ocasión fue la crisis derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria la que dejó en el aire un proyecto que nunca prosperó, mientras que ahora ha sido la originada por la pandemia la que ha tenido consecuencias similares para la intervención, cuyas previsiones de inversión alcanzaban, sobre el papel, los 3,275 millones de euros para cada una de las áreas en los tres primeros años, los previos a la eventual apertura de unos pozos que ya no serán autorizados.

“No se otorgarán nuevas autorizaciones”

Ahora “no se puede solicitar el pase a concesión de explotación de los permisos”, explicaron fuentes de Industria, que mostraron sus dudas acerca de las posibilidades de que el proyecto pudiera salir adelante, algo para lo que, por otro lado, sería imprescindible una confirmación de la existencia de gas que por ahora no existe, cuando menos de manera oficial.

La causa fundamental se encuentra en la aprobación de la Ley de Cambio Climático, que entró en vigor a finales de mayo y cuyo artículo nueve establece que desde entonces “no se otorgarán en el territorio nacional (…) nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos”.

En este escenario no procedería admitir a trámite ninguna solicitud de concesión para la explotación de pozos que no estuviese en marcha antes de la que la ley entrara en vigor, aunque el Gobierno de Aragón ha pedido al Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica) una bula que permitiera seguir adelante con el proyecto dentro de las medidas extraordinarias por la crisis energética desatada al socaire de la guerra de Ucrania y de las medidas adoptadas por la UE.

La norma incluye también un veto específico para el ‘fracking’ cuando dictamina que “no se otorgarán nuevas autorizaciones para (…) cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen”.

El cambio de normativa aleja también cualquier posibilidad de que pudiera ser reabierto el pozo Carlota, en Centenera, un núcleo agregado de Graus, y para cuyos trabajos previos denegó el Gobierno de Aragón la autorización hace ya dos años tras detectar que la empresa promotora, Pyrenees Energy Spain, pretendía saltarse varios requisitos ambientales.