El anterior Gobierno de Aragón se despidió con un recorte de la obra social de las antiguas cajas de ahorro que operan en la Comunidad: reduce el presupuesto de las que tienen sede en Aragón y exime de desarrollar esa labor a las que están domiciliadas en otras comunidades.
La decisión fue tomada hace unas semanas en la Comisión Bilateral, el órgano en el que la Comunidad y el Estado dirimen sus diferencias sobre asuntos legales y de gestión, y está en vigor desde el pasado 17 de junio. La delegación del Gobierno autonómico PP-PAR que hasta primeros de julio presidía Luisa Fernanda Rudi, que es el que cerró el pacto, estaba encabezada por el expresidente de las Cortes, José Ángel Biel.
El Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos consideraba que el artículo 23.2 de la Ley de Fundaciones Bancarias de Aragón no se ajustaba a la legalidad, por lo que decidió llevarlo ante el Tribunal Constitucional y plantear el conflicto en la Comisión Bilateral.
La regulación aragonesa de la obra social
La ley obliga a las fundaciones bancarias, la figura a través de la que las antiguas cajas de ahorro controlan los bancos surgidos de los procesos de fusión y saneamiento, a destinar “la totalidad de sus excedentes” y el sobrante de sus ganancias como accionistas, que no vaya a reforzar sus recursos, a “un fondo para la obra social, que tendrá por finalidad la financiación de obras, propias o en colaboración, en los campos de la enseñanza, los servicios de asistencia social, la investigación, la innovación, la cultura, la sanidad pública y otras actuaciones de carácter estratégico que impulsen y fomenten el desarrollo socioeconómico de su ámbito de actuación”.
Esa norma preveía un tratamiento específico para las fundaciones que, “sin tener su domicilio en Aragón, participen directa o indirectamente en entidades de crédito que operen en el territorio de la Comunidad”. Estas debían invertir la parte proporcional del presupuesto de su obra social en función del porcentaje de los depósitos captados en Aragón sobre el total de la entidad. Es decir, que la obra social de los bancos controlados por cajas de otras comunidades quedaba limitado a la parte proporcional de su negocio en la Comunidad. Sin embargo, el ministerio de Economía consideró excesivo ese planteamiento y lo llevó ante el Constitucional y a la Comisión Bilateral.
Este último organismo cerró hace unas semanas un acuerdo, ya comunicado formalmente al tribunal como desistimiento del pleito, por el que el artículo que regulaba la obra social de las fundaciones foráneas queda en la práctica sin efecto y por el que la aportación a ese capítulo de las domiciliadas en Aragón pasa a tener dos limitaciones: debe ser proporcional a la parte de su negocio que se localiza en Aragón y, también, al peso de la fundación en el banco.
Obligaciones solo para los locales y según su negocio
Así, los efectos de la ley quedan limitados a “las fundaciones bancarias cuyas funciones, consistentes en la atención y desarrollo de la obra social y la adecuada gestión de su participación en una entidad de crédito, se desarrollen principalmente en Aragón y no a las restantes”. Paralelamente, limita la aportación a “la parte proporcional del presupuesto anual de su obra social en función de los depósitos de sus clientes captados en esta Comunidad Autónoma con respecto al total de la entidad de crédito correspondiente”. Y, por último, añade que “para el cálculo de dicha parte proporcional debe asimismo aplicarse el porcentaje de la participación de la fundación bancaria en la entidad de crédito correspondiente”.
Eso, en la práctica, exime al FROB, el organismo público del Estado del que sale el dinero para reflotar las entidades financieras con problemas de solvencia, de destinar fondos a las obras sociales de las fundaciones bancarias en las que participa.
El único banco procedente de los procesos de fusión y saneamiento que tiene sede en Aragón es Ibercaja Banco. Su accionariado está controlado por la Fundación Bancaria Ibercaja, que domina el 87 % del capital, y en él participa con un 4,85% la Fundacion CAI, de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. La matriz absorbió al Grupo Caja 3, liderado por esta última y saneado con fondos del FROB, cuyos otros dos socios, la Fundación Bancaria Cajacírculo y la Fundación Caja de Badajoz, controlan, respectivamente, un 3,45% y un 3,90% del banco.
Estas dos últimas quedan eximidas de desarrollar su obra social en Aragón, mientras que las dos primeras podrán rebajar el presupuesto de las suyas hasta una parte proporcional a la parte de su negocio que se localiza en Aragón. CAI podrá, además, descontar la parte que controla el FROB.