- El Gobierno recurre por segunda vez al Constitucional para suspender la obligatoriedad de ponerlas a disposición de la bolsa social de la comunidad
La banca acumula 4.137 viviendas vacías en Aragón, más de la mitad de ellas en condiciones de habitabilidad, según los datos que maneja el Departamento de Vertebración del Territorio. Pero la oposición del Gobierno central a las medidas de emergencia habitacional del Gobierno de Aragón está impidiendo que pueda dárseles un uso social.
Esas viviendas deberían estar a disposición del fondo de vivienda social que establecieron primero el Decreto de Emergencia del Gobierno de Aragón y después la ley en la que lo transformó su tramitación parlamentaria, como refuerzo a los 400 pisos de alquiler de propiedad de la comunidad, una de las que menos parque propio tiene en todo el Estado.
Sin embargo, los recursos del Consejo de Ministros ante el Tribunal Constitucional contra ambas normas, el último de ellos admitido a trámite en diciembre, han conllevado la suspensión de la norma que obligaba a las entidades financieras y las inmobiliarias a “poner a disposición” de la comunidad las viviendas sin uso procedentes de ejecuciones hipotecarias y daciones en pago para incluirlas en la bolsa, destinada a cubrir las necesidades de familias en situación de emergencia habitacional.
Los recursos del Gobierno también suspenden los artículos que declaran inembargables las ayudas sociales, que proscriben los desahucios a familias que no dispongan de un techo alternativo, la que establecía como preceptiva la mediación de la comunidad para tratar de reestructurar la deuda de los afectados antes de un desalojo.
Negociaciones con dos bancos
No obstante, y pese al empecinamiento del Gobierno central contra las políticas sociales impulsadas por el ejecutivo y las cortes autonómicas en esta legislatura, la Consejería de Vertebración está cerca de cerrar las negociaciones con dos entidades financieras para que aporten casas a ese fondo. “Se están mostrando muy receptivos”, explicaron fuentes de la Dirección General de Vivienda.
La receptividad de esas dos entidades financieras, cuya identidad prefieren no revelar las fuentes consultadas antes de cerrar los acuerdos, supone un cambio en la posición del sector bancario en la comunidad, que retiró las viviendas que inicialmente había puesto a disposición de la comunidad en cuanto el Constitucional suspendió el primer bloque de artículos del decreto de Emergencia a mediados de 2016.
La aportación de esas casas resulta clave para agilizar la gestión de la bolsa, que en sus poco más de dos años de existencia ha logrado facilitar techo a 350 familias en riesgo de exclusión, más de 200 de ellas afectadas por desahucios.
La gestión de la bolsa social
El Gobierno de Aragón ha reconocido el derecho a una vivienda a 1.120 de las familias que lo han solicitado desde 2016 y cumplían los requisitos de renta y necesidad, algo que no se daba en otros 1.640 casos. Ha habido 227 bajas y 2.436 peticiones se encuentran en fase de elaboración.
En cuanto al parque, la Dirección General de Vivienda ha aceptado la cesión de 391 casas de particulares mientras se veía obligada a rechazar 96, la mayoría de ellas por no estar en condiciones de habitabilidad.
De las primeras, 342 están alquiladas con rentas sociales de hasta 80 euros mensuales, otras 146 se encuentran en stand-by por hallarse en municipios en los que no se han registrado situaciones de emergencia habitacional y 266 han sido retiradas por sus dueños por distintos motivos; entre otros, el uso por familiares.
Más de la mitad de las viviendas arrendadas a través de la bolsa social, que gestionan entidades como la Fundación Federico Ozanam, Ymca, Kairós o Zaragoza Vivienda, están ocupadas por familias que han sido desahuciadas, en la práctica totalidad de los casos por impago de alquileres. Esa situación se da en 207 de los 352 casos, casi un centenar de los cuales (el 40 %) tampoco paga la renta a la administración autonómica.