La Cámara de Cuentas descubre un agujero de más de 40 millones en la gestión de la dependencia en Aragón
Los actuales responsables de la Consejería de Sanidad y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) van a dejar una herencia millonaria: la Cámara de Cuentas ha “cuantificado en 19 millones de euros, a 31 de diciembre de 2012, y en 25 millones de euros, a 31 de diciembre de 2013,” los “efectos económicos” de los atrasos que acumula la tramitación de las ayudas a la dependencia, “importes ambos sin reflejo en los estados financieros del IASS”. Es decir, que el sistema asistencial público acumula deudas millonarias con miles de aragoneses pero no consigna el dinero necesario para atender su pago, según indica el “Informe de fiscalización del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Ejercicios 2012 y 2013”.
El dictamen de la Cámara de Cuentas, disponible en su web oficial, revela cómo la cifra de beneficiarios de las ayudas ha descendido en más de 5.000 personas en tres años, ya que pasó de 21.995 en 2010 a 16.872 en 2013. La cuantía de las ayudas se vio reducida en más de 50 millones de euros y cayó a casi la mitad en ese mismo periodo: de 117,9 a 64,8. “Se observa una minoración del gasto desde el ejercicio 2010 de un 36%, acompañada de una minoración del número de beneficiarios de las citadas prestaciones”, indica el informe.
“Se puede comprobar que desde el ejercicio 2011 se ha producido un retraso en la aprobación de los PIA (Programas Individualizados de Atención) por parte de las direcciones provinciales”, añade el dictamen de la Cámara de Cuentas, cuya conclusión se basa en estos datos. En 2007, primer año de aplicación de la Ley de Dependencia, el IASS tramitó el 95% de las solicitudes que recibió (1.435 de 1.523). Tres años más tarde, en 2010, en pleno desarrollo del sistema, el número de resoluciones superaba al de peticiones pese a que el volumen de trabajo se había multiplicado casi por diez (13.837 por 13.619). Tres años después, la actividad se había reducido a poco más de un tercio de la mitad: 2.607 resoluciones frente a 6.348 propuestas.
Retrasos e inclumplimientos
“Se observa por tanto cómo el porcentaje de resoluciones aprobatorias de Programas Individualizados de Atención ha ido descendiendo respecto al número de propuestas técnicas que se realizaban cada año, generando una bolsa de propuestas pendientes de aprobación, que por la naturaleza de la propia prestación están generando atrasos que tendrán que ser satisfechos”, indica el informe.
El dictamen también constata que el Gobierno de Aragón, que está derivando el desarrollo de los PIA a empresas privadas, lleva incumpliendo los plazos que marca la ley para la tramitación de los expedientes desde el segundo ejercicio en el que fue aplicada. Esta establece que no pueden pasar más de seis meses “entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación”. Sin embargo, la duración media pasó de los 126 días de 2007 a los 365 ya en 2008. Bajó del año en 2010 y 2011, cuando se situó en 348 y en 352, tras haber alcanzado los 417 en 2009.Y se disparó de nuevo en los dos últimos ejercicios: 473 días en 2012 y 531 en 2013.
Las becas de los mayores
El informe de la Cámara de Cuentas pone sobre la mesa la curiosa evolución de la gestión de las becas de apoyo para el pago de centros de servicios sociales especializados.
La concesión y cuantía de estas ayudas, destinadas a usuarios de centros privados, depende de varios factores entre los que se encuentran las rentas del beneficiario y de sus familiares más cercanos o el precio del servicio. Y requieren que “los centros de servicios sociales de referencia” justifiquen que el solicitante recibe atención en ellos que tiene una plaza reservada.
El número de estas ayudas, que el Gobierno de Aragón concede desde 1997, comenzó a descender a partir de 2005, cuando alcanzaron la cifra récord de 1.431 beneficiarios y 2.023.300 euros de dotación. En 2007, primer año de aplicación de la Ley de Dependencia, 1.267 pacientes recibieron 1,57 millones. El descenso se aceleró con la pérdida de medio millar de beneficiarios en tres años (778 en 2010) y reducirse a 548 en 2013, ejercicio en el que los fondos de este programa quedaron reducidos a 710.940 euros.
La Cámara de Cuentas vincula la reducción de estas becas para el pago de centros asistenciales con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, con cuyas prestaciones económicas son incompatibles. Sin embargo, el descenso ha sido simultáneo en ambos capítulos, tanto en lo referente a las cuantías como al número de beneficiarios: un 23,5% menos en tres años (de 22.773 a 17.420) en un trienio en el que la cifra de aragoneses mayores de 65 años creció un 1,5%.
