El Gobierno de Aragón deriva la asistencia a domicilio para dependientes a empresas privadas

Alrededor de 600 personas dependientes han recibido en las últimas semanas una carta del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), ofreciendo un listado de empresas privadas acreditadas para la atención a domicilio.

La misiva explica que una vez contratado el servicio en una de ellas, su Programa Individual de Atención (PIA) será revisado por un trabajador social y posteriormente recibirán una prestación económica vinculada. Familiares, asociaciones y oposición piden que sea la red pública la que preste el servicio, solicitan más información sobre la cuantía que recibirán y los plazos de pago, y tildan la medida de electoralista.

Primero con miedo y después con rabia, así se han sentido los ciudadanos que han recibido estas cartas, ya que, según explican desde el Espacio de información, promoción y defensa de los Derechos Sociales “no entendían su significado y pensaban que si no contrataban el servicio saldrían del sistema”. “Llegan asustados, y salen enfadados, temiendo que sus familiares mueran sin haber visto un euro tras muchos años de espera”, dice Margarita Moya, miembro del Espacio.

Según relata, “los usuarios se han sentido amenazados y los funcionarios de servicios sociales desinformados”, porque “no han recibido directrices claras sobre cómo responder a sus dudas”. Finalmente los familiares han encontrado respuesta en plataformas como la citada y en las empresas ofertadas.

El listado de las entidades acreditadas está compuesto por Mi Mohogar, Reyes de Aragón, Asister, la Fundación Federico Ozanan y Clece. Esta última gestiona actualmente la residencia de mayores de Movera, que tras cerrarse “por motivos de seguridad” fue privatizada y se reabrirá con la nueva gestión este mes.

Los servicios que prestan son atención personal y doméstica y la realización de compras y gestiones fuera del hogar. Los precios oscilan entre los 13 y los 18 euros la hora en día laborable y 24 en festivos.

Ángel Sanz, también del Espacio de Derechos Sociales, calcula que un dependiente de grado II, que contrate una hora y media al día, tendrá que desembolsar unos 900 euros al mes, cantidad que considera “abusiva” y que “dejará fuera a quienes no tengan suficientes recursos”.

El Gobierno de Aragón no ha informado todavía sobre cuánto dinero recibirá cada usuario, pero, según han podido saber en el Espacio, serán menos de 100 euros mensuales.

Aragón, suspenso en Dependencia

El Observatorio de la Dependencia publicó recientemente un informe que sitúa a Aragón como una de las comunidades autónomas que peor está aplicando la Ley de Dependencia. En él se indica que mantiene una desatención superior al 20%. José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio, afirma que una de las consecuencias más preocupantes es la elevada lista de espera.

“Solo Murcia supera a la comunidad aragonesa”, lo que hace que una de cada tres personas que tiene derecho a ser atendida quede en el limbo. Para Ramírez, “desgraciadamente la forma de salir de la lista de espera es que te quiten el derecho (como se hizo con la reforma de la Ley en julio de 2012) o fallecer”.

En los últimos datos difundidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en febrero de 2015, Aragón obtiene la peor puntuación (un 1.1) en el ratio de prestaciones por persona beneficiaria. El motivo de esta baja valoración es que no cuenta ni con el servicio de Prevención y Autonomía Personal, ni el de Teleasistencia, ni el de Ayuda a Domicilio.

“El desastre en Aragón ha sido de tal calibre que se ha destrozado el sistema, retrocediendo a fechas de 2009”, sentencia Ramírez. “A un mes de las elecciones van a tirar de chequera, no pensando en las personas sino en maquillar las estadísticas a última hora, para decir que no son las comunidades autónomas quienes han desmantelado la dependencia”, concluye.