Carpetazo a la remunicipalización de la limpieza viaria en Huesca

A dos meses para las elecciones autonómicas, una de las cuestiones pendientes de cerrarse en el Ayuntamiento de Huesca y que ha coleado durante toda la legislatura ha recibido un golpe que parece definitivo. La adjudicación del servicio de limpieza viaria, en los juzgados los dos últimos años, ha recibido un nuevo revés.

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha estimado el recurso interpuesto por la empresa Valoriza y sentenciado que al no cumplir ninguna de las licitadoras admitidas las condiciones mínimas del pliego de condiciones técnicas, todas quedan descartadas y el Consistorio tendrá que dejar desierta la licitación. Así, se deberá redactar un nuevo pliego de condiciones sin tiempo material para su desarrollo por la inmediatez del 26 de mayo.

Hasta entonces, será la empresa pública Grhusa la responsable de seguir sacando el servicio adelante, como aprobó la corporación en mayo de 2017. Ha sido un camino lleno de rodeos y obstáculos hasta el que parece el carpetazo definitivo a uno de los proyectos estrella del equipo de gobierno formado por el PSOE, Aragón Sí Puede y Cambiar Huesca hasta su salida en septiembre del año pasado tras ser sus cuatro concejales destituidos por el alcalde, Luis Felipe. Entre 2013, con la popular y otra vez aspirante a primera edil Ana Alós como alcaldesa, y 2017 la limpieza viaria corrió a cargo de FCC y el exconcejal de Cambiar Luis Arduña, que dejó el puesto en mayo de 2018, asumió el peso de las gestiones.

Adjudicación contraria a derecho tras el recurso del PP

En esta historia de ausencias, aciertos y errores cobra un papel central el Pleno de mayo de 2017, en el que con la abstención de los populares se sacó adelante la encomienda de la gestión a Grhusa, que contrató a 25 trabajadores empleados anteriormente en FCC. El PP presentó un recurso en el Tacpa y este falló a favor de sus intereses en el mes de julio. Argumentó en su sentencia que la adjudicación a Grhusa era contraria a derecho. En octubre, el Pleno acordó con los votos del equipo de gobierno el desistimiento y aprobó la prórroga de la prestación del servicio de Grhusa en el periodo indispensable para realizar una contratación externa.

En los meses de marzo y abril se convocaron distintas reuniones para el estudio y calificación de la documentación administrativa y la apertura pública de ofertas técnicas. Se remitieron a los servicios técnicos el informe y su valoración. Ya en mayo, una vez conocido el informe definitivo, la mesa de contratación propuso al Pleno la adjudicación eventual del contrato a la propuesta empresarial con mejor valoración y se solicitó la aprobación del requerimiento de la documentación a la adjudicataria, Valoriza, por 7 millones de euros y para cuatro años.

Urbaser, otra de las empresas aspirantes en este concurso, recurrió esta adjudicación con el argumento de que la oferta elegida no se ajustaba a la jornada laboral estipulada en el pliego. Entonces, el equipo de gobierno optó por prorrogar de forma indefinida la encomienda de gestión a Grhusa. El Tacpa dio la razón a Urbaser y en el Pleno del pasado mes de diciembre se votó, con las abstenciones de Partido Popular y Ciudadanos, la adjudicación del servicio a Urbaser por 7,3 millones de euros con el afán de que la medida entrase en vigor ya este año 2019. Pero Valoriza, a su vez, recurrió al Tacpa y la adjudicación ha quedado definitivamente desierta y sin margen de reacción.

El Ayuntamiento, no obstante, ha anunciado que apurará plazos para tratar de encontrar alguna solución con la que no quepa “recurso alguno”, conscientes de que “será una labor que habrá que afrontar con todas las garantías a partir de mayo” y a pesar de que está en el aire tanto el color del siguiente equipo de gobierno como el equilibrio de apoyos habida cuenta de que ha sido el PSOE el que ha asumido el peso de la cuestión después de su bloqueo en los juzgados y la salida de Cambiar. El grupo del Ayuntamiento de Huesca lamenta que se haya causado un daño “muy serio” a la imagen del Consistorio entre los ciudadanos “por la incapacidad manifiesta de sacar adelante esta medida durante 20 meses, y ha quedado de manifiesto que el objetivo de Luis Felipe era colocar a los trabajadores en una empresa pública sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad que enmarcan el acceso al empleo público”.