La utilización, futura o más a corto plazo, de la biomasa como fuente de energía es un debate que ya se encuentra sobre la mesa en España y con disparidad de opiniones. Las zonas mineras se agarran a ella como una tabla de salvación en plena etapa de transición hacia nuevos modelos y en otros puntos se desecha su utilización por las trabas medioambientales y administrativas. Uno de los primeros ejemplos es el de Andorra, una localidad y su comarca angustiadas por el cierre de la central térmica, y entre los segundos sobresalen Zuera y Monzón.
Un modelo próximo se encuentra en Francia, donde el Ejecutivo de Emmanuel Macron ha comenzado a estudiar la conversión a biomasa de la mayor central de carbón del país, la de Electricité de France en Cordemais, tras los pasos de Reino Unido, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos. El futuro de las cuencas mineras se escribe en clave de biomasa. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló en el reciente encuentro de la Plataforma de Regiones Carboríferas de la Unión Europea que tuvo lugar en Madrid que se trataba de “un paso más en el compromiso adquirido por el Gobierno y el ministerio con el futuro de las comarcas mineras”.
Sin aludir a medidas concretas, se apuntó que tras las prioridades de alcanzar un acuerdo marco entre las instituciones involucradas y el mantenimiento del empleo a corto plazo en las regiones mineras, lo más inmediato era “prestar apoyo a las zonas vulnerables para generar actividad y empleo contando desde el primero momento con una importante participación e implicación social. El compromiso formal de todos los actores, la exhaustiva planificación y el seguimiento serán la clave”.
Lo plantea la empresa aragonesa Forestalia, que sopesa la puesta en marcha de una central de este tipo en las cuencas mineras de Teruel similar a la que ya está poniendo en marcha en Cubillos de Sil (León), otra región golpeada por la crisis del carbón. “Si se dan las condiciones, nosotros vamos a apostar por las cuentas mineras en dos formas de la biomasa: en la parte térmica y en la eléctrica”, anuncia el presidente de Forestalia, Fernando Samper.
Los defensores de la biomasa argumentan que se trata de una fuente de energía de origen renovable, que se obtiene de fuentes naturales inagotables; asimismo, que convierte residuos en recursos y, de este modo, el sector agrícola y otras industrias pueden reciclar sus excedentes. Además, el propio residuo producido por la biomasa, como las cenizas, puede reutilizarse como abono y es, según postulan, una fuente de energía no contaminante y respetuosa con el medioambiente, económica, evita incendios, la erosión y la degradación del suelo.
Planta de biomasa en Monzón
Precisamente, Forestalia sopesaba la puesta en marcha de una planta de biomasa en Monzón, que ahora está en suspenso pese a la idea inicial de invertir 100 millones de euros y crear unos 50 empleos directos en la capital del Cinca Medio. La demora en la tramitación administrativa y la oposición de los ecologistas han contribuido a que el proyecto se encuentre en una vía muerta. Sin embargo, los opositores creen que todavía se han de dar pasos para su frenazo definitivo.
El grupo municipal de Cambiar Monzón insta al Ayuntamiento a solicitar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (IAGA) a que no prorrogue la autorización ambiental de la planta de biomasa, habida cuenta de la situación administrativa del proyecto “sin avance alguno, ni siquiera en las condiciones previas que se le imponían”. Además, pide que el Consistorio se comprometa a dejar sin efecto el interés público otorgado para la implantación del proyecto una vez quede sin efecto la autorización ambiental, con lo que prescribirían posibles indemnizaciones por expectativas de lucro empresarial que se pudieran solicitar.
Cambiar pide la modificación del articulado correspondiente de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para evitar la implantación en suelo rústico de nuevas actividades industriales a una distancia no inferior de 1.500 metros del casco urbano de Monzón, Selgua y Conchel, con la excepción de aquellas actividades que cuenten con distancia regulada reglamentariamente por normativa superior.
Con ello, explica el portavoz de Cambiar Monzón, Miguel Aso, “queremos garantizar que en nuestras localidades haya un anillo ambiental y de ordenación territorial homogéneo que ayude a superar los conflictos y tensiones de la expansión de la ciudad, trasladando estas posibles industrias a los suelos previstos en el PGOU o, en su defecto, se alejen de manera suficiente de nuestras localidades”.
Y concluye Aso que se evitaría así condicionar la tranquilidad de los vecinos de ciertos barrios sobre los que se pida implantación de nuevos proyectos empresariales fuera de suelo industrial, se mejoraría la imagen de acceso a la ciudad, especialmente, en las salidas a Binéfar y a La Almunia, “ámbitos donde se suelen pedir intereses públicos de implantación empresarial fuera de suelo industrial y se evitaría la aleatoriedad que supone políticamente permitir que unos proyectos puedan ir a suelos rurales más económicos y otros a suelos urbanizados o a futuras ampliaciones de nuestros polígonos industriales”.