El Gobierno de Aragón ha acabado por admitir que limitar la ganadería industrial y las macrogranjas de porcino que llevan años expandiéndose por el territorio de la comunidad resulta beneficioso para el medio ambiente, tal y como vienen defendiendo las organizaciones ecologistas y el creciente número de ayuntamientos y plataformas locales que reclaman frenar la desmesurada expansión de este modelo productivo, que está devorando el tradicional de granjas familiares.
El pronunciamiento lo ha hecho el Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) en la resolución por la que exime de someter a una evaluación ambiental estratégica la decisión del Ayuntamiento de Sabiñánigo de prohibir “en todo el término municipal la implantación de nuevas pequeñas explotaciones, explotaciones industriales o instalaciones industriales de guarda de animales destinadas al ganado porcino”.
La norma, materializada mediante una modificación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de 2006, sitúa en 360 unidades ganaderas el límite para las cuadras de cerdos, lo que equivale a 375 madres o 3.000 animales de cebo, al tiempo que veta su ubicación en cualquier terreno que forme parte de una Zepa (Zona Especial de Protección de Aves) o LIC (Lugar de Interés Comunitario) (hay tres y diez) o esté incluida en el Parque Natural de la Sierra de Guara. Tampoco podrán levantarse a menos de 1.500 metros del “límite del suelo urbano de los núcleos de población” del municipio, que son 52 habitados y otros 21 despoblados.
“Una razón imperiosa de interés general”
La resolución del Inaga, que lleva años autorizando casi a diario la apertura de nuevas granjas con un vertiginoso ritmo que ha convertido a la comunidad en la que soporta la mayor cabaña porcina del país, con las negativas consecuencias ambientales y de salud pública que ello está conllevando, ha concluido que la decisión del consistorio serrablés “favorece la conservación de espacios sensibles como la Red Natura 2000 y los ENP” (Espacios Naturales Protegidos) y también “la ganadería extensiva y las explotaciones locales, lo que es sostenible ambientalmente”, además de que “no implica una alteración urbanística de la clasificación del suelo ni cambios de los usos del suelo”.
La obviedad no resta valor simbólico a las conclusiones del Inaga, ya que en la práctica se trata del órgano del que depende la apertura de nuevas granjas y la ampliación de las existentes en el territorio de la comunidad.
“Las medidas y el condicionado ambiental que incorpora el presente informe quedan justificadas y motivada su necesidad para la protección del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general”, indica el documento.
“Evita la acumulación de grandes cantidades de estiércoles líquidos”
El Inaga concluye, negro sobre blanco, que el veto a la ganadería industrial “disminuye los requerimientos de recursos e infraestructuras que las grandes explotaciones necesitan” y, al mismo tiempo, “evita la acumulación de grandes cantidades de estiércoles líquidos que producen estas explotaciones y que generan elevadas emisiones a la atmósfera, malos olores y requieren muchas más tierras para su valorización como fertilizante con los consiguientes incrementos en los desplazamientos” de vehículos y, con ellos, del lanzamiento de gases de efecto invernadero.
Por último, el Instituto Aragonés de Garantía Ambiental señala que ese veto también resulta “positivo desde el punto de vista paisajístico”, puesto que “evita la instalación de naves más numerosas o de mayor tamaño” por el territorio, lo que “reduce el impacto paisajístico de las mismas en el medio agroforestal”.
El desmesurado desarrollo de la ganadería industrial del porcino ha situado a Aragón como el principal productor de este tipo de animales de abasto, cuya presencia alcanza magnitudes superiores incluso a las de Cataluña, que tradicionalmente había sido el territorio con mayor implantación: los datos del Ministerio de Agricultura indican que el porcino aragonés lleva dos años (2018 y 2019) superando los ocho millones de cabezas de manera constante, algo que ninguna otra había sufrido antes.
Esas cifras de récord llegan cuando, según los informes del Ministerio de Agricultura, comienzan a consolidarse los indicadores que apuntan a un pinchazo de la burbuja española del porcino, con desplomes de precio cercanos al 20% en menos de tres meses tras hundirse la demanda de China, que está optando por otros proveedores.