Asistir a los consejos de administración de las sociedades públicas de la comunidad autónoma sigue siendo un apetitoso complemento para algunos representantes de bancos, empresas, sindicatos, organizaciones patronales y empresariales y, también, de las Cortes de Aragón.
Una respuesta parlamentaria de la consejera de Economía, Marta Gastón, a una pregunta de la diputada Marián Orós (PP) recoge como en los 17 meses transcurridos entre agosto de 2015 –cuando comenzó la actual legislatura- y diciembre de 2016 las empresas integradas en la CEPA (Corporación Empresarial Pública de Aragón) han abonado 126 dietas por importe de 26.137,75 euros“, lo que supone una compensación media de 207 euros por sesión.
La información coincide en el tiempo con revelaciones como la investigación policial sobre el uso de las dietas en empresas públicas como Sarga, cuya partida anual para esta remunerar gastos de trabajadores y ejecutivos se situaba en torno a 1,2 millones de euros.
Los cobros por asistir a consejos de administración de entes públicos, empresas públicas o fundaciones, que los miembros del Ejecutivo PSOE-CHA “renunciaron explícitamente” a recibir, siguen produciéndose en empresas cuya situación financiera y gestión están más cerca del fracaso que del éxito.
Empresas recién rescatadas
Entre ellas se encuentra alguna que ha sido objeto de rescate en esta misma legislatura por su estado crítico –caso de las plataformas logísticas Plaza y Platea- o que va a serlo pronto, como es el caso de Motorland.
Un representante de las Cortes de Aragón recibió en ese periodo 1.610 euros por asistir en siete ocasiones al consejo de administración de Plaza, mientras que Platea repartió 3.680 en 16 dietas. El grueso de estas se las llevaron un delegado del Parlamento –cinco- y otro de la sociedad estatal Sepides -6-, mientras las cinco restantes fueron para cinco consejeros designados por entidades bancarias -2- y el Ayuntamiento de Teruel -3-.
La Ciudad del Motor, cuya viabilidad depende otra vez de las aportaciones de sus socios –comunidad autónoma, Diputación de Teruel y Ayuntamiento de Alcañiz- tras diez ampliaciones de capital y una inversión de casi 150 millones de euros cuyo retorno no llega a los 30, aprobó 27 remuneraciones por valor de 4.137 euros: trece para dos representantes de la corporación provincial y catorce para otros tantos de la municipal.
Finanzas y tecnología
La mitad de las dietas se concentran en los organismos financieros e inversores del Gobierno de Aragón. Así, Sodiar pagó 25 por 5.750 euros a tres representantes de bancos -15 remuneraciones-, dos empresarios -8- y uno de las Cortes, mientras Avalia entregaba 41 por 9.430 euros a dos delegados de empresas -39- y uno del Parlamento -2-.
Por último, un organismo tecnológico como CEEI Aragón pago otras diez dietas por 1.530 euros a dos sindicalistas -6-, un representante de las Cortes -2-, otro de la Cámara de Comercio y uno más de una organización empresarial.