Una multinacional vinculada a la operación Púnica toma posiciones en la agricultura aragonesa
La multinacional sobre una de cuyas filiales se centran las investigaciones de la operación Púnica ha comenzado a tomar posiciones en el negocio de la distribución del agua en el campo aragonés. Aqualogy, filial de Aguas de Barcelona (AgBar) y a través de esta de GDF Suez (Gaz de France-Eau de Suez, un tercio de cuyo capital está en manos del Estado francés), gestionará la red de distribución de agua y los caudales de la acequia de Ontiñena, cuya comunidad de regantes abarca una amplia extensión de casi 8.000 hectáreas en la zona de transición entre el desierto de los Monegros y el tramo bajo del río Cinca.
Esta es la primera comunidad de regantes aragonesa que privatiza su gestión (son entidades de interés público), aunque la oferta ha llegado a muchas otras que todavía no se han pronunciado. Esa decisión ha permitido que Aqualogy se lleve el primer contrato de este tipo que se firma en la comunidad, cuyo Gobierno autonómico ha dado esta legislatura varios pasos para promocionar la gestión privada de las redes públicas.
El mismo grupo que Cofely
Aqualogy es una filial del grupo Suez, propietaria a su vez de Aguas de Barcelona (AgBar) y de Cofely, la empresa central de la operación Púnica como presunta beneficiaria de los supuestos servicios de intermediación del empresario David Marjaliza y de Francisco Granados, exlugarteniente de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid. Las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que esos contactos, junto con el eventual pago de comisiones, habrían resultado fundamentales para que Cofely obtuviera contratas por valor de más de cien millones de euros en ayuntamientos de la comunidad madrileña.
Cofely es la filial de GDF Suez, que opera en el sector de la eficiencia energética mientras que Aqualogy actúa en el de la gestión de redes de suministro y saneamiento de agua. Tras hacerse con una contrata de Ecociudad Zaragoza se presenta en su web como la “empresa líder en mantenimiento y operación de alcantarillado en España, con 9,3 millones de habitantes servido”.
A mediados de marzo, cuatro meses después de estallar la operación Púnica, GDF Suez agrupó a sus filiales del ramo del agua, entre ellas Aqualogy y Aqua Ambient, bajo la marca Suez Environment.
El pueblo de Gran Scala
La privatización del agua se estrena en Aragón en tres municipios oscenses: Ballobar, Fraga y Ontiñena. Las escasas apariciones en los medios de comunicación de este último evocan sonoros fiascos: la gran fundición que nunca llegó, en los años 90, y el macrocomplejo de casinos y parques temáticos Gran Scala, que la pasada década no llegó a superar los formatos del papel, la transparencia y la simulación virtual.
En febrero, Aqualogy anunció que se hacía cargo de “la gestión integral de las instalaciones de la Comunidad de Regantes Acequia de Ontiñena”, integrada en Riegos del Alto Aragón, el mayor sistema de regadío de la Europa occidental. A primeros de abril avanzó que iba a construir dos balsas con capacidad para 260.000 y 480.000 metros cúbicos de agua, que resultan fundamentales para que el agua llegue a toda la superficie de riego, y hace unas semanas añadió a la lista de proyectos una instalación fotovoltaica.
Planes de privatización y críticas de la izquierda
El apoyo del Gobierno de Aragón a la privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado provocó duras críticas de Chunta Aragonesista (CHA) y de Izquierda Unida (IU) en la pasada legislatura.
El diputado nacionalista Joaquín Palacín mostró su oposición frontal a la edición, por parte del Instituto Aragonés del Agua (IAA), de una Guía para la externalización del servicio municipal de abastecimiento de agua potable alcantarillado.
Para el diputado de IU Miguel Aso, el documento revela la voluntad del ejecutivo de privatizar la gestión del agua, dando con ello una nueva tajada al sector empresarial a costa de lo público, con el único objetivo de que lo privado haga negocio con la gestión de servicios públicos y derechos ciudadanos“.
El consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, sostuvo que el IAA, controlado por el PAR, elaboró la guía porque varios ayuntamientos lo habían reclamado.
Mejor por un cuarto de siglo
El documento, que sigue disponible en la web del IAA, recomienda extender las privatizaciones por periodos de 25 años, el máximo que permite la ley cuando se trata de la totalidad del servicio.
“A medida que el plazo es mayor se aumentan las posibilidades de inversión ya que la empresa privada dispone de un plazo de amortización acorde a las necesidades de una inversión de importe elevado, es decir, cuenta con periodos de retorno tanto técnico como económico suficientes para poder realizarlas”, argumenta.
A renglón seguido advierte de que “la empresa es la principal interesada en llevar a cabo una buena y ordenada gestión del servicio” y que, “ante plazos de contrato más cortos”, esta “difícilmente podrá asumir inversiones de cierto importe en el servicio, motivado por un periodo demasiado corto para su amortización”.
