La compañía privada de fútbol Real Zaragoza SAD recibirá 230.000 euros del Gobierno de Aragón, que se suman a los 800.000 que le transfirió a principios de año el Ayuntamiento de Zaragoza y a los 720.000 que anualmente le asigna la Diputación Provincial de Zaragoza.
Esos 1,78 millones de dinero público suman una cifra muy cercana a los 1.810.856,91 euros de deuda pendiente de pago que la Agencia Tributaria reclama a Zaragoza Real Estate, la ruinosa filial inmobiliaria de la empresa deportiva, creada en 2007 para dar un pelotazo inmobiliario con el edificio de las oficinas del Real Zaragoza y que terminó declarándose insolvente y siendo liquidada por orden del Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza.
Es, como puede comprobarse en la penúltima de las 78 páginas del listado oficial que hace unas semanas difundió la Agencia Tributaria, uno de los grandes morosos del fisco español. De hecho, es una de las empresas habituales en ediciones anteriores de esa lista, que comenzó a ser publicada en 2015. En los dos últimos años, esa deuda se ha reducido en apenas 52.000 euros.
Sin embargo, esa circunstancia no impide que siga recibiendo dinero público procedente de otras administraciones como el propio Gobierno de Aragón, con el que también mantenía una sustanciosa deuda de casi 400.000 euros cuando la juez ordenó su disolución.
El Real Zaragoza SAD es una compañía deportiva de propiedad privada que, tras tener como accionistas mayoritarios a la familia Soláns y al constructor soriano Agapito Iglesias, pasó en 2012 a manos de un grupo de cuatro empresarios locales: César Alierta, expresidente de Telefónica y Tabacalera; Fernando Yarza, de Henneo (editora de Heraldo de Aragón); Fernando Iribarren, gestor de concesionarios de automóvil, y el inmobiliario Juan Forcén.
Entre los cuatro controlan, básicamente a través de la capitalización de deuda, el 93,6 % de las acciones, un 27,41 % el primero y un 16,3 % cada uno de los otros en un esquema que se reproduce en la Fundación Zaragoza 2032, que gestiona el paquete accionarial de Iglesias, que a su vez mantiene otro 2 % mientras los pequeños accionistas poseen otro 4,34 %.
Según los últimos informes de los administradores concursales, el Real Zaragoza arrastra deudas por más de 84 millones, en torno a la cuarta parte de esa cifra con Hacienda, mientras su fallida filial inmobiliaria adeuda 398.702 euros al Gobierno de Aragón y 18.911 al ayuntamiento de la capital aragonesa, agujero con el fisco al margen.
230.000 euros de 680.000
La última asignación de dinero autonómico se conoció el pasado 3 de julio, cuando el BOA (Boletín Oficial de Aragón) anunció que el Real Zaragoza iba a recibir una ayuda de 229.895,25 euros dentro del programa de “subvenciones para entidades deportivas aragonesas de máxima categoría para la temporada 2018/2019”.
Había solicitado 681.600 para un programa presupuestado en 852.000, pero la baja puntuación de esa propuesta, 71,25 puntos, superada por los de la otra SAD que recibirá fondos públicos con cargo a este programa (el Zaragoza Basket, que obtendrá 412.617 euros con 127,88) y por varios clubes deportivos como el Club Balonmano Huesca (79,5), el Sala 10 de fútbol Sala (75,75), el Simply Scorpio femenino de Atletismo (72,5), el Stadium Casablanca de baloncesto femenino (72,5) o el Club Voleibol Teruel (74.5).
No obstante, todos ellos recibirán cantidades inferiores a las que irán a parar a las maltrechas cuentas del Real Zaragoza, ya que las ayudas aprobadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte oscilarán entre los 75.067,20 euros del Scorpio y los 180.229 del balonmano oscense.
Dos causas abiertas, una de ellas con Hacienda
Las ayudas autonómicas a las entidades deportivas para la temporada 2018/2019, finalizada en la práctica totalidad de los casos, supera ligeramente los 2,2 millones de euros: 642.512,85 para los dos de propiedad privada que operan bajo el formato de SAD o sociedad anónima deportiva y 1.591.803,16 para los que 29 siguen como clubes deportivos.
Esta nueva inyección económica le llega al Real Zaragoza SAD cuando mantiene abiertos en los juzgados dos frentes, uno de ellos con Hacienda y ambos con la Fiscalía, que amenazan su viabilidad: uno es el juicio por fraude tributario por el finiquito del futbolista Peter Luccin y el otro, la vista oral por el presunto amaño del partido con el Levante en la temporada 2010-2011.
En ambos se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica. En el primero, se expone en caso de condena al veto para recibir dinero público de cualquier origen durante varios años. En el segundo, las eventuales consecuencias se centrarían más en la faceta deportiva.