Aznar entra en escena y señala el camino

Ante la imposibilidad de conseguir apoyos suficientes para la investidura de Feijóo, el PP, aun sin renunciar al acto formal del día 26, ha decidido pasar a la oposición. Los esfuerzos de los populares ya no se centran en conseguir los apoyos necesarios para conseguir hacer a su líder presidente del Gobierno, sino en que Sánchez fracase y se repitan las elecciones. Para conseguirlo van a echar mano de todos sus recursos, incluidos los reservistas.

Y sin ningún reparo en utilizar cualquier cosa que pase si se puede manipular para desgastar al Gobierno. Para Feijóo, aunque todavía no es sentencia firme, la reducción por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra -otra vez el TSJN- en 1 año de los 15 de condena a un integrante de la manada, hace al gobierno de coalición el más antifeminista de la historia. De demagogia van bien servidos. 

Tampoco tienen reparo en utilizar lo que no pasa, y han visto en la petición de Puigdemont de amnistía para los procesados por el “procés” antes de apoyar a Sánchez, la ocasión para profetizar un futuro apocalíptico que nos va a llevar a la destrucción de España y de la democracia. Directamente a los infiernos solo por el deseo de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder.

En esta estrategia ha entrado de lleno el expresidente José María Aznar con el discurso más radical -más próximo a los de Abascal que a los de Feijóo- de los pronunciados por dirigentes del PP, con advertencias como que está en riesgo la continuidad de España como nación, que se quiere acabar con la Constitución -la cual, si existe, no es precisamente gracias a él-, que el posible acuerdo con el independentismo catalán es el hecho más destructivo que ha padecido la democracia -¡un acuerdo que, de producirse, tiene que estar avalado por la mayoría del Congreso y el Tribunal Constitucional es más destructivo que el golpe de estado de Tejero!-… 

El expresidente ha dicho también que España cuenta con “masa crítica nacional” para “impedir” el “proyecto de deconstrucción nacional” y que “nadie con sentido de responsabilidad” y que esté “comprometido con el acuerdo histórico de los españoles” debe “quedarse al margen de una tarea que nos debe convocar para asegurar el futuro de España”. Toda una declaración de intenciones.

Poco importa que aún no se sepa si realmente habrá amnistía ni qué tipo de amnistía será, Aznar arremete con todo con una técnica bien conocida por él. Habla con la misma contundencia y con la misma hipocresía que cuando defendía la invasión de Iraq por la existencia de armas de destrucción masiva. Algo que nunca existió, pero cuya “existencia” favorecía los intereses del trio de las Azores, especialmente del presidente de EE.UU.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha acusado a Aznar de tener un comportamiento golpista, y no le falta razón. Si alguien señala un panorama tan apocalíptico y a continuación dice que nadie debe quedar al margen de la tarea de asegurar el futuro de España, se está haciendo un llamamiento genérico, e ilimitado en intensidad y formas, a la confrontación con el Gobierno y las diferentes opciones progresistas y nacionalistas. Y este comportamiento no está lejos del golpismo, recordemos el panorama político y social que pintaban los promotores del golpe militar en la España de 1936 o del de Pinochet hace 50 años.

Quien llama a la confrontación entre españoles no son las izquierdas ni los independentistas, es Aznar, reaparecido como padre de todas las derechas -con Aznar sobra Vox- y al que la dirección del PP es incapaz de plantarle cara.

Con todo, tanto PSOE como Sumar, tienen que ser muy prudentes en los pasos que den en las negociaciones con ERC y Junts. En el conjunto de España los sentimientos anti independentista y anti catalán están muy arraigados y cualquier medida que se pueda interpretar como beneficiosa para Cataluña o como perdón, sin más, a los actos que se produjeron en torno a la Declaración Unilateral de Independencia, puede tener mucho rechazo. 

La próxima legislatura puede ser la del diseño de un nuevo marco de convivencia entre las distintas Comunidades Autónomas y para eso es necesario poner a cero el contador de agravios entre Cataluña y otras CCAA. Pero la amnistía del tipo que sea, o el perdón de determinadas condenas, no puede ser interpretado como el pago por la investidura de Sánchez, o por una nueva legislatura de la actual coalición. 

El acuerdo con el independentismo catalán tiene que contemplar la renuncia de las partes a utilizar los instrumentos que dieron lugar a los hechos de septiembre y octubre de 2017, y el compromiso de la utilización de la política, en el marco legalmente establecido, para resolver los problemas que puedan surgir entre diferentes partes del Estado. 

Un acuerdo de este tipo sería un excelente punto de partida para una legislatura que pudiese abordar la permanentemente pospuesta cuestión territorial. Pero para esto son necesarias apuestas de futuro, generosidad, mucha prudencia y capacidad de explicar con honestidad los acuerdos alcanzados. Y sobran estrategias cortoplacistas y afán de protagonismo.