Menos desahucios y más ganas de hacer bien las cosas

Por poner algunos ejemplos, según datos recogidos en Wikipedia, en el primer trimestre de 2012, según el Consejo General del Poder Judicial, se produjeron 46.559 desalojos forzosos por la vía judicial, 517 al día. En junio de 2013 el Gobierno de España manifestó que se produjeron las siguientes ejecuciones hipotecarias: 2006 (16.097), 2007 (17.412), 2008 (20.549), 2009 (37.677), 2010 (54.250), 2011 (64.770), 2012 (75.375). Las ejecuciones sin tramitar ascenderían a finales de 2012, a un total de 198.116. Y según el CGPJ en el primer trimestre de 2013  se ejecutaron 19.468 desahucios, lo que arroja una media diaria de 216.

Recuerdo un caso sangrante, Khalifa, un ciudadano senegalés, de 45 años, pequeño, algo canoso, 22 años en España, que una mañana, al regresar a su domicilio, vio a dos amigos suyos sacando a la calle sus pertenencias principales (un poco de ropa, un frigorífico y una lavadora), bajo la atenta vigilancia de dos policías y dos funcionarias. Al cabo de unos meses, operado de un tobillo y tras dos meses de hospitalización a resultas de acabar esposado por un mastodóntico policía, fue condenado a seis meses de cárcel y una multa de 60 euros como autor de un delito de resistencia y de una falta de lesiones.

Sentí vergüenza por aquella sentencia, al igual que me sentí preso de indignación, tristeza y rabia al irme enterando de los seres humanos que optaron por el suicidio como remedio para librarse de la pesadilla del desahucio. Precisamente por ello, me da tanto que pensar (también la misma rabia, indignación y tristeza, aunque por distintos motivos) la reciente noticia de que han sido paralizados los desahucios previstos para el mes de julio y de los que pudo tener conocimiento el actual Ayuntamiento de Zaragoza). Según declaraciones del actual concejal de Vivienda del Consistorio zaragozano, Pablo Híjar, estas acciones preventivas del desahucio pueden llegar a ser aún más efectivas y completas si, en colaboración con algunas plataformas como Stop Desahucios, trabajadores sociales o, directamente, con las familias que deciden ir al Consistorio a referir su caso, puede contarse con una información veraz y completa de las situaciones en que se encuentra la parte de la ciudadanía más directa y urgentemente afectada por algún caso de desahucio.

Y la pregunta sigue en pie (de ahí mi rabia, mi indignación y mi tristeza): ¿qué habría ocurrido bastantes años antes si se hubieran puesto en marcha mecanismos institucionales que sirviesen de cortafuegos a los casos de desahucio? ¿En qué han estado pensando muchos de los responsables políticos anteriores, autonómicos y municipales, para no haber evitado tantos casos de desahucio realmente evitables? ¡Cuántas tragedias, cuántas muertes dolorosas podrían haberse evitado!

¿Acaso no es función primordial del gobernante preservar, defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía? Pues bien, dentro de tales derechos está el recogido en el artículo 47 de la actual Constitución Española (“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”) y en el artículo 25.1 de la Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU (“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”).

De momento, son 18 los casos de desahucio evitados: cinco, a través del Convenio sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social firmado en junio de 2013 por el Gobierno aragonés, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). En otros seis casos (de familias que no entraban dentro de los criterios de vulnerabilidad previstos en el Convenio antedicho) fue Zaragoza Vivienda, es decir, el propio Ayuntamiento, el que encontró una alternativa. En los siete desalojos restantes se llegaron a diferentes acuerdos: alquileres sociales, paralizaciones temporales en los juzgados, etc. En esta misma línea muy recientemente ha sido creada la Oficina Municipal de Vivienda que se ocupará de informar, asesorar y apoyar a personas y familias en peligro de perder su vivienda habitual en la capital aragonesa.

Hace unos años, una mujer zaragozana, tras contar sus desventuras con su banco y su hipoteca, escribía: “He colgado. He ido al baño y he estado 10 minutos vomitando. Parece que ya me echan de mi casa en 15 días, no sé. Busco trastero barato, Besos”. En pocos lugares he aprendido tanto como a través del contacto con gente buena y generosa de Stop Desahucios. Esa mujer, Maite, fue una de esas personas.

Juan de Mairena me hace entrega en la zaragozana Puerta Cinegia de una cuartilla para que la lean los dirigentes, los políticos, los gobernantes que hicieron menos de lo que debían en el pasado en relación con los desahucios, y sobre todo los dirigentes, los políticos, los gobernantes en cuyas manos está la posibilidad de paliar y ¡ojalá! resolver tantas tragedias, tantas amarguras a causa de la privación de la vivienda habitual personal y familiar. La cuartilla dice así: “Hay que tener los ojos muy abiertos para ver las cosas como son; aún más abiertos para verlas otras de lo que son; más abiertos todavía para verlas mejores de lo que son. Yo os aconsejo la visión vigilante, porque vuestra misión es ver e imaginar despiertos, y que no pidáis al sueño sino reposo”.

 

Por poner algunos ejemplos, según datos recogidos en Wikipedia, en el primer trimestre de 2012, según el Consejo General del Poder Judicial, se produjeron 46.559 desalojos forzosos por la vía judicial, 517 al día. En junio de 2013 el Gobierno de España manifestó que se produjeron las siguientes ejecuciones hipotecarias: 2006 (16.097), 2007 (17.412), 2008 (20.549), 2009 (37.677), 2010 (54.250), 2011 (64.770), 2012 (75.375). Las ejecuciones sin tramitar ascenderían a finales de 2012, a un total de 198.116. Y según el CGPJ en el primer trimestre de 2013  se ejecutaron 19.468 desahucios, lo que arroja una media diaria de 216.