El garbanzo de Cataluña

Tenemos un problema, un grave problema que no es precisamente, local. Es un problema económico y social y por ende, político. Lo que está ocurriendo en España es una muestra local de una tendencia global inevitable. Cataluña pide un referéndum de autodeterminación (como Québec o Escocia) que se niega con argumentos del franquismo; Murcia quiere vías soterradas como se prometió y el Gobierno manda violencia; Linares ya no aguanta más el desempleo del 50 %, Burgos quiere parar la corrupción urbanística en Gamonal y también se mandó violencia...

En los años 80, los “mercados” y los poderes económicos locales decidieron iniciar una ofensiva despiadada de acumulación de capital que ha sufrido dos etapas en paralelo: una la explotación de los países pobres (un neocolonialismo basado en la compra barata de materias primas y venta cara de productos elaborados, para ello se han usado guerras y la no menos destructiva política de cambios) y otra, la incautación progresiva de las rentas salariales, las que marcan el poder adquisitivo de la mayoría de familias. Esta ofensiva se agudizó inmisericorde tras el derrumbe de la Unión Soviética.

Vivimos tiempos inestables porque el sistema político del que nos hemos dotado ha sido utilizado por las élites para aumentar sus beneficios a costa de la renta salarial. De esto no nos dimos cuenta porque se habilitó un sistema de préstamos fáciles que extendieron la impresión generalizada de crecimiento económico. Pero que España deba cuatro veces la riqueza que es capaz de producir en un año ya da idea del engaño (a groso modo, 25 % familias, 25 % Estado y 50 % empresas y bancos). Las élites se han llevado el dinero real (los billetes) a guaridas fiscales y nos han dejado a los demás el dinero ficticio (anotaciones bancarias). Esta deuda es impagable. Sin embargo, nadie informa ni plantea soluciones. Que el BCE tenga prohibido prestar a estados y empresas y que, sin embargo, esté comprando bonos de grandes empresas (con nuestro dinero y casi en secreto) es sintomático.

¿Cómo han podido conseguir esto? Con un proceso de concienciación en el individualismo. El individualismo ejerce una enorme fuerza centrífuga en cualquier organización y el Estado no queda inmunizado. Desune en las reclamaciones de derechos y libertades (objetivo primario), pero también en los demás ámbitos de la vida. El proceso catalán no es único ni pionero en Europa y el Mundo. Es una consecuencia inevitable del individualismo.

Este proceso, que se vio alimentado por la UE y EEUU en los casos de Yugoslavia, Checoslovaquia o la Unión Soviética por intereses políticos (interesaba disolver países de sistemas solidarios) era inevitable que llegara a Europa tarde o temprano.

Europa se encuentra ante una encrucijada de difícil solución en la actual tesitura política: frente al individualismo imperante y su tendencia disgregadora sólo se puede contraponer la convivencia basada en la solidaridad. La solidaridad es el único pegamento de los pueblos. Pero esta visión se contrapone a la especulación y la acumulación actuales y que las élites no están dispuestas a abandonar.

La privatización de las empresas públicas (especialmente los sectores estratégicos), el deterioro intencionado de los sectores productivos competitivos con Europa (metal, naviero, lácteo, etc.), la extranjerización de la industria española, los recortes en servicios públicos (Educación, Sanidad, Dependencia) y en derechos y libertades (reformas laborales, ley “mordaza”, etc.), el incumplimiento reiterado de los derechos constitucionales (igualdad -especialmente ante la ley-, “ninguna religión tendrá carácter estatal”, la obligación pública de conseguir rentas más equitativas, derecho a vivienda, trabajo y salarios dignos, progresividad fiscal), el incumplimiento de normativa europea (penalización de las energías renovables, desahucios, etc.), la tolerancia con los desahucios (que suponen la ruina familiar y que los bancos acaban cobrando dos veces: la vivienda embargada, las cuotas pagadas, el rescate bancario, la adquisición por el Frob y posterior venta y que son silenciados mediáticamente, los suicidios continúan), la tolerancia con la evasión de impuestos y capitales, la creación de las SICAV (guaridas fiscales patrias) o el rescate de empresas privadas (bancos, autopistas, Cástor, constructoras, etc.); son algunos componentes de la insolidaridad, transmitida desde el órgano que debería evitarlo, el propio Gobierno.

En esta línea, los brazos políticos y editoriales de las élites están desplegando sus acciones, que vienen a contravenir las normas que regulan nuestra convivencia. Casi nadie cree ya en ellas. Las compañías eléctricas suben las tarifas sin justificación de costes (son oligopolio), los jueces dictan en función de los intereses de las élites, igual que los gobiernos. Que la corrupción esté generalizada lo ven como un mal menor ya que no sólo no perjudica a las élites, sino que les permite enriquecerse más rápido.

En este sistema trilero que dice buscar unos objetivos de bienestar general pero que, realmente, sólo busca el bienestar de las élites, Cataluña es un garbanzo más. PP, PSOE, Cs y PdeCat son los cubiletes que se mueven al ritmo de las manos que los manejan: esas élites locales detrás de las que están las élites internacionales, con los Rothschild y los Rockefeller a la cabeza.

Seguirán moviendo los cubiletes hasta que dejemos de tolerarlo. Mientras, han conseguido, como siempre, que la pelea se dé en el gallinero de la ciudadanía que, mientras lo hace, no les pide cuentas por su nefasta gestión en contra de la comunidad.

Por tanto, por si alguien no lo ha entendido, el uso de la fuerza y la coerción son totalmente inservibles a medio plazo. Si no se modifica el sistema de relaciones sociales, políticas y económicas por otras basadas en el equilibrio y la solidaridad, seguirá el proceso disgregador. La constitución de 1978 está anticuada y no sirve porque lleva burlándose varios lustros por los mismos gobiernos y por la propia Justicia. Una ley que no se cumple es inútil. Se hace necesaria la apertura de un nuevo proceso constituyente en el que no puede hurtarse la participación a todo el pueblo, ya que la nueva norma debe garantizar la convivencia por otros 40 años, debe ilusionar a quienes han de cumplirla.

Mientras el viejo sistema está agonizando, los movimientos de extrema derecha, violentos por definición, van ocupando las calles y las instituciones, aunque no lleven el apelativo en el sillón. La derechización de PP, PSOE y Cs es muy preocupante ya que, en vez de traer soluciones, se enrocan en defender un sistema fracasado, a cualquier precio. La incompetencia de las élites y sus políticos de adaptase a los tiempos acaba saliendo caro, la historia está llena de ejemplos, muchos con final indeseable.

Tenemos un problema, un grave problema que no es precisamente, local. Es un problema económico y social y por ende, político. Lo que está ocurriendo en España es una muestra local de una tendencia global inevitable. Cataluña pide un referéndum de autodeterminación (como Québec o Escocia) que se niega con argumentos del franquismo; Murcia quiere vías soterradas como se prometió y el Gobierno manda violencia; Linares ya no aguanta más el desempleo del 50 %, Burgos quiere parar la corrupción urbanística en Gamonal y también se mandó violencia...

En los años 80, los “mercados” y los poderes económicos locales decidieron iniciar una ofensiva despiadada de acumulación de capital que ha sufrido dos etapas en paralelo: una la explotación de los países pobres (un neocolonialismo basado en la compra barata de materias primas y venta cara de productos elaborados, para ello se han usado guerras y la no menos destructiva política de cambios) y otra, la incautación progresiva de las rentas salariales, las que marcan el poder adquisitivo de la mayoría de familias. Esta ofensiva se agudizó inmisericorde tras el derrumbe de la Unión Soviética.