Dos sentencias y un destino

En pocos días se han hecho públicas dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que afectan al Ayuntamiento de Zaragoza y, por consiguiente, a la vecindad de la ciudad.

La primera de ellas fue la decisión de anular el convenio firmado en 2016 entre Ayuntamiento y sindicatos para la recuperación de derechos laborales de los funcionarios municipales, que incluía el retorno a la jornada laboral de 35 horas semanales. Este acuerdo se enfrentaba con dos escollos. Uno era la ley de presupuestos de 2012 de Montoro que la establecía en 37,5 horas. El gobierno del PP pretendía constreñir competencias municipales para evitar, teóricamente, que no se endeudaran más. Aunque la práctica ha demostrado que pretendía impedir que los ayuntamientos tomaran medidas que pudieran paliar los efectos de los recortes del Gobierno central, ya que siguió vigente años después, con muchos ayuntamientos en superávit, como Madrid o Zaragoza, que contrastaban con un Gobierno central cada vez más endeudado, a pesar de las políticas de recortes.

El otro escollo es el Estatuto Básico del Empleado Público que limita, según el TSJA, las mejoras en permisos extraordinarios incluidas en el convenio. Ninguna de las dos medidas acordadas influían en los presupuestos municipales al no introducir variaciones salariales.

El acuerdo fue recurrido por el delegado del Gobierno en Aragón, el popular Gustavo Alcalde, siguiendo las consignas de su partido en Zaragoza. El Gobierno central, también popular, paralizó el acuerdo cautelarmente.

Pero el cambio de gobierno trajo consigo la modificación de las medidas presupuestarias de Montoro y la posibilidad de establecer esa jornada laboral de 35 horas semanales, que ha vuelto a entrar en vigor en septiembre de 2018. Por tanto, la sentencia del TSJA sólo afecta a las mejoras en permisos. “Esperamos que, con esta actuación, el Ayuntamiento de Zaragoza sea referente para otras empresas privadas de la capital aragonesa y de toda la región”, ha señalado el consejero de Zaragoza en Común, Alberto Cubero. “La buena gestión impulsada por este Gobierno (de Zaragoza) en materia económica y de personal nos ha permitido esquivar el recurso que impuso Gustavo Alcalde y aplicar políticas progresistas que recogen las aspiraciones y lo incluido en la negociación colectiva con los sindicatos”. También lamenta que “cuando llegó el PSOE le pedimos que retirara este y otros recursos ideológicos (como el recurso por el decreto contra paraísos fiscales), pero en nueve meses, la nueva delegada (la socialista Mª del Carmen Sánchez Pérez) no ha hecho nada al respecto”.

Ante esta decisión cabe recurso. Nos encontramos ante el mismo caso de Madrid, que también recurrió.

PP, PSOE y Cs, como casi siempre, se unen para exigir responsabilidades al Gobierno de ZeC. Es decir, se suman a la decisión del PP de eliminar la recuperación de derechos laborales de trabajadores municipales. Su política de ir reduciendo derechos laborales, en general, debería hacer recapacitar a las familias zaragozanas sobre la conveniencia de que los representen en las instituciones.

La segunda de las sentencias es la que declara “nulo de pleno derecho” el plan especial aprobado por PP, PSOE y Cs, a pesar del voto en contra de ZeC y CHA, para instalar el centro comercial Torre Village en los terrenos de la antigua Pikolín. Viene a decir que un plan especial no puede proceder a una recalificación de los terrenos saltándose el Plan General de Ordenación Urbana, pasando de mayoría industriales a mayoría comerciales (bastante más caros).

La decisión de PP, PSOE y Cs, de 24 de octubre de 2016, venía a ampliar un proyecto que surgió en 2015, cuando el Gobierno Belloch aprobó inicialmente el plan especial, unos días antes de que el PSOE fuera desalojado del gobierno. Una “recalificación a la carta”. Forzar la aprobación de un nuevo centro comercial en la ciudad española con más metros cuadrados de grandes superficies por habitante carece de lógica social, económica y medioambiental. Hay casi un m2 de gran superficie por habitante, lo que significa que toda la vecindad zaragozana cabe en sus centros comerciales.

Siempre dijimos que, además de ilegal, era negativo para los intereses de Zaragoza. Por este motivo, seguramente, sus gerentes estuvieron visitando a representantes políticos de los barrios y pueblos del entorno. Junto con organizaciones vecinales, comerciales, sindicales y políticas, se interpuso recurso contra esta aberración que tenía más de movimiento especulativo, que de un verdadero interés por generar economía para la ciudad. Conviene recordar que los terrenos pertenecen a la familia Solans, que terminó el traslado de Pikolín a Plaza a principios de 2017. Enseguida tiró sus naves y comenzó a construir otras. ¿Reutilizar, para qué?

Zaragoza “disfruta” de un centro comercial (Plaza Imperial) prácticamente abandonado y otros dos (Augusta y Aragonia) con escasa ocupación. Sólo Puerto Venecia parece que vive un buen momento. Construir un centro nuevo pudiendo reutilizar los existentes (como ha hecho Sambil con el abandonado M40 en Madrid) no tiene ninguna lógica, insisto. Los vientos de futuro que vienen de otros lugares como Madrid o EE.UU. no son nada halagüeños para los centros comerciales, que encuentran un gran enemigo en los cambios de hábitos por la crisis y por el comercio electrónico. En EE.UU. se prevé el cierre del 25 % de las grandes superficies en los próximos cinco años. Conviene, como mínimo, repensar el futuro del comercio antes de lanzarse a nuevos megaproyectos, tan del gusto tradicional de PP y PSOE.

Pero además, desde el punto de vista social, las grandes superficies son una hecatombe. Entre sus efectos negativos están la reducción del comercio local con el vaciamiento y oscurecimiento de las calles de la ciudad; la reducción de la economía local en favor de grandes empresas (mayormente extranjeras) que pagan pocos impuestos y se llevan los beneficios a otros países, habitualmente paraísos fiscales; la reducción de empleo, pues cada empleo creado en las grandes superficies elimina dos del comercio tradicional; la reducción de la calidad laboral, ya que el comercio local tiene un fuerte componente de autónomos, mientras que el empleo en centros comerciales domina el asalariado precario; el aumento de los desplazamientos, habitualmente en vehículo particular, un derroche energético, de tiempo y de contaminación; la creación de oligopolios de distribución y comercialización, pues unas pocas empresas controlan el mercado (algo imposible con multitud de autónomos y pymes), controlando calidad, variedad y precio de los productos; efectos negativos sobre terceros países como la esclavitud laboral o el expolio de recursos naturales, mucho más difíciles sin oligopolios; subidas de impuestos o recortes de servicios sociales por la disminución de ingresos impositivos procedentes del comercio, pues las grandes empresas pagan menos de la mitad que autónomos y familias; pérdida de soberanía económica, ya que las grandes empresas tienen su centro de toma de decisiones muy alejado de aquí y su reinversión es mucho menor que el de pymes y autónomos, cuyo ciclo monetario se produce en su entorno; potencia un modo de vida menos saludable, donde se pasea menos y se consumen más alimentos industriales y de peor calidad alimenticia.

La empresa Iberebro ha declarado que pretende seguir con sus planes, mostrando muy poco aprecio a las decisiones judiciales cuando no le son favorables. Y, parece, el Gobierno de Aragón estaría en la misma línea, pues continúa con el proceso de aprobación de la licencia comercial así como el mantener la declaración de interés autonómico que concedió a Torre Village (otorgada por el inusual silencio administrativo positivo) lo que permite a la empresa agilizar y reducir la tramitación administrativa e, incluso, iniciar las obras de construcción antes incluso de obtener la licencia comercial. En un caso como este, en el que existía una fuerte sospecha de ilegalidad urbanística, es también sospechosa la actitud del gobierno socialista aragonés facilitándola.

Pese a las argumentaciones en medios, convenientemente amplificadas por estos, los partidos neoliberales (PP, PSOE y Cs, a los que ahora se suman los macho-liberales) sólo tienen un destino. Dicen que pretenden mejorar la economía para mejorar el empleo, pero siempre acaban consiguiendo engordar las cuentas de las grandes empresas (y las suyas personales) a costa del resto de la población. Y es que la riqueza ni se crea ni se destruye, cambia de manos; y ellos (como los forajidos Paul Newman y Roberd Redford en Dos hombres y un destino) tienen muy claro en qué manos la quieren.

En pocos días se han hecho públicas dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que afectan al Ayuntamiento de Zaragoza y, por consiguiente, a la vecindad de la ciudad.

La primera de ellas fue la decisión de anular el convenio firmado en 2016 entre Ayuntamiento y sindicatos para la recuperación de derechos laborales de los funcionarios municipales, que incluía el retorno a la jornada laboral de 35 horas semanales. Este acuerdo se enfrentaba con dos escollos. Uno era la ley de presupuestos de 2012 de Montoro que la establecía en 37,5 horas. El gobierno del PP pretendía constreñir competencias municipales para evitar, teóricamente, que no se endeudaran más. Aunque la práctica ha demostrado que pretendía impedir que los ayuntamientos tomaran medidas que pudieran paliar los efectos de los recortes del Gobierno central, ya que siguió vigente años después, con muchos ayuntamientos en superávit, como Madrid o Zaragoza, que contrastaban con un Gobierno central cada vez más endeudado, a pesar de las políticas de recortes.