Gobierno de Aragón, Ibercaja y Bantierra acaban en el Supremo por la crisis del Real Zaragoza
El Gobierno de Aragón, el banco Ibercaja y la caja rural Bantierra han acabado en el Tribunal Supremo en su pleito por la ejecución del aval que el primero, con autorización de las Cortes autonómicas, otorgó al Real Zaragoza para que este contratara un crédito de ocho millones de euros que la compañía deportiva dejó de devolver al declararse insolvente en 2011.
Las entidades financieras han recurrido ante el Supremo la sentencia de la Audiencia de Zaragoza que, como antes hizo el Juzgado de Primera Instancia número 14, concluye que un acuerdo entre ellas y las empresas de Agapito Iglesias provocó a la comunidad autónoma un “perjuicio que no se puede negar (…), sino que, al contrario, se puede cuantificar en la cantidad fijada en la sentencia de 2.888.888,86 euros en cuanto que es el importe en el que el préstamo puede ser reducido y con ello la responsabilidad derivada del aval”.
La sentencia de la Audiencia, que se traduce en la obligación de devolver al Gobierno autonómico 1.383.129,38 euros, condena a Ibercaja y Bantierra a asumir las costas del pleito, lo que les supondrá el pago de en torno a 290.000 euros.
La historia se remonta al 29 de marzo de 2004, cuando el Real Zaragoza formalizó tres créditos de ocho millones cada uno con Ibercaja, la CAI (absorbida años después por la anterior) y Bantierra, a devolver en doce años.
El interés público y los intereses privados
“En la autorización para prestar el aval consta que la finalidad del préstamo es sanear su situación, y que para ello concurrían los bancos prestamistas, avalistas y el Gobierno de Aragón, en unidad de operación con una finalidad de interés público”, señala la Audiencia.
Ese “interés público” en el saneamiento de una empresa privada que opera en el negocio del fútbol profesional, que dos años después cambiaría de manos y que antes de que pasara un lustro caería en una crisis de la que aún no ha salido, llevó a la comunidad autónoma a avalar uno de los tres créditos. Otro fue una hipoteca sobre la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, mientras el tercero era avalado personalmente por Alfonso Soláns júnior, presidente y principal accionista de la compañía deportiva en aquella época.
En noviembre de 2006, tras comprarle Agapito Iglesias a Soláns Zaragoza Sport Arena Siglo XXI (que sigue controlando), este último préstamo, con un plazo de devolución de doce años como los otros dos, pasó a ser avalado por el constructor soriano y sus empresas Codesport y Zaragoza Plaza Center, la primera liquidación y la segunda en concurso.
En abril de 2011, antes de que hubieran pasado cinco años, y cuando solo faltaban dos meses para que el Real Zaragoza se declarara insolvente y presentara concurso de acreedores, Zaragoza Plaza Center “vendió a las entidades bancarias determinado derecho de vuelo por el precio de 13.500.000 euros con el compromiso de pagar, entre otros, lo adeudado” en ese crédito, que se canceló el 27 de ese mes “mediante la aplicación del precio de la venta”. La empresa constructora pasaba así a convertirse en acreedora de la compañía deportiva por esos ocho millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno de Aragón sostiene, y los tribunales le han dado la razón en dos ocasiones, que esa “amortización voluntaria anticipada se hizo con incumplimiento y en fraude de determinadas estipulaciones del contrato de préstamo y en perjuicio” de la comunidad autónoma.
La nueva fe, los usos y la ley
“Los tres préstamos tuvieron un origen o motivo común, como fue salvar al Club Real Zaragoza, para lo que se involucraron tanto el Gobierno de Aragón, como las entidades bancarias, como el mismo club (sic)”, indica la Audiencia, que recuerda cómo esos contratos obligaban a las entidades financieras a “amortizar por el mismo importe los tres préstamos, sin que se pudiera amortizar voluntariamente uno sin amortizar los otros”.
Sin embargo, el dinero de la venta del inmueble no fue entregado a Zaragoza Plaza Center, sino “aplicado al pago de préstamo [avalado por Iglesias y sus empresas] por acuerdo previo de prestamistas y fiador solidario y con la finalizad de liberar esa fianza”, mientras el aval de la comunidad autónoma quedaba al margen de la operación.
“Los contratos obligan no solo a lo expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”, indica el tribunal, que considera ese precepto “aplicable especialmente en este caso, cuando todos los contratos de 2004, préstamos y garantías, obedecieron al mismo fin (salvar al Club deportivo de sus dificultades económicas)”. Lo contrario, añade, “dejaría en manos del prestamista y beneficiario del aval el fijar cuantitativamente el incumplimiento del prestatario y con ello la obligación a cumplir por el avalista”.
“Resulta imposible cumplir los compromisos de pago”
La comunidad autónoma pagó 3.827.573,86 euros para cubrir las cuotas de devolución que no atendía el Real Zaragoza entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, cuando el actual ejecutivo PSOE-Cha suspendió los desembolsos poco después de que el anterior, PP-Par, hubiera presentado la demanda que abrió el pleito.
Esos casi cuatro millones de euros pasan a ser deuda subordinada, como ocurrió con los ocho millones de Zaragoza Plaza Center, en el concurso de acreedores del Real Zaragoza, según recoge el último informe remitido por los administradores concursales al Juzgado Mercantil número 2 de la capital aragonesa.
En este caso, al optar la comunidad autónoma por los avales participativos, esa deuda, hasta el máximo de 5,11 millones a los que ha quedado reducido el compromiso, sería convertible en capital social si la compañía deportiva logra saldar su deuda ordinaria de 73,4 millones, algo que deberá comenzar en ocho plazos anuales de los que el primero vence el próximo 2 de julio. Se trata de una cifra superior a los 4,5 millones de capital social del Real Zaragoza, lo que convertiría a su titular en el accionista mayoritario.
El Real Zaragoza lleva ya dos temporadas dando beneficios que suman 2,7 millones. Sin embargo, los administradores advierten de que esas cifras y el hecho de seguir el Segunda División cuando llega el momento de comenzar a liquidar las deudas pone en riesgo la continuidad de la empresa: “resulta imposible cumplir los compromisos de pago que establece el convenio [con los acreedores] (…) en Segunda División, salvo que aparecieran nuevas fuentes de financiación”.
Algunas van apareciendo: el Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo estadio municipal de La Romareda utiliza a cambio de un escueto alquiler, aprobó a final de año una subvención de 800.000 euros para la empresa deportiva por su promoción de la ciudad, y la Diputación Provincial, tras unos años aportándole un millón de euros, también por motivos promocionales, ha reducido esa cifra a 726.000.
