Los afectados por el parque solar en la Huerta de Movera llevan a la Fiscalía la gestión municipal en el proceso judicial

La Plataforma en Defensa de la Huerta de Movera ha solicitado a la Fiscalía que investigue la sentencia que pone en peligro la huerta de Movera al anular la moratoria del Ayuntamiento de Zaragoza para frenar la instalación de renovables en estos terrenos.

La sentencia, emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, puso de manifiesto “errores y negligencias” por parte del Área de Urbanismo y determinó que el silencio administrativo debía entenderse como positivo, por lo que se avalaban las licencias que solicitó la promotora de la planta fotovoltaica Clarita, así como cualquier otra promotora que hubiese solicitado en ese periodo.

La noticia de la Fiscalía trascendió minutos antes de que el consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, cancelara “por motivos de agenda” la atención a los medios que tenía prevista para hablar del plan especial de obras en la avenida de César Augusto.

Los afectados consideran que esto va a tener “un alto impacto medioambiental en un espacio protegido como es la Huerta de Movera” y piden que se investigue al considerar “que el uso de la fórmula de silencio administrativo empleado por el Área de Urbanismo, tanto en el recurso presentado por la promotora a la moratoria dictada por el consejero Víctor Serrano, así como en la denegación de licencias por silencio administrativo, ha favorecido enormemente a los intereses de las empresas promotoras”.

Desde la Plataforma exigen que “se depuren responsabilidades” por estos “errores ya hayan sido por dejaded, negligencia o intencionados, ya que esta sentencia pone en peligro seriamente el suelo de regadío de protección especial y los daños medioambientales, sociales y económicos derivados de esta serán irreparables”.

Clarita es un parque fotovoltaico con una superficie de 13,5 hectáreas, que prevé un despliegue de 10.080 módulos fotovoltaicos y una potencia de 5,7 MW. Y no es el único: en el entorno hay proyectados hasta cuatro instalaciones más (El Perdigal, el Tumbo, Campos de la Ordana y El Lugarico) que abarcan un total de 47 hectáreas.

En mayo del año pasado, Urbanismo decretó la paralización por seis meses en la concesión de licencias municipales a la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en la huerta de regadío zaragozana. Sin embargo, la sentencia considera que el consistorio desestimó por silencio administrativo el recurso de reposición contra esta resolución por parte de la promotora, al igual que con la licencia urbanística y la licencia ambiental. El juez considera que, en vez de invocar la inadmisibilidad del recurso por parte de la promotora -al no haber acto administrativo recurrible debido a la moratoria- como causa, lo que hace es instar a su desestimación.

Por todo ello, la sentencia considera que el Ayuntamiento no resolvió ninguna de las tres solicitudes planteadas por la empresa y que, con la Ley de Procedimiento Administrativo en la mano, la suspensión del otorgamiento de licencias quedó sin efecto el 15 de julio, un mes después de que se presentara el recurso de reposición.

Desde Zaragoza en Común, el concejal Suso Domínguez ha dado su “apoyo al paso dado por los vecinos y vecinas en defensa de la huerta” y ha considerado “necesario que se aclare si desde el gobierno municipal se dieron los pasos suficientes para la defensa de los intereses municipales”. “No entendemos cómo, ante un asunto tan importante, puede darse un silencio administrativo que acabe favoreciendo los intereses privados”, ha añadido Domínguez.