El Pacto del Agua de Aragón: 25 años en tela de juicio
El Pacto del Agua, el acuerdo con el que el Aragón oficial marcó en 1992 su hoja de ruta teórica en materia hidráulica, cumple este viernes 25 años. Y los cumple en tela de juicio, pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su vigencia y sobre quién tiene potestad para gestionarlo.
El histórico acuerdo que el 30 de junio de 1992 tomaron por unanimidad unas Cortes de Aragón formadas entonces por PSOE, PP, PAR, CDS e IU es el origen de la reserva de agua que, a propuesta de los negociadores populares, las Cortes de la legislatura 2004-2007, de las que habían desaparecido los centristas y a las que había llegado CHA, introdujeron en la última reforma del Estatuto.
La quinta disposición adicional de esa ley, apoyada por PSOE, PP, PAR e IU y ante la que CHA se abstuvo en las Cortes para oponerse en el Congreso tras su revisión en la Comisión Constitucional, recoge la existencia de “una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos” procedente de “la resolución de las Cortes de Aragón de 30 de junio de 1992”, aunque remite para su gestión y materialización a “la planificación hidrológica”, que es una competencia estatal.
Una cifra mítica
Esa cifra mítica de 6.550 hectómetros cúbicos procede de la suma de otras tres. El grueso procede de los 4.260 de capacidad que, embalse muerto y zonas aterradas incluidos, suman los pantanos construidos en la comunidad. Otros 1.440 los sumaban una serie de obras incluidas en el anexo del plan, aunque de ellos hay que restar 946 tras los descartes de Jánovas y Torre del Compte, el recorte de la cota de recrecimiento de Yesa y el cambio de Santaliestra por San Salvador, a expensas de que el Biscarrués de 192 quede reducido a 35, a 52 o a nada.
Es decir, que los 1.440 hectómetros previstos para nuevas obras hace un cuarto de siglo han quedado reducidos a entre 708, si Biscarrués llega a ser ejecutado con las dimensiones que ahora propone el Ministerio de Medio Ambiente, y 656 si esa obra decae y La Galliguera, el principal destino de turismo activo del Pirineo central con 80.000 visitas anuales, sobrevive.
La cifra final depende también de que el Gobierno halle soluciones para otras presas cuya viabilidad queda cuestionada por problemas geológicos, como Yesa y Montearagón, o por conflictos legales, como Mularroya,
Como una quimera sin ubicación
Los 850 hectómetros que completan la cifra mítica de 6.550 no tienen ubicación ni destino. Constituyen la llamada “reserva estratégica”, y se encuentran formalmente distribuidos entre las juntas de explotación del Eje del Ebro y del Bajo Ebro, aguas debajo de Mequinenza, en el Plan Hidrológico del Ebro. En la práctica, esa situación legal equivale a que los pantanos de El Grado y de Mediano fueran una quimera carente de ubicación.
A esa reducción material se le une ahora las sombras de ilegalidad que el Gobierno de Mariano Rajoy ha proyectado sobre su regulación legal: el ejecutivo tiene recurridos ante el Tribunal Constitucional el grueso de los artículos de la Ley de Aguas y Ríos autonómica, que regulan la reserva hídrica y que otorgan a Aragón su gestión. El tribunal, no obstante, levantó a finales de diciembre la suspensión de oficio de cinco meses que había dictado sobre esos preceptos.
Pese a las novedades surgidas en los últimos 25 años, y a tratarse de un plan que obviaba prácticamente las cuestiones medioambientales que hoy constituyen el eje de la política comunitaria, el Pacto sigue siendo enarbolado por una parte del Aragón oficial cuando surge el debate de los trasvases.
Mientras tanto, el paso del tiempo va sumergiendo en el olvido algunos detalles de su historia: pocos parecen recordar que el Pacto del Agua fue, precisamente, la excusa absolutoria en la que Josep Borrell y Felipe González, primero, y Jaume Matas y José María Aznar, después, fundamentaron la argumentación de sus proyectos macrotrasvasistas al litoral mediterráneo.
