Al Gobierno, el proceso de descentralización de organismos públicos estatales como una herramienta más para combatir la despoblación le está generando un buen dolor de cabeza. El anuncio de que Sevilla era la ciudad elegida para albergar la Agencia Espacial Española, tras superar a una veintena de ciudades que también se presentaban como candidatas, ha provocado una catarata de críticas de ciudades y comunidades autónomas que se sienten agraviadas. En Aragón crece la indignación por momentos, especialmente tras la publicación en el BOE de los argumentos escogidos para elegir Sevilla y dejar fuera de la carrera a Teruel, que había presentado un proyecto en el que se habían volcado todas las instituciones y agentes sociales.
Una de las cuestiones que más ha soliviantado a los partidos e instituciones aragonesas es que se haya valorado la despoblación (la cuarta ciudad de España con más de 680.000 habitantes y un área metropolitana que no para de crecer y supera el millón y medio de habitantes) como un criterio a favor de llevar a Sevilla esta sede. Teruel, que ha perdido la mitad de su población en un siglo, tan solo cuenta con 35.000 habitantes y su provincia no llega a los 150.000. Sin embargo, su candidatura fue definida por el Gobierno como “deficiente”, y valoró negativamente el dossier presentado por la candidatura aragonesa. En algunos casos, con argumentos que han soliviantado al Gobierno de Aragón, que ya ha anunciado que va a recurrir la decisión del Consejo de Ministros. También Teruel Existe está estudiando nuevos recursos judiciales, después del que ya presentó en la sala del contencioso administrativo de la Audiencia Nacional solicitando la suspensión cautelar de la orden ministerial que regulaba los criterios para elegir sede (que excluían de facto a Teruel y según la formación incumplía un artículo de la Ley de Ciencia) y que ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional.
El enfado en el Gobierno de Aragón y los partidos que lo conforman es notorio. También en la alcaldesa de Teruel, en este caso del PP, aunque los populares han mantenido una posición más equidistante ya que a nivel nacional se decantaron tácitamente por llevar la agencia a Sevilla, capital de una comunidad gobernada por ellos. Desde el presidente del Gobierno de Aragón, a la consejera de Ciencia, a las cuatro formaciones que conforman el Ejecutivo (PSOE, Podemos, PAR y CHA) se han sucedido las reacciones críticas a la decisión adoptada por el Gobierno central.
Por un lado, el párrafo que ha centrado gran parte de las críticas del Gobierno aragonés es el que justifica, en el BOE, la designación de Sevilla por estar afectada por la despoblación. Dice así: “Se aprecia que, aunque el área metropolitana está creciendo, la ciudad de Sevilla está perdiendo población. Las personas que abandonan la ciudad tienden a ser más jóvenes, lo que a su vez causa un proceso de envejecimiento en la localidad. Sevilla es la única de las cuatro mayores ciudades españolas cuya población ha decrecido en los últimos diez años. Se considera que la elección de Sevilla como sede de la Agencia podría contribuir a revertir este fenómeno en un plano cuantitativo. Desde un punto de vista cualitativo, además, esta elección serviría para crear empleo orientado a personas de edades más jóvenes y a atraer talento de colectivos con altos niveles de formación. Estos factores tendrían un efecto muy beneficioso en Sevilla y en el conjunto de Andalucía”.
Pero no solo es este el punto que ha irritado a los dirigentes aragoneses. También ha sentado mal y se considera inexacto el argumento empleado para descartar a Teruel como posible ubicación de la agencia: “La candidatura de Teruel presenta como sede provisional plantas de un edificio compartido del Gobierno regional en Teruel, sin especificar las características de seguridad, físicas o adecuación de los espacios, así como la cobertura por parte de la candidatura de los gastos correspondientes. La ciudad no tiene una presencia notable del sector, ni instituciones de investigación relacionadas con el mismo. La ciudad no presenta conexiones internacionales aéreas a los destinos identificados y deberían de realizarse a través de aeropuertos a más de una hora de la sede”. Ha sido el director general de Investigación, Ramón Guirado, quien ha anunciado el recurso que presentará el Gobierno de Aragón tras considerar que el proceso de selección ha sido “un paripé” y se ha evaluado de forma “torticera” la candidatura turolense. Por un lado, se asegura que no se ofertaba un espacio compartido con el Gobierno de Aragón, sino dos inmuebles: dos plantas en la Delegación del Gobierno de Aragón y unas instalaciones independientes en el espacio conocido como la Casa Blanca. Asimismo, denuncia que en 12 páginas del dossier de la candidatura, que se puede consultar en la página web www.aragoninvestiga.es, se detallan todas las infraestructuras relacionadas con la aeronáutica y la investigación del espacio que se encuentran en la provincia. Todo esto lleva a Guirado a la conclusión de que “no se han leído el documento”. Por todo ello, Guirado es tajante: “Si esto era un examen, la corrección es más que dudosa. La decisión parecía estar precocinada desde hace meses, y por ello no podemos compartirla. Llevaremos a los tribunales el resultado del proceso, no solo por justicia, sino también por transparencia y responsabilidad”.
De hecho, la sensación de paripé es compartida por todos los agentes aragoneses, que consideran que la presión política ejercida por la vicepresidenta del Gobierno central, María Jesús Montero, ha sido fundamental para llevar a su ciudad la agencia. Hace meses que se intuía que Sevilla era el lugar escogido. Hay un dato que no ha pasado inadvertido en algunos círculos: hace un año, el Gobierno publicó las ciudades que albergarían reuniones sectoriales durante la presidencia de la Unión Europea, que le corresponde por turno a España el próximo semestre. Y en el listado aparecía Sevilla como la elegida para reunir a los ministros de los 27 que se encargan de la política aeroespacial. Hoy, nadie en Aragón cree que fuera una casualidad, y consideran que la decisión de que Sevilla acoja la sede se había tomado mucho tiempo antes de iniciar este proceso que no ha contentado a nadie.