Con al argumento principal de que no es competencia de la Diputación, PP y PAR volvieron a dejar pasar una buena oportunidad para demostrar que tienen algún interés en que se cumpla la Ley de Memoria Histórica. Ambas formaciones votaron en contra de que la Diputación Provincial de Teruel (DPT) dedicara una partida, en los presupuestos de 2017, para el cumplimiento de esta normativa de 2007.
La propuesta, que partió de Grupo Ganar, se rechazó ayer en el Pleno de la institución por 13 votos en contra (los del PP, que tiene nueve diputados, aunque uno de ellos no asistió a la sesión; y los cinco del PAR) y 11 a favor (PSOE –ocho diputados-; Ganar –dos-, y CHA –un representante-).
La decisión no ha sido una sorpresa para los proponentes. Sobre todo después de leer en el Diario de Teruel del pasado domingo, las declaraciones del presidente de la DPT, Ramón Millán (PAR): “Hay cosas más importantes que cambiar las placas de los nombres de las calles, además no es un cometido de la DPT, nuestro cometido es velar por los 236 municipios y sus infraestructuras”. El aragonesista dijo estas palabras en las jornadas El futuro de nuestros municipios, ciudades y territorios a debate.
Cambio de última hora que no sirvió de nada
La propuesta de resolución contenía cuatro puntos: el primero el de incluir una partida “para asociaciones y otro tipo de entidades sin ánimo de lucro que trabajen en la provincia de Teruel en la elaboración de inventarios, símbolos, monumentos, placas, inscripciones y denominaciones de calles, plazas y edificios relacionados con el franquismo y la dictadura militar, de fosas comunes conservadas o identificadas, de obras y edificios construidos por presos políticos mediante trabajos forzosos, así como todos aquellos otros aspectos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica”. Este es el texto definitivo, en el anterior se incluía a los ayuntamientos junto con las ‘asociaciones y otro tipo de entidades sin ánimo de lucro’.
Finalmente, y con la confianza de que el PAR pudiera virar su voto, desde Ganar decidieron sacar a los Consistorios y redactar un punto 2 que quedó así: “Los ayuntamientos podrán destinar a la actividad referida en el apartado anterior cantidades de la asignación del fondo de concertación que reciban de la DPT”.
En el tres se pide a la Diputación que recuerde a ayuntamientos, administraciones y organismos públicos y privados la obligatoriedad de dicha ley y, el cuarto y último punto, se refiere la creación “de una comisión con representantes de todos los grupos políticos de la Diputación Provincial de Teruel para el control y supervisión de todo lo referido en los puntos anteriores”.
Se recuerda en el texto que en la provincia de Teruel “todavía hay muchos pueblos que conservan monumentos, inscripciones, placas y nomenclátor urbano en homenaje o memoria de la sublevación militar o de personajes relevantes de la dictadura franquista”.
Del mismo modo, existen “fosas comunes con represaliados de ambos bandos de la última Guerra Civil que no han sido debidamente protegidos e identificados, así como obras realizadas por prisioneros políticos mediante trabajos forzados”