Esmeralda Pastor y Jorge Valero, los dos directores generales del Gobierno de Aragón que divulgaron en sus redes sociales mensajes de exaltación franquista, continuarán en su puesto después de que los haya ratificado el propio presidente de Aragón. Los pactos globales que mantiene el PP con Vox a nivel nacional, a escasas horas de una reunión entre sus líderes estatales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y de que se selle definitivamente el acuerdo entre ambas formaciones para gobernar Murcia, son determinantes para que los dos aragoneses se mantengan en el cargo.
Tras la negativa de Vox a relevar a ambos por unas declaraciones que forman parte del ideario de la formación ultraderechista, si el PP hubiera decidido tomar la iniciativa habría supuesto una crisis entre dos formaciones en un momento clave de su relación, ya que los populares los necesitan para intentar la más que fallida investidura de Núñez Feijóo como presidente del Gobierno y para evitar la repetición electoral en Murcia.
Ninguno de los dos partidos quiere una crisis en una comunidad autónoma antes de empezar una legislatura en la que van a compartir gobiernos en cinco autonomías y en alrededor de 150 municipios. La posición de Abascal es rotunda y ha sido determinante para que no se haya tomado una decisión drástica contra los dos directores generales aragoneses, a pesar de la incomodidad que pueda suponer al PP tener en sus filas directores generales que exhiban públicamente su simpatía por el franquismo. Ya asumieron que Vox designara presidenta de las Cortes de Aragón a otra dirigente, Marta Fernández, que también había mostrado en público posiciones extremistas contra el feminismo y las vacunas.
Un peaje por gobernar con Vox
Azcón ha justificado en declaraciones a Radio Zaragoza el mantenimiento en el cargo de ambos directores generales, argumentando que las manifestaciones de estos dos responsables públicos son anteriores al ejercicio de su cargo. La decisión del presidente aragonés, que ya ha recibido la felicitación de Santiago Abascal por mantenerlos, es el peaje de gobernar en coalición con Vox, partido de ultraderecha que, ya sea en redes o en actos públicos, ha justificado el régimen franquista y la dictadura.
No es la primera vez que un Ejecutivo aragonés se enfrenta a crisis de este tipo por las manifestaciones públicas o posiciones ideológicas de algunos de sus responsables públicos, pero, a diferencia de este caso, acabaron con la dimisión de sus protagonistas. Su conducta poco ejemplarizante terminó en cese o dimisión, aunque no contravinieran una ley como sí ocurre en este caso, ya que los mensajes difundidos por Pastor y Valero vulneran la Ley de Memoria Histórica. El Gobierno de España, de hecho, ya ha anunciado su intención de abrir un procedimiento contra ellos. Una ley que, en su dimensión autonómica, tanto el PP como el Vox tienen intención de derogar, con lo que no tendrá ningún reproche administrativo en Aragón hacer apología del franquismo.
En más de una ocasión, en la anterior legislatura, tanto la actual diputada autonómica Carmen Herrarte como la actual alcaldesa, Natalia Chueca, dieron “me gusta” en sus redes sociales a un proverbio de la propaganda franquista de los años 40 en el que se decía “tiempo de rojos, tiempo de hambre y piojos”, como ha denunciado en alguna ocasión tanto Podemos como Zaragoza en Común.
No llegó a tomar posesión de su cargo, hace ahora cuatro años, el director general de Administración Electrónica y Sociedad de Información del Gobierno cuatripartito del PSOE, PAR, Podemos y CHA, Bruno Pérez Juncá. Este experto perito judicial informático forense fue nombrado por la consejera Maru Díaz fue cesado nada más conocerse que había colaborado unos años antes con el independentismo catalán. Haberse mostrado partidario del referéndum en Cataluña, y sus manifestaciones públicas en favor del “derecho a decidir” acabaron con su marcha sin ni siquiera tomar posesión. En su caso, bastó con haber colaborado en un encendido de velas un año antes en favor del referéndum para que no ostentara su cargo en la Administración autonómica. Ni su contrastada valía profesional ni haber participado en esos actos con anterioridad a su nombramiento le valieron para ser cesado incluso antes de tomar posesión.
Unas declaraciones muy desafortunadas en plena crisis del covid pasaron factura inmediata a la consejera de Sanidad de ese Gobierno, Pilar Ventura, por encima de su gestión y las dificultades que podían suponer su relevo en un momento de máxima tensión en el sistema sanitario. En una comisión de Sanidad en las Cortes de Aragón, el 8 de mayo de 2020, Ventura indicó: “En principio hubo un momento de problemática y los profesionales se pusieron a fabricar o adaptar materiales por sí mismos, algo que en principio se les permitió porque se vio que de alguna manera incluso era un estímulo, y se sintiesen colaborando los profesionales ante la dificultad del Sistema Sanitario de Aragón, España y de todo el mundo por las dificultades de los Epi’s”. Sus declaraciones causaron una catarata de reacciones de indignación por parte del personal sanitario, y cuatro días después dimitió. O se forzó su dimisión, pues el presidente de Aragón, Javier Lambán se negó a cesarla y defendió su gestión, aunque esta no fue suficiente para que un exceso verbal acabara con la carrera política de la veterana dirigente socialista.
Dos años después, otro alto cargo del Gobierno aragonés dimitió al ser detenido por agentes de la Unidad de Familia y Mujer tras recibir una denuncia por acoso de su expareja de la que se hizo eco un medio de comunicación aragonés. Se trataba del director general del Instituto Aragonés de Empleo, Raúl Camarón. En sus redes sociales, defendió su inocencia y se consideró víctima de un “linchamiento”. Tras negarse a declarar en el juzgado y ser puesto en libertad con una orden de alejamiento hacia su víctima, el Gobierno de Aragón anunció su intención de cesarlo, pero dimitió antes de que el cese fuera efectivo.
Estas tres dimisiones de cargos públicos autonómicos por actitudes o reacciones polémicas son las más recientes que se han producido en Aragón, aunque ha habido otras relacionadas exclusivamente por la actividad política. Sin remontarse a la década de los 90, en la que llegó a dimitir un presidente del Gobierno, José Marco, acorralado por numerosos escándalos judiciales, o la consejera de Educación del primer Gobierno de Marcelino Iglesias, María José Alejos Pita, por su gestión al frente del departamento; en los últimos años ha habido más dimisiones. Es el caso de varios directores generales del PAR en la pasada legislatura, por pérdida de confianza del entonces presidente del partido, Arturo Aliaga. Como anécdota, el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, exigió contundentemente la dimisión de Aliaga como vicepresidente del Ejecutivo aragonés tras la sentencia judicial en la que se admitía que el congreso del PAR en el que había sido elegido había tenido irregularidades. Una dimisión que no se hizo efectiva.
También tuvo sus crisis el último Gobierno autonómico dirigido por el PP, entre mayo de 2011 y 2015. Una se saldó con la dimisión del consejero de Hacienda, José Luis Saz. En este caso no se trató por una reacción extemporánea, sino por asumir las consecuencias políticas de su gestión, al no cumplirse el objetivo de déficit que había marcado el Gobierno de Aragón. También trajeron cola las declaraciones del director general de Cultura, Humberto Vadillo. Nada más conocerse su nombramiento, salieron a la luz unas declaraciones suyas en las que arremetía contra las subvenciones públicas al mundo de la cultura ya que los artistas que las recibían, a los que llamaba despectivamente titiriteros, podían caer “en la desmoralización y la corrupción”. Numerosos miembros de la cultura y la sociedad aragonesa firmaron un manifiesto exigiendo su marcha, que no se hizo efectiva.
Mientras el Gobierno de España abre un procedimiento contra los dos directores generales por vulnerar la Ley de Memoria Democrática, lo que les puede acarrear sanciones económicas de 10.000 euros, el Gobierno de Aragón ratifica a sus dos directores generales que han manifestado públicamente su apoyo a un régimen dictatorial, antidemocrático y anticonstitucional.