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El PSOE critica que el Plan 300 x 100 para extender la banda ancha de Rajoy ha pasado de “planazo a plantón”

Mariano Rajoy, el pasado 21 de marzo, en la presentación del Plan 300 x 100 en Teruel

Elisa Alegre Saura

Teruel —

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Ni son 300 megas –sino 100–; ni llegará a toda la población –incluyendo los núcleos más pequeños–, porque la implantación de la banda ancha se deja al criterio de las empresas privadas que mirarán la rentabilidad más que el número de vecinos. El PSOE en Teruel alerta así sobre las lagunas del Plan 300 x 100, anunciado por Mariano Rajoy el pasado mes de marzo, cuando era presidente del Gobierno, en una visita a Teruel, que ha pasado de “planazo a plantón”, en palabras de la secretaria general de los socialistas en Teruel, Mayte Pérez.

Según la formación, este plan, que prometía que en 2020 todos los núcleos de población de España tendrían acceso a Internet de alta velocidad a 300 megas, es “una quimera” y, en la práctica, dejará sin banda ancha a la mitad de la provincia de Teruel.

Los socialistas acogieron con escepticismo este plan del que poco se sabía más que la información oficial ofrecida en un gran acto en Teruel, ciudad elegida precisamente por el anterior gobierno por ejemplificar como pocas el problema de la despoblación que este plan venía a intentar frenar. Ese escepticismo se volvió crítica cuando conocieron los detalles del mismo a través del Boletín Oficial del Estado.

Así, Pérez critica que el plan consiste en “subvencionar a operadoras del sector” que invertirán “donde les sea más rentable” y, además, lamenta que Aragón reciba solo el 50 % de la subvención de las inversiones, al igual que otras regiones como Cataluña o el País Vasco, pero lejos del 80 % que recibirán Galicia o Murcia.

Denuncia los “criterios políticos” seguidos para ese reparto y que no incluyeran discriminaciones positivas para primar a los pequeños municipios“.

65.000 aragoneses fuera del plan

El PSOE detalla que del total de 525 millones con los que cuenta el Plan, Aragón sólo recibirá 18 millones, y que todo ello supone para Aragón dejar fuera del citado Plan a más de 65.000 aragoneses.

Buena parte de esos aragoneses que quedarían fuera son aquellos residentes en poblaciones de menos de 100 habitantes, porque son precisamente aquellos núcleos de población los que las operadoras no tienen interés en cubrir, denuncian, y eso afecta especialmente a la provincia de Teruel que se ve “nuevamente castigada por un macroanuncio”, denuncia Pérez.

Reprochan además que en la primera convocatoria publicada por el Ministerio solo se garantizan 100 Mps y no 300 como se anunciaron, y que el listado de zonas blancas que contemplaba el Ministerio de Industria dejaba fuera muchos núcleos de población en Teruel.

Las críticas cuando se anunció el plan también recriminaron que la Administración central no hubiera consultado a las otras instituciones más cercanas qué estaban haciendo en esta materia, y de este modo aunar esfuerzos. De hecho, el plan previsto por la Diputación de Teruel (gobernada por PAR-PP) para la extensión de la banda ancha a municipios se paralizó tras el anuncio, a la espera de saber qué iba a hacer el Gobierno central y no duplicar iniciativas. Y esa paralización supuso renunciar a fondos FEDER europeos concedidos para este fin, según explican los socialistas.

Con el cambio de gobierno en Madrid, el PSOE quiere modificar el planteamiento plasmado en la convocatoria de 2018, que está previsto que se resuelva en noviembre, tarde para la ejecución en este ejercicio, añaden.

En todo caso, el subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, explica que elaborarán una propuesta para remitir al Ministerio correspondiente en la que pedirán que se establezcan tramos para que la subvención a las operadoras sea mayor cuantos menos habitantes tenga el municipio donde se realice el proyecto. De este modo, apunta Morro, “las empresas apostarán por los núcleos más pequeños” en los que hay menos rentabilidad,

Además, critica también la diferencia de porcentaje que se subvenciona de cada proyecto establecida en función de la comunidad autónoma en lugar de la población que se beneficia de cada iniciativa. Morro espera que estas modificaciones puedan incluirse en la convocatoria del plan para 2019 para que de verdad sea una estrategia efectiva contra la despoblación.

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