PP y Vox pactan en Aragón derogar la ley de memoria, impulsar una sanidad público-privada y aplicar el veto parental

Veto parental, rebaja de impuestos, derogación de ley de Memoria Democrática o reforma de la ley trans. El acuerdo entre PP y Vox en Aragón llega con un profundo peso ideológico en el que se dejan ver algunos de los discursos tradicionales de la extrema derecha. La secretaria general del PP aragonés, Ana Alós, y el líder de Vox, Alejandro Nolasco, han presentado este viernes las líneas fundamentales del programa del Gobierno de coalición, en el que Vox tendrá dos consejerías.

El acuerdo incluye entre sus puntos principales la derogación de la ley autonómica de Memoria. Ambos partidos han cargado contra el texto actual en la presentación del acuerdo, tildándolo de ley ideológica. También sufrirá cambios la ley trans aragonesa. En este caso se plantea únicamente la “reforma”. El PP en su día votó a favor de esta ley, pero Alós ha planteado que trataron de modificar algunos aspectos.

El documento firmado entre PP y Vox en Aragón habla de violencia contra la mujer o discursos machistas, aunque también incluye referencias a la violencia intrafamiliar. Ana Alós, la portavoz de PP, ha dicho que no son excluyentes y que “igual que existe la violencia contra la mujer existe la violencia intrafamiliar contra niños o ancianos, por ejemplo”. El término igualdad en este ámbito no aparece en el documento, por lo que se desconoce si habrá algún organismo al respecto.  

El programa de Vox en Aragón contemplaba la eliminación de “organismos superfluos del sector público instrumental y todos aquellos entes que realicen funciones duplicadas o inútiles como el Instituto Aragonés de la Mujer y el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer”. Esta institución es un Organismo Autónomo adscrito al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón y trata de promocionar la igualdad entre ambos sexos.

Además, el programa acordado incluye que se inste al Gobierno a “identificar a los violadores que han salido en libertad por culpa de la ”ley del sí es sí“, poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse o se encuentre en nuestra Comunidad”.

El documento sellado este viernes incluye también un plan de ajuste fiscal importante que incluye al grueso de los impuestos cedidos que tiene la comunidad. Entre otras cosas, se plantea una bonificación del 99% de los impuestos de sucesiones y donaciones cuando se trate de hijos, padres, abuelos y cónyuges. Es una medida que se está repitiendo en todos los acuerdos entre PP y Vox. Ambos partidos abogan también por que se elimine el impuesto sobre Patrimonio, pero evitan bonificarlo de manera generalizada como en Madrid o Andalucía. Sí incentivarán las inversiones en empresas y elevarán el mínimo exento.

En Sanidad, el acuerdo contempla “auditoría de la capacidad operativa real de los hospitales aragoneses”, incluyendo para ello la exploración de la colaboración “público privada”. Respecto a la Educación, el nuevo Gobierno asumirá la aprobación del veto parental respecto a los contenidos extraescolares en los colegios. “Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares”, apunta el documento sellado este jueves.

El asunto candente del trasvase

El acuerdo entre PP y Vox incluye un punto en el apartado de Infraestructuras y Medio Ambiente en el que se habla sobre el desarrollo de las obras de regulación hidráulica “necesarias para garantizar la reserva hídrica estatutaria, la modernización y ampliación de regadíos, el suministro industrial y de boca y el uso eficiente de los recursos hídricos en las próximas décadas”. Nolasco ha dicho que este ha sido el único punto en común al que se ha llegado respecto a este tema y, por tanto, es la única referencia que aparece en este documento al respecto de la política hidráulica, cuando este ha sido un asunto candente durante toda la campaña, tanto autonómica como estatal. De hecho, el mismo Santiago Abascal habló de ello durante la campaña en Zaragoza, cuando dijo que están “a favor de una Política Hidrológica Nacional, de la interconexión de cuencas y a tantos trasvases como sean necesarios para que no falte el agua en absolutamente ningún lugar de España”.  

En todo momento el Partido Popular ha dejado claro que no apoyará un trasvase del Ebro, debido a los problemas de sequía que tiene la comunidad y a que no están construidos todos los embalses incluidos en el Pacto del Agua. Este asunto también fue uno de los impedimentos para que el Partido Aragonés (PAR) formase parte del Gobierno de la comunidad, ya que desde su fundación hace 46 años, ha tenido en la oposición a este trasvase la razón de su existencia. Ana Alós ha dicho en esta firma que una cosa es lo que los partidos tienen en los programas y otra lo que se establece en este acuerdo que, según ella, solo se aplica a la defensa de la reserva hídrica de Aragón y el impuslo de las obras “necesarias”.

El acuerdo incluye un apartado de “simplificación territorial”. Bajo ese término genérico, ambos partidos incluyen un abanico de medidas que van desde “identificar leyes ineficaces” a un informe que dictamine si hay “organismos superfluos”. “Inicialmente proponemos la disolución, dentro del gabinete de Presidencia, de los comisionados para la Agenda 2030 [una de las batallas ideológicas de la extrema derecha], Infancia y Despoblación”, apunta el documento. También incluye la “racionalización de las subvenciones a los agentes sociales y las ayudas al desarrollo”.

Tampoco falta la referencia a las ocupaciones de vivienda. “Desarrollaremos mecanismos de ayuda y asistencia a las víctimas de la ocupación”, señalan sin mayor concreción. Incluyen, eso sí, una petición al Gobierno central para desarrollar “las modificaciones normativas que posibiliten el desalojo exprés en 24 horas”. En el mismo apartado de vivienda y ocupación ilegal aseguran que se exigirá en “todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del Gobierno de Aragón la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento”.

El pacto entre PP y Vox ha despejado otra de las incógnitas que quedaban tras el 23J. Aragón era una de las últimas tres comunidades que no tenían Gobierno, junto con Murcia y Navarra. Ahora, Azcón incluye en su Gobierno a Vox pese a que trató de gobernar en solitario y alcanzar pactos con el PAR o Teruel Existe para sacar la investidura adelante. Sin embargo, la extrema derecha finalmente estará en el Gobierno con dos consejerías, una con rango de vicepresidencia. Se une así a la Comunitat Valenciana, Extremadura y Castila y León, como el cuarto Gobierno en el que entra Vox.

El PP ya le había cedido a Vox la presidencia de las Cortes hace unas semanas. Marta Fernández, que borró su historial en redes sociales plagado de mensajes de odio, asumió la dirección de la cámara autonómica, que en los próximos días tendrá que investir a Azcón como nuevo presidente aragonés, sucediendo al socialista Javier Lambán.

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