El campo y el hogar abonan el terreno de la explotación laboral en Aragón

La explotación laboral no es una cuestión ajena a Aragón. De hecho, un informe publicado esta semana por UGT contabiliza a lo largo del año en la Comunidad 36 casos con 62 víctimas, unas cifras que van en aumento si se comparan con las de otros años; aunque, como advierten desde el sindicato, solo son “la punta del iceberg”. El trabajo doméstico y de cuidados y la agricultura y la ganadería, así como la hostelería, son los sectores que acaparan la gran mayoría de estas situaciones, en las que el perfil tipo podría definirse como mujer joven, extranjera y en riesgo severo de exclusión social. Todo, en un contexto en el que destaca la sobrerrepresentación del medio rural como escenario de esta situaciones.

“No dejan de ser la punta del iceberg de una realidad que está presente en nuestra comunidad autónoma, que es la explotación laboral”, subraya el responsable del departamento de Migraciones de UGT Aragón, Antonio Ranera, sobre los datos que recoge el informe. De las 62 víctimas detectadas, 30 se empleaban en tareas del campo y 20 en el sector del trabajo doméstico y los cuidados.

Unas cifras que podrían sugerir que la agricultura y la ganadería son el principal foco, al acaparar casi la mitad de las personas afectadas. Sin embargo, Ranera pone su atención en las tareas domésticas y de cuidados, ya que, cuantitativamente, sería el sector que aglutina la explotación laboral. “En cada caso en la agricultura hay una pluralidad de víctimas”, explica; algo que contrasta con los trabajos en el hogar, en el que, “por cada caso, hay una”.

Sensación de impunidad

Estas realidades encuentran un contexto más favorable en el medio rural. Como expone el informe, titulado ‘Explotación laboral. Una realidad persistente en Aragón’, existe una “sobrerrepresentación” de este entorno, donde se concentran la mitad de los casos, si se tiene en cuenta su peso en la actividad socioeconómica y demográfica.

Como relata Ranera, en el medio rural “existen muchos menos espacios de apoyo y de referencia para denunciar”. De la misma forma, instrumentos como la Inspección de Trabajo llegan “con mucha menos potencia que en las ciudades”, relata. “Hay una sensación de impunidad que se refleja en los casos que afloran; es muy desproporcionado si lo comparamos con la población y la actividad económica”, resume el experto.

Un dato que destaca en el informe es el fuerte incremento de las víctimas mujeres, que pasan de las 20 detectadas el año pasado a las 35 de 2022, más de la mitad. Una feminización de la explotación laboral que encuentra razones en los sectores donde se produce, trabajo doméstico y cuidados, pero también en el campo. “Muchas veces se olvida que el 25% de las personas que trabajan en la campaña agrícola son mujeres”, recuerda Ranera.

Volviendo al perfil tipo, solo dos de los casos tenían nacionalidad española y el 31% de ellos se encontraban en situación irregular. Sobre esta cuestión, el responsable de UGT argumenta que, aunque es difícil precisar cuántas personas sin regularizar hay en Aragón, se puede estimar una horquilla que abarcaría entre un 7 y un 10% del conjunto de extranjeros. Por ello, ese 31% “multiplica por cuatro” su presencia. “Estar en situación irregular es un vector claro de estar en riesgo de ser explotado laboralmente”, concluye.

No obstante, también recalca la otra parte, ese 69% de personas explotadas que tenía los papeles en regla. “Lo fundamental es que la pobreza y la exclusión social son la gasolina que alimenta, sobre todo y ante todo, la explotación laboral”, asevera.

Por nacionalidades, el informe detecta que la mayoría de las víctimas, 24, tenían una nacionalidad de la Unión Europea (sin contar España) y 23 de un país de centro o Sudamérica, mientras que 8 eran de procedencia norteafricana y 5, subsaharianas. El campo concentraría los casos procedentes de la UE, mientras que los sectores del empleo doméstico y cuidados y la hostelería lo haría con las personas de origen americano.

Una foto cada vez más nítida

Aunque los datos presentados este año suponen un incremento destacable respecto de los del informe del año pasado, cuando se detectaron 26 casos y 41 víctimas, o de los del año 2008 (8 y 13, respectivamente), Ranera considera que este aumento, más que constatar una realidad creciente, lo que hace es acercarse más a al problema, logrando una foto cada vez más nítida.

“Somos plenamente conscientes de que es una parte ínfima de la realidad de la explotación laboral en Aragón”, destaca el encargado de Migraciones de UGT Aragón, quien observa que estos casos van en aumento, entre otras cuestiones, porque la red de contactos del sindicato se consolida y porque está funcionando “el boca-oído de las anteriores víctimas”.

A esta organización llegan, cuenta, “en una situación muy vulnerable”, en muchas ocasiones, cuando ha concluido la relación laboral y “se sienten engañados”. Explica, además, que normalmente estas personas trabajan en localidades que no son su domicilio habitual, en un entorno en el que a veces “se sienten presionados o intimidados”.

“Un suplicio tremendo”

Cristina (nombre ficticio) es uno de estos casos. Procedente de un país latinoamericano, estuvo trabajando tres años como empleada doméstica en un dúplex ubicado en una localidad aragonesa. Lo hizo en situación irregular, con jornadas que podían llegar a las 10 horas, sin vacaciones pagadas, pagas extra ni cualquier otra prestación y un salario que no se correspondía a sus labores. “Eran muchas horas de trabajo y no estaba bien remunerada”, destaca.

Cuenta que, además, aceptó este trabajo rechazando otra oferta en Madrid, en la que le aseguraban que en dos años le ayudarían a regularizarse, porque se comprometieron a darle las mismas condiciones que en la capital del país. Condiciones que incluían cuestiones como pagas extra o vacaciones. “Como me prometió que me lo iba a igualar, no me moví, le creí”, explica.

Sin embargo, lo ocurrido no se correspondió con lo pactado: “Cuando pasaron ya los 3 años y le dije que ya estaba en tiempo y forma y si me iba a ayudar, lo que me gané fue el despido”, relata Cristina.

“Fui engañada porque me quedé con la esperanza de que iba a cumplir al menos esa parte, la de que me iba a ayudar a regularizarme; pero no, ninguna de las condiciones por las que me quedé cumplió”, se lamenta.

Tres años de trabajo que supusieron “un suplicio tremendo” para esta mujer, que incluso llegó a ir enferma a trabajar. “En ninguna casa, nunca, he trabajo como ahí”, asevera.

La situación de vulnerabilidad que atravesó esta víctima tiene reflejo en el hecho de que desconocía que podía encontrar ayuda en, por ejemplo, organizaciones sindicales. “Estaba sola, el temor me invadía muchísimo y mi miedo era a que me deportaran o a que me metieran presa”, indica.

Sin embargo, tras contactar con UGT pudo sacar su caso adelante y ahora ya se encuentra en los trámites finales para su regularización en España. “Estoy absolutamente agradecida”, afirma tras haber dado el paso de denunciar, lo que significó que se reconociera la relación laboral que abría el camino a su documentación en el país.

Preguntada por si recomendaría que se atrevan a denunciar a otras personas que se encuentren en una situación similar, Cristina no duda: “Ciento por ciento”, subraya. “Tenía mucho miedo, pero que no nos paralice el miedo, existen organizaciones que nos ayudan y que apoyan al trabajador”, concluye.