La desidia de los gobiernos deja en el Pirineo 120.000 toneladas de residuos tóxicos

Inquinosa, la empresa que enterró en el Pirineo decenas de miles de toneladas de residuos tóxicos que desde hace décadas contaminan la cuenca del río Gállego, no podía estar a menos de dos kilómetros de Sabiñánigo ni a menos de un kilómetro de un curso de agua. Eso iba contra las normas del propio franquismo, aunque la Comisión Técnica Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Sabiñánigo autorizaron en 1974 la instalación de la factoría junto al casco urbano y cerca del cauce. Durante más de una década produjo lindano saltándose las normas ambientales y sin que ninguna institución revisara esa situación.

Inquinosa enterró en sus trece años de funcionamiento –de 1974 a 1989- al menos 115.000 toneladas de residuos tóxicos –benzeno, clorobenzeno, clorofenoles y hexaclorociclohexanos- en los vertederos de Sardas y Bailín, junto al Gállego. Algunos estudios elevan esa cifra a 160.000. La lluvia de cuatro décadas ha hecho que el subsuelo de la segunda de esas zonas albergue dos grandes bolsas con 4.000 toneladas de lixiviados, un líquido pastoso de un disparatado potencial contaminante cuya filtración se ve favorecida por el hecho de hallarse en una zona de estratos geológicos verticales.

Los trabajos de sellado del basurero y el traslado de sus lodos de Bailín a una nueva celda de seguridad, en cuya ejecución –y en su supervisión por parte del Gobierno de Aragón- ha detectado la Guardia Civil al menos trece irregularidades, provocó un episodio de contaminación que dejó a varios miles de personas sin suministro de agua de boca en las provincias de Huesca y Zaragoza. La presencia de residuos tóxicos alcanzó los 7,05 miligramos por litro cuando el límite autorizado es de 50 milésimas.

Esas concentraciones no se han vuelto a repetir desde el pasado otoño, aunque sí ha habido repuntes de la contaminación cada vez que han caído lluvias de cierta entidad -tormentas de más de 15 litros por metro cuadrado- sobre Sabiñánigo.

Riesgo latente: un embalse con 17 residuos

A esta situación, a la que las administraciones no encuentran solución, se le suma la ‘bomba latentebomba latente’ del embalse de Sabiñánigo, cuyos lodos, según indica un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), acumulan 17 tipos de residuos tóxicos generados por Inquinosa y otras empresas. Es la consecuencia lógica de tolerar el vertido de 30.000 toneladas de residuos en un área que alberga corrientes de agua dirigidas hacia el pantano.

El riesgo de que se remueva su fondo es tal que el Ministerio de Fomento modificó hace unos años el trazado de la autovía Huesca-Jaca para evitar las consecuencias de colocar varias pilastras en él. Y el Gobierno de Aragón recomienda desde hace años no comer los peces capturados entre esa zona del río Gállego y su desembocadura en el Ebro, ya en Zaragoza. Se refieren, claro está, a las zonas en las que la vida piscícola no ha sido erradicada.

Ecologistas en Acción, organización conservacionista que ejerce la acción popular en la causa que instruye el Juzgado número 1 de Jaca por los vertidos, comienza a atar cabos sobre la génesis de este problema ambiental, considerado en algunos ámbitos como el principal de la Europa comunitaria y cuyas raíces se encuentran en la vista gorda que las administraciones han mostrado con este asunto desde el franquismo.

Una limitación ignorada

La Comisión Técnica Provincial de Huesca, el órgano que tramitaba las autorizaciones industriales en los años 70, calificó la actividad de Inquinosa como nociva, molesta, insalubre y peligrosa “por malos olores, gases tóxicos, aguas contaminadas y existencia de productos inflamables”. Iba a producir lindano, un insecticida que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hace unos meses como cancerígeno y cuyo proceso de fabricación convierte en residuos el 80 % de la materia prima que se utiliza para producirlo.

Y el Raminp, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas era claro sobre dónde no podía ubicarse su planta: “En todo caso, las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas, insalubres o nocivas solo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia superior a 2.000 metros, a contar del núcleo más próximo de población agrupada”. Ni a menos de un kilómetro de una corriente de agua o 500 metros de un pozo.

“Esas distancias no se respetaron, y nadie se preocupó de revisar si las cumplía”, explica Mariano Polanco, de Ecologistas en Acción, que llama la atención sobre un aspecto. El almacenamiento de residuos en Sardas –reemplazado por Bailín cuando se llenó- fue autorizado en 1978. Para entonces hacía más de tres años que la planta de Inquinosa en Sabiñánigo había comenzado a operar. “¿Dónde están los residuos de esos tres primeros años?”, se pregunta.

La empresa se había comprometido a trasladarlos a la localidad vizcaína de Gallarta, a las instalaciones de Standard Química, que años después sería también escenario de episodios de contaminación por residuos de lindano. El compromiso de ese traslado fue uno de los argumentos clave para que Inquinosa obtuviera los permisos del Ayuntamiento, cuyo arquitecto llegó a utilizar la expresión “vertido cero”.

Incumplimiento de las normas

Ni Inquinosa cumplió las normas ni nadie se preocupó de que lo hiciera. La comisión supeditó la autorización a que la Comisaría de Aguas de la CHE certificara “que la depuración de las aguas residuales cumple con la normativa”. Y el Consistorio, en una resolución aprobada en junio de 1974, vinculó la validez de su permiso a que cumpliera esos requisitos.

Sin embargo, el permiso de vertidos no llegó hasta marzo de 1987. Para entonces, la planta llevaba trece años funcionando. Durante los diez primeros su depuradora ni siquiera había sido dibujada: el proyecto está fechado en noviembre de 1984.

Tardó casi dos más en ser ejecutado. Y todo apunta a que resultaba insuficiente para la producción de la factoría: tres meses después de emitir la autorización de vertido, los niveles de contaminación del Gállego por compuestos organoclorados multiplicaba entre 44 y 50 veces los niveles permitidos. Tres años después, los niveles eran inadmisibles en el 25 % de las muestras de agua y en el 80 % de los peces que se analizaban.

Inquinosa comenzó a utilizar el vertedero de Sardas, una explanada que el Ayuntamiento de Sabiñánigo utilizaba como basurero, a partir de 1978. En apenas cinco años quedó saturado con 30.000 toneladas de residuos, lo que llevó al Consistorio a autorizar el uso de Bailín. Municipio y empresa firmaron en enero de 1984 el contrato que amparaba su uso, y que, según un informe que obra en manos del Gobierno de Aragón, “contraviene” el reglamento de uso del vertedero, el cual “excluye expresamente los ‘compuestos halogenados, biocidas y sustancias fotofarmacéuticas”.

Una celda de seguridad más inestable que Aznalcóllar

Ese vertedero, cuyo sellado provocó la reaparición de los episodios de contaminación desde hace un año, se encuentra sobre unos suelos de elevada permeabilidad bajo los cuales discurre una corriente subterránea que aflora en el llamado Barranco del Paco y que desemboca, a menos de un kilómetro, en el cauce del río Gállego. El Ayuntamiento no prohibió su uso hasta el verano de 1988, después de que Adepa (Asociación de Defensa del Pirineo Aragonés) denunciara en varias ocasiones los riesgos que entrañaba.

La Comunidad autónoma todavía tardaría unos meses en poner coto a la actividad de Inquinosa. El consejero de Ordenación Territorial le prohibió el 8 de junio de 1989 realizar vertidos en cualquier punto de Aragón y, también, mantener su producción hasta que no contara con un sistema de tratamiento para los residuos o los entregue a un gestor autorizado. La CHE vetó los vertidos en Bailín a partir del 1 de enero de 1989.

La nueva celda de seguridad se encuentra a solo unos cientos de metros del viejo Bailín. Ese nuevo estanque, cuyos materiales sufrieron un importante deterioro durante los meses que las obras permanecieron paradas por las diferencias entre el Gobierno de Aragón y las empresas que lo estaban construyendo, fue diseñado a partir de un estudio geotécnico “incompleto, principalmente por la falta de ensayos que permitan caracterizar los materiales del terreno”, según señala un informe pericial encargado por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza.

“Se llega a la conclusión mediante métodos de análisis normalizados y contrastados, de un riesgo claro de inestabilidad del vertedero de residuos peligrosos (seguridad insuficiente o rotura) y de rotura a tracción de las láminas de impermeabilización del vaso, con las graves consecuencias medioambientales que se generarían en el entorno próximo, por la proximidad del río Gállego”, añade el dictamen.

Su autor cita otro documento, elaborado por la Fundación Agustín de Betancourt, según el cual el riesgo de que el nuevo Bailín sufra una “rotura frágil” es “mucho más elevado” que en la balsa de Aznalcóllar. Ese peligro se debe, principalmente, a que “tiene una pendiente de fondo elevada”.