Varios son los frentes abiertos de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón (PSOE). Y algunos de ellos caminan por senderos altamente polémicos. Por ejemplo, la decisión, oficializada el pasado 26 de mayo, de sacar la asignatura de Religión del horario lectivo de 30 horas semanales en 2º de Bachillerato. El Ejecutivo decidió ofertarla, como optativa (junto a otras como Segunda Lengua Extranjera o Tecnología Industrial), en la llamada hora 31.
No sentó nada bien entre los obispos aragoneses que, en representación de las seis diócesis de la Comunidad, elevaron un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el que aducían que la medida “desincentivaba la posible elección de la asignatura”, suponía un agravio comparativo con otras “asignaturas específicas” y podría crear problemas (al ofertarse fuera del horario lectivo) en los servicios de comedor y transporte.
El TSJA ha aceptado la medida cautelar, indicando que el recurso de los obispos se asienta en una vulneración “de los acuerdos entre Santa Sede y Estado, y de derechos fundamentales”. Por ende, conminan al Ejecutivo autonómico a volver a poner la Religión dentro del horario lectivo.
Recurso
Si rápida fue la respuesta de los obispos, tampoco se ha dejado esperar la del Departamento de Educación. Han acatado, como no podía ser de otra manera, el mandato del Tribunal y han recurrido dicha medida cautelar.
Apuntan fuentes del Ejecutivo que esto afectará a familias que no podrán cursar una asignatura específica, de más interés para ellos, porque estarán obligados a elegir entre Religión o Alternativa. La reposición de Religión, de igual forma, obligará a reducir horas de otras materias.
Dan una cifra contundente: solo 348 alumnos de 2º de Bachillerato (4 % del total) estudiaron Religión en el curso recién terminado. Sobre los problemas que los obispos vislumbraban en el comedor, la respuesta es clara: “En Bachillerato ya no hay servicio de comedor”. Acerca del transporte, explican que este ya atiende a alumnos y alumnas que cursan la hora 31, porque esta se está utilizando (para otras asignaturas) en diversos centros.
Reválida de 6º de Primaria
Otra de las polémicas que descansan sobre la mesa de la consejera de Educación del Gobierno autónomo, Mayte Pérez, es la de la reválida de 6º de Primaria. Aragón fue una de las siete comunidades insumisas que desoyeron el Ministerio de Educación y no llevó a cabo dicho examen. Alegan fuentes del Ejecutivo que con la evaluación continua es suficiente para que los centros elaboren los preceptivos informes.
Y así lo han hecho. Los colegios ya han enviado a una comisión externa, formada por inspectores de educación, información de cada alumno. Los expertos harán ahora los informes que entregarán a las familias y a los propios centros. Pero lo que quiere el Gobierno Central es que se haga una prueba, un examen, y que de él emane la información que recibe la referida comisión.
A principios del pasado mes de junio, el Ministerio de Educación envió requerimientos a las siete CCAA insumisas: Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares (excepto Cataluña, todas con Administración socialista). Se antoja el primer paso antes de que, si la respuesta no es del agrado ministerial, el asunto llegue a los tribunales, como ya anunció El Periódico de Aragón.
En el Ejecutivo autonómico han confirmado a eldiario.es que aún no han respondido al requerimiento, pero que se mantendrán firmes en su decisión de no hacer esta prueba. Apuntan, por añadidura, que desde el Gobierno autonómico se dio libertad a los centros para que, el que quisiera, pudiera realizar la prueba.
Y no olvidan que las instrucciones enviadas por el Gobierno central en las que compelía a las administraciones a desarrollar la evaluación siguiendo sus directrices, están recurridas por varias comunidades (entre ellas Aragón) porque “el Ministerio se excedía en sus competencias”.