Los 'labradores de sofá' estrangulan el acceso de los jóvenes agricultores a la tierra en Aragón
Los ‘labradores de salón’, los titulares de derechos de cobro de la PAC (Política Agraria Comunitaria) que arriendan sus campos y explotaciones para mantener esos ingresos, están convirtiéndose en uno de los principales escollos para que los jóvenes agricultores puedan acceder a la propiedad de la tierra para establecerse.
Los escuálidos resultados de la última convocatoria de ayudas para la transmisión de pequeñas explotaciones agrarias del Gobierno de Aragón, que contaba con 1,2 millones de euros para financiar la cesión “de forma permanente y definitiva” de “la totalidad de su explotación y los derechos de pago correspondientes” de pequeños agricultores a otros que ampliaran las suyas, ha sido el último ejemplo de ese proceso.
Según explicaron fuentes del Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, 17 de las 28 solicitudes fueron rechazadas por no cumplir los requisitos. De las otras once, dos se materializaron con una transmisión de fincas el año pasado y otras nueve están pendientes de confirmación para este año.
“Las escasas solicitudes recibidas ponen en evidencia que la patrimonialización de los derechos históricos bloquea la transferencia de tierra en el sector”, explican fuentes de la consejería, lo que se traduce en una traba para el acceso a la tierra tanto por parte de los jóvenes como para los agricultores que quieren ampliar sus explotaciones.
La patrimonialización de los derechos históricos
Según los cálculos del Gobierno de Aragón, “probablemente” la mitad de los 45.000 beneficiarios de la PAC censados en la comunidad son ‘labradores de salón’ o ‘manos muertas’ que cobran las ayudas mientras sus tierras y sus granjas son explotadas por agricultores y ganaderos que, por el contrario y con independencia de que esa sea su principal actividad económica, quedan al margen de la Política Agrícola Comunitaria.
“En el fondo, se produce una distorsión en el sistema de la PAC”, señalan las mismas fuentes, por “la perversión del modelo basado en los derechos históricos”.
Esa combinación de factores ha hecho que únicamente 1.400 jóvenes se hayan incorporado al campo aragonés como responsables de sus propias explotaciones desde 2015.
En ese periodo, según la EPA, el número de autónomos y cooperativistas en ese sector ha pasado de 16.700 a 19.400; es decir, que poco más de la mitad de las nuevas incorporaciones (1.400 de 2.700) corresponden a jóvenes mientras el número de personas que ayudan en empresas familiares del ramo se han reducido en medio millar (de mil a 500).
¿150 millones mal repartidos?
“Los jóvenes están siendo maltratados por la PAC”, sostiene el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, para quien “sin la eliminación de los derechos históricos no tienen acceso a la tierra ni a las ayudas en sí mismas”. “La patrimonialización de los derechos históricos hace que la transmisión de explotaciones hacia los jóvenes o profesionales del sector no se produzca”, añade.
Según las estimaciones de su consejería, 150 de los 500 millones que la PAC asigna a ayudas directas en Aragón “deben ser objeto de una redistribución entre los beneficiarios” para que los reciban “quienes viven, trabajan y dependen de la agricultura y de los territorios más desfavorecidos de Aragón”.
El programa de ayudas para la transmisión de explotaciones tiene como finalidad contribuir a redimensionarlas de manera que las de menor tamaño “puedan ser integradas en otras de mayor dimensión que aseguren su rentabilidad y pervivencia futura”.
Las ayudas, que se entregarían como subvención de capital y que se distribuyen en tres anualidades, están financiadas en un 53% por la UE vía Fondos Feder mientras el Gobierno de Aragón asume y 28% y la Administración central se hace cargo del 19% restante.
