El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) presentó un nuevo mapa concesional de transporte de autobuses que afecta a toda España. El plan reduce el número de rutas de 966 a 510 y el número de municipios con paradas de 1.912 a 495, de los cuales 151 son aragoneses. Un recorte que afectaría a más de 134.000 habitantes de la comunidad.
De esta forma, el Gobierno de España solo prestará servicio en Aragón a las tres capitales de provincia y a otros 16 municipios. Un cambio con el que el Mitma no busca suprimir las paradas ya existentes, si no que sean los gobiernos autonómicos los que se hagan cargo de esos trayectos. El motivo es la baja demanda que presentan muchos municipios: “Actualmente, hay paradas con menos de 200 viajeros al año”, apuntan desde el ministerio.
La medida ha hecho que el Gobierno de Aragón y la oposición unan fuerzas y exijan al Ejecutivo central soluciones para no perder “ni un solo servicio”, como declaró el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro. El consejero lamentó que se “ignore por completo el potencial vertebrador del bus”, que resulta “esencial” para la movilidad y el acceso a los servicios públicos en el medio rural aragonés.
La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, criticó la “falta de sensibilidad” del presidente Pedro Sánchez por la medida, que supone “un nuevo mazazo” a los pueblos de Aragón, uno de los territorios “más afectados por la despoblación”.
Pese a la preocupación mostrada por Soro, el consejero afirmó que Aragón estaba preparado ya que su Gobierno ha licitado de manera “pionera” un mapa concesional autonómico para cubrir los trayectos entre localidades de la comunidad, asegurando el servicio en aquellos municipios que lleguen a los 10 habitantes. Sin embargo, este plan no alcanza aquellos trayectos entre Comunidades Autónomas: “El problema son las 1.650 conexiones entre localidades de diferentes Comunidades”, exponía el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Por ello, y pese a la medida, Soro considera “imprescindible” las negociaciones con el Ejecutivo central, sobre todo en cuanto a financiación se refiere.
La realidad territorial desatendida
Desde Aragón Existe han denunciado el abandono que supone este recorte de buses para el mundo rural: “Un Estado que dice estar abordando el reto demográfico, que asegura apostar por luchar frente a la despoblación y por lograr el equilibrio territorial, se contradice si decide medir la viabilidad de un servicio público tan solo en términos de rentabilidad económica”, criticaba su portavoz Raquel Marco. También señalaba la “nefasta política ferroviaria para los territorios de la España Vaciada”.
La formación hace hincapié en que los habitantes de Aragón tendrán que hacer numerosos desplazamientos, transbordos y combinaciones para moverse, y que hay un gran porcentaje de población envejecida que no tienen la capacidad de trasladarse con sus propios vehículos hasta las estaciones más cercanas. Un hecho que hace que la medida refleje el desconocimiento del territorio de los que gobiernan y legislan desde Madrid.
El grupo comarcal Chunta Aragonesista (CHA) en Jacetania también ha mostrado su descontento y ha registrado una propuesta de resolución instando al Gobierno de España a que rectifique la medida. Su consejera comarcal Laura Climente ha hablado no solo de evitar los recortes, si no de apostar por un transporte más sostenible, mejorando si fuera posible las condiciones de los autobuses, los horarios, la frecuencia y sus equipamientos. De la misma forma, ha señalado que “una vez más el Gobierno de España da la espalda a la realidad poblacional y territorial, con una decisión tomada desde Madrid sin tener en cuenta la singularidad territorial y demográfica de Aragón”.
De la misma forma, el Pleno Comarcal de Campo de Borja y el Ayuntamiento de Maleján aprobaron una iniciativa para instar al Mitma a rectificar su propuesta. Su portavoz de CHA, Alfonso Navarro, celebraba la aprobación y declaraba que el Estado debe “garantizar el derecho de movilidad de las personas”, sobre todo “en aquellas zonas que por las peculiaridades de su situación demográfica, baja densidad y envejecimiento poblacional, necesitan de una dotación de líneas de servicio público de autobús”.