La Justicia ordena la reapertura de la escuela rural de Caneto que el Gobierno de PP y Vox en Aragón quiere cerrar

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha ordenado que se retome la actividad en el colegio de Caneto, cerrado el pasado mes de noviembre. La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado la medida cautelar solicitada por la Asociación de madres y padres de Alumnos y Alumnas “Aldea de Caneto” del Centro de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) “La Fueva” y por catorce padres más contra la decisión del Departamento de Educación de la DGA de cerrar las aulas en la localidad de Caneto (Huesca).

El tribunal acuerda en su auto, hecho público esta mañana, que se sigan “manteniendo las condiciones de prestación del servicio educativo anteriores al 7 de noviembre de 2023, en interés de los menores y de los usuarios de las escuelas”, y establecen una contracautela, que califican de “imprescindible”, para que “la Administración demandada, indique en el término de 15 días, desde la notificación de este auto, cuáles son los defectos de las instalaciones que afectan a la seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización, o salubridad, así como cuáles son los requisitos de protección laboral establecidos en la legislación vigente que no se cumplen (art. 3.2.b del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero), en las instalaciones, a los efectos de que puedan ser subsanados por la corporación solicitante de la autorización”. 

En su resolución, los magistrados ponen de manifiesto varios argumentos, tales como que “estamos en presencia de una escuela ubicada en un núcleo del pirineo, que ha venido prestando el servicio educativo durante cinco cursos. Como lo es para el informe del Justicia de Aragón, también nosotros reseñamos que la Administración no puede ir en contra de sus propios actos, pues no puede sostener como lo hace que la escuela no existe para el Departamento cuando lleva cinco años, proporcionando al menos dos profesores, uno de infantil y otro de primaria, cada curso, como ha quedado acreditado en el documento que se aporta”. 

Expresan también que “no se aportó informe alguno en la tramitación de la queja ante el Justicia de Aragón, y los informes que nos reseña la Administración en sus alegaciones, por un lado indican que no es suelo urbano, cuando recientemente el Ayuntamiento ha remitido desde la Comarca, un informe que dice que puede reunir los requisitos, como tal y otro informe en el que nos dice que carece de agua potable, energía eléctrica, red de saneamiento telefonía y telecomunicaciones, cuando existe igualmente un informe que lo contradice, además de las fotografías en las que se aprecian los servicios, iluminación, etc”. 

Que “es derecho de todo interesado (refiriéndose al Ayuntamiento de La Fueva y al AMPA), conocer concretamente qué defectos tienen las instalaciones o que requisitos no se cumplen, pues siempre existe la posibilidad de subsanarlos o incluso de buscar alternativas a la ubicación de la escuela” y lo que no es adecuado -dicen- es que la Administración, “acuerde el cese en la prestación del servicio educativo, sin resolver el expediente de autorización del centro docente, presuponiendo que no cumple e impidiendo como decimos su subsanación”.

Concluye el tribunal su auto diciendo que “es también evidente que la administración debe de procurar la prestación de este servicio, donde se ubican los alumnos, sin desatender las necesidades tan especiales en entornos de alta despoblación. No menos importante es señalar el alto número de niños que están en la escuela, que refuerza la decisión aquí tomada”.