Hasta hace poco más de un mes, Alberto Amaro vivía en Tlaxcala, un pequeño estado del centro de México, ubicado entre Puebla y Ciudad de México, donde estaba su hogar. Pero su vida vida dio un giro de 180 grados que le obligó a llevar escolta y a acabar abandonando su país.
De abuelo y padre periodistas, Beto lo tuvo claro desde bien pequeño: él también lo sería. Con lo que quizás no contaba este mexicano de 35 años es que cumplir el sueño de su vida y montar un periódico digital acabaría llevándole a él y a su familia a vivir refugiados en Asturias para poder salvar sus vidas.
Y es que la historia de Amaro es la de tantos y tantas periodistas que viven amenazados o incluso que han sido asesinados por el simple hecho de ejercer su profesión, porque México es, por su incesante violencia contra periodistas, el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental, según el informe 'Nadie garantiza mi seguridad', elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional.
El penúltimo capítulo en la historia de este periodista defensor de los derechos humanos, aunque inicialmente él no se consideraba como tal, comenzó a escribirse en el año 2019, cuando funda su propio periódico, el digital La Prensa de Tlaxcala, que inició su andadura con el objetivo de denunciar las violaciones de los derechos humanos, la violencia ejercida contra la ciudadanía por parte de las autoridades o cualquier acto de corrupción institucional o criminal. Y eso en México, se paga caro.
Nunca cobré a las víctimas por publicar notas periodísticas de sus agresiones, algo muy habitual en México. Cuando me llegaba una denuncia, me picaban los dedos de emoción por comenzar a escribir
Amaro cuenta que la primera de muchas sorpresas llegó cuando quienes se acercaban a él para denunciar casos de corrupción o violencia le preguntaban el precio por publicar esa nota (información periodística) porque en México esas cosas se cobran. “Yo no te voy a cobrar porque tú has sido una víctima”, respondía Alberto, porque su interés no era económico, sino evidenciar la violencia y corrupción gubernamental. “Cuando me llegaba una denuncia ciudadana, me picaban los dedos por la emoción de comenzar a escribir”, relata, pues desde entonces empezó a recibir muchas denuncias, incluso, de policías que habían sido víctimas de violencia institucional.
Las amenazas llegaron pronto. Comenzaron en redes sociales, pero enseguida fueron a más. Alberto Amaro volvía en su coche de cubrir el ataque a una persona, presuntamente integrante de un grupo delictivo que operaba en la zona, a la que habían disparado en la cara, cuando se percató de que le seguía una moto y aceleró su vehículo. En el momento en que escapaba, recibió la llamada de una mujer que le recomendaba no publicar esa información y cuando él se negó, le dijo que entonces habrá consecuencias.
A partir de ese momento se incrementaron los ataques y amenazas, no solo contra él sino también contra su familia, su esposa Laraine y dos hijos, Beto y Natalia. Dispararon contra él desde una moto cuando circulaba en su coche; contra su domicilio en varias ocasiones, una de ellas mientras su hijo jugaba en el patio de la casa; e intentaron acusar a su esposa de ser “narcomenudista” (comercio de drogas ilícitas a pequeña escala).
Y así, en ese mismo año 2019, Alberto entró a formar parte del Mecanismo de Protección, una herramienta puesta en marcha por el Gobierno mexicano cuando, tras las presiones de grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales de derechos humanos, el Congreso de México tuvo que aprobar, en junio de 2012, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas.
Inicialmente y tras la primera evaluación de riesgos, a Alberto le asignaron un “botón del pánico” que, conectado a una empresa privada que alertaba a la polícía, debía utilizar cuando se produjesen situaciones de riesgo, así como una patrulla que daba una vuelta por los alrededores de su domicilio, una vez al día. Pero las agresiones fueron a más, a pesar de que el supuesto objetivo del Mecanismo era elaborar una estrategia que permitiese disminuir, hasta erradicar, las situaciones de riesgo. Hasta en dos ocasiones fue amenazado de muerte por un expresidente municipal, lo que aquí en España sería un alcalde, en presencia de sus hijos.
Es algo muy difícil de creer, explica Amaro, pero según estadísticas presentadas por la organización defensora de los derechos humanos, Artículo 19 México y Centroamérica, más del 45 por ciento las agresiones a periodistas derivan del gobierno mexicano, ya sea el federal, estatal o municipal, y el 25 por ciento procede de la delincuencia organizada, es decir, grupos criminales y cárteles del narcotráfico. ¿Cuál es la explicación?, este periodista refugiado en Asturias lo tiene claro, se debe a la impunidad hacia las agresiones y asesinatos de periodistas, que hace que este tipo de actuaciones se cronifiquen y que está cifrada en un 89 por ciento, según datos presentados por esta misma organización que también trabaja para visibilizar las agresiones a periodistas y contra la libertad de expresión.
A pesar de las amenazas y agresiones, continuó ejerciendo el periodismo como medio de denuncia de injusticias y violaciones de derechos humanos, con toda la valentía y fortaleza que las circunstancias le permitían mantener, y llegó uno de los puntos de inflexión en su trayectoria profesional, que no sería el último: a finales de 2021 empezó a vivir con escoltas, tras ser detenido y golpeado por la policía estatal al grabar a varios agentes extorsionando a terceros.
Me estás poniendo para que me cuide a quienes estoy incomodando con mis artículos periodísticos
La paradoja en la vida de Beto, como en la de otros periodistas que integran el Mecanismo, es que quien le amenaza y agrede es quien le tiene que defender, es decir, la Policía Estatal, cuya corrupción es la que el periodista denuncia en sus artículos, hasta el punto de llegar a investigar al secretario de Seguridad Pública, su máximo responsable, por un caso de abuso sexual.
Y por ello, cuando se percató de que la patrulla que le habían asignado para protegerle fotografiaba cada movimiento que él y su familia hacían, se acercó a preguntarles y los policías reconocieron que seguían órdenes de sus superiores, que exigían saber todo lo que él hacía, con quién hablaba y a dónde iba. “¿Me estás poniendo a que me cuide a la gente que yo estoy incomodando con mis artículos periodísticos?”, se preguntaba en aquellos momentos.
El segundo y último punto de inflexión en la vida de Beto llegó al ser amenazado por un cartel si no cejaba en la publicación de informaciones que les perjudicaba. Pese a ello, en 2023 el Mecanismo de Protección, de carácter federal, decidió que ya no estaba en peligro después de cuatro años inscrito en la institución y le comunicó que le retiraría los cuatro escoltas. Amaro interpuso y ganó un amparo para suspender esta decisión y poder continuar con protección, pero llega el ataque a su hijo, mientras jugaba en el patio de la casa. Nuevamente, el Mecanismo vuelve a minimizar esta agresión, él pide amparo a un juez y consigue escoltas también para sus hijos.
Cuando Amnistía Internacional se cruza en su camino
A principios del pasado mes de junio, Alberto Amaro conoció a Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, y ahí comenzó la relación entre el periodista mexicano y el movimiento por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, que acabó sacando de México a Beto y su familia.
Las cifras que arroja el informe elaborado por Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) dejan poco espacio a la esperanza pues, aunque las estadísticas varían notablemente, los periodistas asesinados en México se cuentan por decenas, en un país que también presenta el índice más elevado de periodistas desaparecidos en el mundo, según datos del CPJ. Así, a finales de 2023, se había confirmado la desaparición de 15 periodistas, con Veracruz, Michoacán y Guerrero como los estados en los que más desapariciones se produjeron.
Desde la fundación del Mecanismo, en 2012, ocho periodistas que estaban bajo su protección fueron asesinados y, aunque durante los cinco primeros años no se registró ningún asesinato, entre 2017 y 2022 se asesinó, al menos, a un periodista bajo protección, por año.
El informe 'Nadie garantiza mi seguridad' recoge los casos de tres periodistas que estaban bajo la protección del Mecanismo federal. Rubén Pat fue asesinado en julio de 2018, en Quintana Roo, a penas dos meses después de haberse inscrito en el Mecanismo, y Gustavo Sánchez, asesinado en Oaxaca, en junio de 2021, tras permanecer trece meses en el Mecanismo de Protección. El tercero de los periodistas de los que habla este informe es Alberto Amaro, el único que, de momento, sigue vivo, y que para conservar su vida y la de su familia ha tenido que salir de México.
La Prensa de Tlaxcala sigue funcionando, aún sin Alberto, aunque le ha dicho a sus compañeros “que bajen el perfil” por seguridad, a la espera de que él pueda volver a su país a ejercer esa profesión que tanto añora y que casi le cuesta la vida. Muchas veces se ha preguntado si merecía la pena seguir y, escuchando a su hijo Beto y a su hija Natalia, encontró la respuesta, “de lo malo a lo bueno mis hijos han aprendido a defender y pelear por lo que es justo”.