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Asturias contará, por primera vez, con una ley de ciencia que permitirá poner en marcha el CSIC asturiano

Reunión del Consejo de Gobierno, celebrado esta mañana en la FIDMA

elDiario.es Asturias

Gijón —

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El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que constituirá la base para que Asturias cuente con su propio CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Esta nueva norma, aprobada por el ejecutivo asturiano, permitirá la ordenación, promoción y financiación del sistema de investigación e innovación en el Principado.

El texto legislativo ha sido impulsado por la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, y busca, principalmente, el fomento de las actividades de I+D+i para a través de ellas generar y transferir conocimiento, que ayude a solucionar los problemas de la sociedad asturiana.

El primero de los objetivos consiste en el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, que haga un uso eficiente de los recursos y fomente la cohesión social y territorial. Otro de los propósitos prioritarios es el incremento de la financiación autonómica destinada investigación.

La norma persigue, además, fortalecer las relaciones en materia de I+D+i entre administraciones, empresas, centros tecnológicos y de investigación, la Universidad de Oviedo y la ciudadanía. También pretende consolidar y completar el ecosistema científico y tecnológico, potenciar la excelencia, favorecer la participación ciudadana y aplicar un enfoque de género como eje transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Dentro de esta futura ley encajarán, por ejemplo, el Cuerpo Superior de Investigación; el Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI); el Observatorio Asturiano de a Innovación; o el Plan Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI).

El Cuerpo Superior de Investigación estará formado por tres escalas: docentes, investigadores y científicos titulares. Todas las personas integrantes de este grupo deberán tener título de doctorado y estarán encuadradas en el grupo A1 de la Administración pública. 

La norma contempla la creación del registro del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI), un medio público que servirá como inventario y facilitará también la evaluación de todos los agentes. Por otro lado, esta base permitirá conocer la inversión real en I+D.

El Observatorio Asturiano de la Innovación será una unidad adscrita a la Consejería de Ciencia y encargada de desarrollar un sistema para hacer accesible la información que manejan los agentes del SACI en formatos universales y reutilizables. Esa documentación incluirá noticias científico-técnicas de actualidad, resúmenes de los proyectos de I+D+i financiados por el Principado o tendencias científico-tecnológicas.

Por último, el Plan Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) es el instrumento de planificación, gestión y ejecución del Principado en este campo. El documento definirá líneas estratégicas, acciones y objetivos para mejorar la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimiento en la comunidad.

Asimismo, el proyecto de ley establece que en los presupuestos autonómicos se incrementarán anualmente, de forma regular, los fondos destinados a la investigación, la tecnología y la innovación, con el propósito de converger con las estrategias nacionales y europeas.

De esta forma, y según las previsiones del Gobierno asturiano, en 2030, la inversión autonómica en I+D+I alcanzará el 3% del PIB regional, lo que supondrá algo más de 237 millones, que llegarían hasta los 1.075 millones en total, sumando fondos públicos y privados.

El Principado impulsará la participación activa del tejido empresarial en el desarrollo de la I+D+i. Con la colaboración de las compañías con los organismos de investigación, se fomentará la creación de firmas de base tecnológica y se habilitarán espacios para que puedan desarrollar acciones de innovación.

La norma apuesta por el fomento de las unidades de excelencia, una consideración que podrá ser acreditada en los términos fijados por la normativa estatal sobre ciencia, tecnología e innovación. Esta distinción supone el reconocimiento de los mejores equipos de investigación.

La nueva ley marca un punto de inflexión definitivo y supone avanzar hacia una economía basada en el conocimiento, en la cooperación público-privada y en el emprendimiento

El Gobierno de Asturias podrá establecer además entornos controlados de pruebas (sandboxes) para facilitar la ejecución de proyectos de I+D+i. Estos bancos de pruebas deberán circunscribirse a espacios geográficos delimitados, vinculados a infraestructuras científico-técnicas de titularidad pública.

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha indicado que el proyecto de ley, que ahora pasará al Parlamento para su tramitación, supone un hito pues “Persigue convertir la ciencia y la innovación en palancas de cambio hacia un sistema económico más diversificado, sostenible, digital e inclusivo, para que Asturias sea una región atractiva para invertir, investigar e innovar”.

Así ha señalado que esta nueva ley “Marca un punto de inflexión definitivo, supone avanzar hacia el futuro, con el fin de generar valor añadido y contribuir a una economía basada en el conocimiento, en la cooperación público-privada y en el emprendimiento”, ha precisado.

Más deberes pendientes para el parlamento asturiano

Este proyecto de ley viene a sumarse a otros tres que se encuentran ya en proceso de tramitación en la Junta General del Principado, como son los proyectos de 'Les Escuelines', 'Proyectos Estratégicos' y la reforma de la Ley de Turismo para frenar el crecimiento de las viviendas de uso turístico.

Será a partir del mes de septiembre, cuando el parlamento recupere su actividad tras el parón veraniego, cuando el anteproyecto de Ley de Ciencia comience su proceso de tramitación para acabar sometido a aprobación definitiva por los grupos con representación en la Junta General.

Parón veraniego que este año el presidente asturiano solicitó se circunscribiese únicamente al mes de agosto, habilitando el mes de julio para la continuidad de la actividad parlamentario, y que no pudo ser posible debido al bloqueo de la extrema derecha de una medida que apoyaron, en Junta de Portavoces, el resto de grupos parlamentarios.

Así, a finales del mes de junio se celebró el último pleno del parlamento asturiano y tres leyes se han tenido que quedar en el tintero, esperando al mes de septiembre, porque los diputados de Vox prefirieron irse de vacaciones. Una medida que, según el reglamento de la Junta General, requería de la unanimidad de la Junta de Portavoces.

Por este motivo, y tal y como la propia portavoz parlamentaria socialista indicó en su momento, se abordará una modificación de ese reglamento para que no vuelva a ocurrir un bloque semejante, por parte de la ultraderecha, habiendo una mayoría cualificada a favor.

El Gobierno asturiano confía en tener aprobada la Ley de Ciencia a finales de este año 2024.

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