El Gobierno del Principado pondrá en marcha con carácter inmediato un plan de inspección para prevenir el uso fraudulento de la vivienda pública en régimen de alquiler. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.
Para conseguir este objetivo la Consejería duplicará los efectivos de su cuerpo de inspectores, que pasará de los dos actuales a cuatro.
Las visitas a las viviendas públicas en régimen de alquiler comenzarán el próximo lunes, día 1 de julio. Las previsiones que maneja el Ejecutivo autonómico son las de realizar entre 2.300 y 2.400 visitas durante un mínimo de seis meses.
De forma inicial, las visitas se realizarán a los inmuebles situados en los concejos de la costa asturiana, aunque el objetivo es extenderlas a todo el territorio. “Empezaremos por la costa, precisamente, por la presión de estas zonas en esta época del año”, ha indicado el consejero.
Esta medida pretende asegurar la correcta utilización de inmuebles que fueron adjudicados como primera vivienda, evitando así que los destinatarios de las mismas puedan utilizarlos como segunda residencia, vivienda vacacional o cualquier otro uso indebido.
“Nos llegan indicios, por parte de ayuntamientos, de otros vecinos y de corredores de fincas de que se pudieran dar usos no debidos de ese tipo de viviendas. Nuestra obligación es comprobar estos indicios y actuar con contundencia en caso de que sea así”, ha explicado Zapico, para quien esta medida otorga “seriedad” y “valentía” al Gobierno del Principado.
El consejero también ha avanzado que, dependiendo del balance que hagan los inspectores, este plan de vigilancia podrá extenderse durante el resto de legislatura o bien aumentar la cifra de inspecciones. “Nuestra finalidad última es garantizar que la vivienda pública tenga como objetivo final el destino para el que fue creada, que es asegurar el acceso a una vivienda digna y asequible”, ha manifestado.
El total del parque público de viviendas en régimen de alquiler, tanto las que son propiedad del Gobierno asturiano como de Vipasa, supera en la actualidad las 9.500 viviendas. “No vamos a permitir usos indebidos de ningún inmueble de ese parque”, ha puntualizado Zapico.
Las consecuencias para los inquilinos de estas viviendas que hagan un uso fraudulento podrían ir desde la rescisión del contrato hasta sanciones, dependiendo la gravedad de cada caso.