La infancia, prioritaria en el discurso pero no en la inversión

“Put your money where your mouth is”. Perdón, pero no me resisto a comenzar este post con una expresión en inglés. Sé que corro el riesgo de parecer snob pero viene que ni pintada para el momento que vivimos, previos al debate y votación de las enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Para los que no sepan o estén menos duchos en los vericuetos de esta lengua, en bruto, sería algo así como “pon el dinero en donde tienes la boca”, aunque su significado más genérico sería aquello de que hay que predicar con el ejemplo. Por eso, si desde la clase política se ha manifestado que tal o cual cuestiones son prioritarias, lo normal es que se predique con el ejemplo y se asignen recursos suficientes para ello.

Como señalaba anteriormente, en breve, el Parlamento estará discutiendo las enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017, y tal y como están ahora y según las organizaciones que trabajamos con niños y niñas, representadas en la Plataforma de Infancia, estas enmiendas al presupuesto están lejos de garantizar el cumplimiento de los derechos de nuestra ciudadanía más joven.

Este poco interés presupuestario, o poco dinero en la boca de sus señorías, si se me permite lo chusco de la expresión, se contradice con la realidad de nuestra infancia y con la realidad de que la infancia ha sido la temática que más preocupación ha levantado en las Cortes Generales, alcanzando un 5,78% de las iniciativas de la actividad del Parlamento. En otras palabras, se preocupan, pero no se ocupan lo suficiente, o asignan fondos insuficientes para el reto que hay que afrontar que no es otro, que sacar de la situación de vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentra cerca del 30% de nuestra infancia, según los datos recientemente publicados por el INE.

Cuando el Gobierno presentó el borrador presupuestario, se aludió a 342 millones de euros de dotación presupuestaria para reducir la pobreza infantil. En términos absolutos, esta cantidad supone un incremento de menos de 25 millones de euros frente al presupuesto de 2016 y está a sideral distancia de los 1.000 millones que se planteaban en el pacto de Investidura del Partido Popular y Ciudadanos y que ambos partidos aprobaron el pasado 28 de agosto como compromiso para la investidura del actual jefe de Gobierno.

Estos 342 millones son la fusión de dos partidas: la de “Apoyo a la familia e infancia” y la de “Programas de servicios sociales”. Esta última se incrementa en 24,59 millones de euros frente a 2016 y se le suman las partidas ya existentes en 2016 del Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados para la atención a las familias con menores refugiados por 140 millones y el Programa FEAD Fondo de Ayuda Europea para los más Necesitados que contará con 102 millones de euros en 2017.

1 de cada 3 niños y niñas que viven en nuestro país lo siguen haciendo en situación de vulnerabilidad, sigue siendo tan alarmante como lo era hace meses o un año, cuando estábamos en plena campaña electoral, sin embargo la respuesta a nivel de presupuesto es claramente insuficiente. Nuestra infancia es el colectivo más afectado por la crisis económica y financiera, también lo señala el INE.

Ya en 2010, el Comité de los Derechos del Niño indicó al Estado español la necesidad de aplicar “un enfoque basado en los derechos del niño cuando prepare el presupuesto del Estado y de las comunidades autónomas, aplicando un sistema de seguimiento a la asignación y el uso de los recursos destinados a los niños en todo el presupuesto, de manera que se ponga de relieve la inversión en la infancia”. Una de sus recomendaciones fue la de elaborar presupuestos relativos a los niños y niñas donde se refleje el importe y la proporción del gasto destinado a éstos a nivel nacional, autónomo y local, con el fin de evaluar las repercusiones y los efectos de dicho gasto en la infancia. Por todo esto, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, contempla la obligatoriedad de elaborar memorias de análisis de impacto normativo en la infancia y adolescencia, pero esta cuestión no se ha tenido en cuenta en los actuales Presupuestos Generales del Estado.

Comienza el proceso de debate de las enmiendas y esperamos que los Presupuestos en infancia mejoren. No se trata de que hagamos algo extravagante, se trata de que la respuesta de nuestro Estado y el compromiso de nuestro Parlamento con una problemática que dicen y reconocen prioritaria, sea igualmente prioritaria a la hora de la inversión. Actualmente, en España sólo se invierte el 1,3% del PIB en protección social a la infancia, cuando la media de la UE se encuentra en el 2,3%. Pedimos que se tomen en consideración todas aquellas enmiendas que supongan un incremento en la inversión en la infancia, especialmente en lo relativo a aumentar la actual prestación por hijo a cargo, así como incrementar las partidas del programa para la lucha contra la pobreza infantil.

Ustedes me dirán que no hay dinero para todas las necesidades que tenemos, que desde cada sector se reclama mayor inversión. Es verdad, en casi todos ellos se necesitan mayores fondos y tenemos lo que tenemos. De acuerdo, pero estamos hablando de la infancia, del colectivo que a ninguno de ustedes se les ocurriría dejar desatendido, ese colectivo que se reconoce tan prioritario en los discursos, en las declaraciones y hasta en las enmiendas, pero que al pasar a la prioridad en inversión se queda muy atrás de sus necesidades reales.

No diré eso de que nuestra infancia es el colectivo más valioso de nuestra sociedad, allá cada quien, pero aunque sea sólo de cara a nuestra proyección de futuro, es sin duda, el colectivo más importante. Una última cosa, son ciudadanos y ciudadanas con derechos (que no votan) y a día de hoy, es el grupo más vulnerable de nuestra sociedad.