Refugiados: Compromisos incumplidos

Hoy es 26 de julio, en dos meses exactos se cumplirá el plazo que el Gobierno español se dio para cumplir con uno de sus compromisos. En 2015, España, junto con otros Estados de la Unión Europea, se comprometía a acoger a 17.337 personas dentro del reparto de las personas refugiadas que estaban llegando a Europa.

Todas ellas, son personas que huyen de conflictos que ponen en peligro sus vidas y las de sus familias, y que harían lo que usted (creo) y yo (seguramente) haríamos en su caso, poner tierra de por medio para conseguir alguna posible aspiración de vida digna o, simplemente, de vida. A nadie se le puede negar el derecho que todos tenemos a escapar del horror, primero porque así está registrado en el Derecho Internacional, y segundo, porque además de ser un derecho es un instinto natural de todo ser vivo. Hoy, a dos meses exactos de la fecha fijada, el número de personas acogidas es de 1.724. Falta por llegar el 90% del total de lo que el gobierno se comprometió.

Según ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a finales de 2016, 65,3 millones de personas se habían visto forzadas a huir de sus hogares por persecución, conflicto, violencia o violaciones de derechos humanos; 22,5 millones de estas personas son refugiadas y más de la mitad son menores de edad. En este mar de grandes cifras, 17.337 suponen un pequeño porcentaje entre tanto drama.

Es frecuente escuchar –o leer– que el flujo de personas que está llegando a Europa es una avalancha. Sin embargo, estas cifras son pequeñas si se las compara, siempre según datos de ACNUR, con el número de personas que están recibiendo en otros países con tensiones económicas muchísimo más fuertes que las de España. Turquía tiene 3 millones de refugiados, Pakistán acoge a 1,4 millones, Líbano a 1 millón, Irán y Uganda casi 1 millón cada uno y Etiopía a casi 800.000 personas; ellos son los primeros países en esta lista. En total, estos seis países acogen a 8,2 millones de personas; entre todos los países del resto de Europa (sin Turquía) nos repartimos 2,3 millones de refugiados -y solo en la Unión Europea somos 28 estados-. No parece pues que exista tal avalancha y debería tenerse más cuidado al elegir unas u otras palabras a la hora de referirse a este asunto, ya que ello está propiciando conductas de rechazo o defensivas, que alientan manifestaciones xenófobas y racistas.

Somos muchas las organizaciones y entidades sociales que llevamos tiempo pidiendo al Gobierno que cumpla con una medida que quizá pueda parecer estrambótica e incluso revolucionaria hoy en día; y que es, simplemente, que cumpla con sus compromisos, con el derecho internacional y con los derechos humanos.

Pedimos que no dé la espalda a las personas que huyen y que contribuya a habilitar vías seguras para que sus vidas no corran riesgo en el trayecto. Las medidas que únicamente impiden la llegada de refugiados a nuestras fronteras tienen como respuesta que las personas que huyen intenten cada vez rutas más peligrosas para eludir las barreras. Según la Oficina Internacional de Migraciones, en lo que va de año se han reportado 2.357 muertes en el Mediterráneo. Estas medidas también benefician a los traficantes de personas; a más riesgo, más caro será el viaje. No importan los muros ni las barreras, las personas siempre intentaremos escapar del horror.

También pedimos que se luche contra aquellas manifestaciones que criminalizan el derecho a cruzar una frontera en busca de protección. El énfasis en las medidas de protección fronterizas da un mensaje equivocado a la sociedad, dando a entender que es necesario protegerse de personas que, paradójicamente, huyen amparados por el derecho internacional para proteger su vida. Ser refugiado y buscar esta protección no es ningún delito.

Igualmente, las manifestaciones que confunden la solidaridad, el deber de auxilio y la atención a los que más lo necesitan con un “efecto llamada” tampoco ayudan. Si existe un “efecto” es el “efecto huida”. Este tipo de declaraciones son abono para que la sociedad se polarice en un momento en que la economía no va bien… o sí, porque uno ya no sabe si la economía va bien en España o va mal. No va bien desde luego para muchas familias en nuestro país, precisamente por esto, no hay razón para soliviantar a unos en contra de los otros. El Gobierno tiene la responsabilidad y el deber de actuar en los dos frentes. Quizá sea una casualidad, pero muchas de las organizaciones que defendemos los derechos de los refugiados, trabajamos con programas de ayuda directa y de incidencia política en la lucha contra la pobreza en Españalucha contra la pobreza en España.

Habrá quienes nos tachen de buenistas y de no ser capaces de entender las sutilezas y contradicciones del mundo “real”. Un mundo en el que no somos responsables de la decisión que toma una mujer embarazada -o con un hijo de pocos años en sus brazos- de subirse a una lancha hinchable de juguete para cruzar el mar, sabiendo que el que lleva la barca es un traficante de personas; un mundo en el que no siempre es posible cumplir las leyes ni los compromisos internacionales; un mundo en donde los recursos económicos son los que son y que, si hay que elegir, con todo el dolor de nuestro corazón, debemos de elegir a los “nuestros”. Puede que esta falta de entendimiento por nuestra parte, o de bondad mal entendida o dirigida, sea por proximidad, al fin y al cabo trabajamos a diario al lado de millones de personas reales a las que se les niega el ejercicio de sus derechos y que tienen problemas reales de subsistencia. Puede que no entendamos nada, pero permítannos al menos el derecho a pedir que se cumplan los compromisos asumidos y de tratar de cambiar todas estas cosas que no nos gustan.

Hoy es 26 de julio, en dos meses exactos se cumplirá el plazo que el Gobierno español se dio para cumplir con uno de sus compromisos. En 2015, España, junto con otros Estados de la Unión Europea, se comprometía a acoger a 17.337 personas dentro del reparto de las personas refugiadas que estaban llegando a Europa.

Todas ellas, son personas que huyen de conflictos que ponen en peligro sus vidas y las de sus familias, y que harían lo que usted (creo) y yo (seguramente) haríamos en su caso, poner tierra de por medio para conseguir alguna posible aspiración de vida digna o, simplemente, de vida. A nadie se le puede negar el derecho que todos tenemos a escapar del horror, primero porque así está registrado en el Derecho Internacional, y segundo, porque además de ser un derecho es un instinto natural de todo ser vivo. Hoy, a dos meses exactos de la fecha fijada, el número de personas acogidas es de 1.724. Falta por llegar el 90% del total de lo que el gobierno se comprometió.