Tres casos de mujeres guardias civiles acorraladas por defender la naturaleza

La semana pasada, diez personas fueron condenadas a pagar la multa máxima prevista en el Código Penal por cazar y cocinar aves protegidas en la isla de Alegranza (Lanzarote) en septiembre de 2015. Quien montó el operativo de la Guardia Civil que pilló a los furtivos en pleno banquete fue la sargento jefe del Seprona en Lanzarote, Gloria Moreno. Desde entonces, a Moreno le han abierto seis expedientes sancionadores y su vida se ha convertido en un infierno.

Gloria Moreno tenía diez años en 1988, cuando por primera vez las mujeres pudieron entrar en la Guardia Civil. En la misma época se creó el Servicio de Protección de la Naturaleza de este cuerpo (Seprona). Ya entonces, cuando a esta niña nacida en un pueblo de Segovia le preguntaban qué quería ser de mayor, la respuesta era contundente: agente del Seprona.

En 2006, Gloria entró en el Instituto Armado y en 2010 hizo realidad su sueño: aprobó el curso de este cuerpo. Durante dos años formó parte de una patrulla en Castellón; después fue nombrada sargento jefe y la destinaron a Lanzarote. Pero la que hasta entonces había sido una carrera brillante, premiada por su labor en la protección del medio ambiente y de los animales, tropezó con una piedra en el camino. El 8 de septiembre de 2015, en una complicada operación, la patrullera de la Guardia Civil del mar la trasladó a la isla de Alegranza, un espacio protegido al norte de Lanzarote; nadó hasta llegar a tierra para no ser vista por los malhechores, subió una montaña y tomó cuantas imágenes pudo desde la cima; descendió el volcán y entonces lo vio de cerca: un grupo de furtivos asando 30 pardelas, un ave protegida que ya casi no se encuentra mas que en lugares apartados y en reservas naturales.

Esta mujer de aspecto frágil, que mide 1,70, se plantó delante de 19 hombres cuando estaban en mitad de una comilona de especies protegidas. Los comensales no eran precisamente unos desarrapados, sino nada menos que un grupo de poderosos empresarios de Lanzarote, entre ellos un policía nacional y varios jóvenes relacionados con el narcotráfico. Habían llegado a la isla de Alegranza en dos yates que estaban fondeados en la bahía.

Desde ese día, la vida profesional de Gloria se convirtió en un infierno. El calvario empezó unos meses después, recién incorporada al servicio tras una baja maternal. En menos de un año le abrieron seis expedientes disciplinarios por sinsentidos, según Fernando García García, abogado del gabinete jurídico de la Asociación Independiente de la Guardia Civil. “Se trata de un auténtico caso de persecución, acoso y derribo por parte de sus superiores, que le acusan de todo tipo de situaciones absurdas”, incide este jurista.

Desde aquel día de septiembre, la actitud de apoyo que había recibido de su capitán Germán García y del coronel jefe de la Guardia Civil de la provincia de Las Palmas, Ricardo Arranz, giró 180 grados. La mayoría de los agentes a cargo de la sargento Gloria Moreno, que eran cuatro hombres, hicieron pinza con el mando, según la versión de su abogado.

Una perspectiva muy distinta a la de sus superiores tenían los grupos conservacionistas SEO/BirdLife y WWF, que campaña tras campaña denunciaban el furtivismo en Alegranza sin ningún resultado. La llegada de la sargento Moreno fue como ver la luz en comparación con etapas anteriores, inciden estas asociaciones.

La escalada contra Gloria dio lugar en 2018 a la creación de la plataforma 'Justicia para Gloria Moreno' en change.org. Se consiguieron más de 140.000 firmas solicitando que se investigara el caso y que cesase el acoso. Pero en esta trama de los furtivos de Alegranza, la pesadilla continúa para Gloria Moreno por hacer su trabajo. Hoy está a la espera de un juicio oral en el que se piden para la sargento entre cuatro y seis años de cárcel por una denuncia de su subordinado, el cabo Miguel Ángel Padial, a la que se ha adherido una fiscal de Lanzarote, Ramona Muñoz, curiosamente nuera de Dimas Martín, el expresidente del cabildo conejero, que está en la cárcel por distintos casos de corrupción urbanística.

En Lanzarote es sabido, según su abogada María Jesús Díaz Veiga, que Padial mantenía amistad con algunos de los furtivos de Alegranza y que había protagonizado “chivatazos” que habían hecho fracasar anteriores operativos de la Guardia Civil. Recientemente, el juzgado que lleva el caso ha incorporado una grabación de una conversación entre un periodista y el propietario de la isla, Enrique Jordán, donde este afirma que el agente Padial era un chivato de los furtivos. Pero en su día fue un técnico de Doñana –también dedicado a censar aves en Alegranza– quien informó a la sargento Gloria Moreno de que el guardia Padial advertía a los furtivos de las operaciones de la Guardia Civil y de ella.

Tal y como el capitán García le había solicitado, trasladó a su superior esta información. Este documento interno constituye hoy la base de la acusación de su subordinado contra la sargento Moreno, por la que la fiscal pide una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo de tres años.

Pero ya antes la Guardia Civil había investigado el presunto chivatazo y la investigación pasó al Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, cuyo titular es Rafael Lis Estévez, quien archivó la causa sin apenas indagar contra el guardia Padial.

Este juez ha sido suspendido recientemente por el Consejo General del Poder Judicial por no apartarse de un caso del que había sido recusado. Con la causa archivada, el presunto chivato Padial, que lleva casi dos años de baja por estrés, presentó la demanda contra Gloria Moreno acusándola de falsedad, en la cual se pedía seis años de cárcel para la sargento. El juicio está a la espera de fecha.

La actual abogada de la sargento, María Jesús Díaz Veiga, dice que la denuncia contra Moreno se presentó “a sabiendas de que ni la Guardia Civil, ni en su momento el juzgado practicaron las necesarias diligencias de investigación, que hubieran permitido averiguar la realidad de los hechos” y si hubo o no “chivatazos” del guardia Padial previniendo a los pardeleros de los operativos para acabar con esta práctica ilegal. La letrada Díaz Veiga considera que “se está desarrollando contra la sargento Moreno una auténtica persecución que va más allá de los términos habituales para describir un acoso laboral”; y prosigue: “La falta de garantías para permitirle ejercer su derecho de defensa recuerda prácticas abusivas más propias de otras épocas preconstitucionales de nuestro país”. Ballena Blanca se puso en contacto con los mandos de Gloria Moreno, que han declinado hacer declaraciones.

Dentro de la especialidad de Seprona existen dos unidades distintas: el equipo de investigación que hace las veces de policía judicial ambiental y cuya principal función es realizar la instrucción de atestados por ilícitos penales; y luego está la patrulla. En este último trabaja Gloria Moreno, donde su tarea consiste en custodiar el campo. Para acceder a esta sección es necesario aprobar un examen teórico y una prueba física que resulta muy dura para las mujeres, pues es equivalente al nivel de campeonato de España de motocross, trial y enduro. Muy pocas agentes la pasan.

Para Moreno, superar estas pruebas fue especialmente difícil; en una mala caída desde la moto se rompió la clavícula y tuvo que presentarse de nuevo a los exámenes en el siguiente curso; lo más complicado fue vencer el miedo a subirse de nuevo a una moto.

María Serrano era jefa de unidad del equipo de investigación de Seprona de la Comandancia de Sevilla. Ingresó en la Guardia Civil en 1993 cuando tenía 18 años; fue por vocación y admiración a su abuelo guardia civil. En septiembre de 2018 cumplió 25 años de servicio en el cuerpo, con más de diez destinos distintos por ascensos y especialidades. En 2003 realizó el curso de investigación, que cuenta con muchas menos plazas que el de patrulla, centrado en legislación ambiental y en trabajo de policía judicial. Nada más terminar consiguió como destino Sevilla, que era su sueño.

El inicio fue de observación y aprendizaje. “Pero muy pronto descubrió que el cabo que estaba a sus órdenes, Enrique Castillo Martínez, que ocupaba su puesto cuando ella se iba de vacaciones, en realidad era el zorro cuidando de las gallinas”, como expresa su abogado Fermín Vázquez. “Con ocasión del servicio propio de la especialidad –añade–, ”este se dedicaba a hacer denuncias sobre el comercio ilícito de productos pesqueros para después realizar los pliegos y recursos correspondientes, así como a asistir a juicios en calidad de testigo siendo llamado por la entidad Mercasevilla, a la cual previamente él mismo había denunciado.“

“Se trataba de infracciones de 60.000 euros” –prosigue el abogado– “y se presume que la intención no era otra que favorecer el resultado del juicio a favor de la entidad Mercasevilla. Además, es de destacar que estos hechos fueron reconocidos por el propio cabo infractor al teniente jefe de la sección de Seprona de Sevilla, Diego Morilla Ramos, y tal cual consta grabado”.

Como relata el abogado, cuando Serrano lo puso en conocimiento de sus superiores, estos le pidieron que mirara para otro lado y ella se negó. Por hacer lo que se esperaba de ella se vio envuelta en una vorágine de expedientes de todo tipo. Pero lo peor para esta mujer –después de aguantar faltas de respeto y la insubordinación de algunos de los miembros de la unidad Seprona, que casualmente figuran en los informes realizados por conductas ilícitas en el ejercicio de sus funciones–, llegó cuando le ordenaron presentarse ante toda su cadena de mando el 6 de marzo de 2015. La citaron en el despacho del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Fernando Mora Meret. Allí también estaban el teniente coronel jefe de operaciones y el teniente jefe de la sección de Seprona, Diego Morrilla Ramos. Según varios testigos, los gritos se oían fuera del despacho y Serrano salió de allí llorando.

Ante su estado de ansiedad le dieron la baja psicológica y le retiraron el arma. La sargento acabó denunciando al coronel por haberla humillado y vejado en ese encuentro, pero la jurisdicción militar archivó las diligencias. El auto señala que se trata de una “reunión tensa y difícil” y que el coronel “empleó un tono de voz firme y contundente”, como él mismo definió. La resolución concluye indicando que se trató más bien de “unos modos de tensa riña paternal que de una conducta que merezca investigación criminal de tipo alguno”.

El defensor de la sargento no coincide en absoluto con esta versión: “La indefensión fue total, tres testigos manifestaron en sede judicial la veracidad de los hechos denunciados, pero claro, el juez del juzgado militar es también coronel, con el mismo empleo que el denunciado. La sentencia evidencia el estado patriarcal y machista de la Guardia Civil”.

El entorno de la sargento describe su tormento, entre expedientes disciplinarios, cese de destino o baja en la especialidad. Ha llegado a tener 16 procedimientos abiertos. Su abogado asegura que la han echado de su casa a instancias del coronel Fernando Mora Moret, aunque finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha resuelto a favor de Serrano, declarando nulo el procedimiento, como advierte el letrado.

En la actualidad, la sargento María Serrano ha puesto el caso en conocimiento del Parlamento Europeo. De hecho, ha intervenido en unas jornadas de expertos en anticorrupción para sacar adelante una norma que ampare a las personas de la Administración que por denunciar situaciones de corrupción se ven acosadas y totalmente indefensas. Serrano cuenta con el apoyo de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y de la organización Jusapol, dedicada a reivindicar salarios justos en la Policía y la Guardia Civil.

A la pregunta de cuántas mujeres suboficiales han pasado a la reserva prematuramente, la dirección de la Guardia Civil no responde. Desde la Asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC) hemos podido conocer la historia de Ana González, sargento destinada a seguridad ciudadana en un puesto de la provincia de Córdoba. Su caso es digno de estudio. Esta mujer entró en la Benemérita en 2009, movida por su interés de ayudar a la gente y a los animales. Su expediente estaba impoluto hasta que llegó a esta unidad rural como sargento, con cinco hombres a su cargo. Enseguida se dio cuenta de que existía un ambiente anómalo y poco después recibió una llamada de su superior diciéndole que habían llegado quejas de sus subordinados; y le aconsejó coger la baja voluntaria. Lo hizo, pero su sorpresa llegó cuando, tras un mes fuera del servicio, la suspendieron de función y sueldo durante tres meses, la pena máxima en este tipo de casos, por razones de “seguridad”.

Para los portavoces de la Asociación Independiente de la Guardia Civil, la medida es totalmente exagerada: “La intención es humillar a la sargento y privarla de su defensa, ya que en pleno procedimiento se le impidió acceder a la unidad, el único sitio donde estaban las pruebas para dicha defensa”, inciden desde la organización.

Finalmente la acusaron de tres delitos: defraudación de fluido eléctrico para uso personal, persecución de sus subalternos con una baliza y pegar voces y puñetazos en las paredes, así como de ordenar buscar a sus perros cuando se pierden. El 21 de marzo salió la sentencia: libre de cargos. González, que ha pedido el traslado, ha dejado atrás su baja y se ha incorporado de nuevo al servicio. El calvario que ha vivido esta suboficial por ser mujer dentro de la Benemérita es un clásico en este cuerpo, un tema sobre el que se evita hablar, según el portavoz de la asociación, Fernando García.

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