“Muchas instituciones gastan dinero en fomentar el empleo y a la vez impulsan la precariedad con sus contrataciones”

Entre el miércoles y el viernes de esta semana Bilbao se ha convertido en la anfitriona del III encuentro de la red de ciudades por el comercio justo organizado por la plataforma Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS) . Unas jornadas orientadas a compartir experiencias y buenas prácticas entre los nueve municipios estatales que han conseguido tal distinción y los que todavía aspiran a lograrla. El objetivo es el fomento de estos productos, cuya elaboración normalmente obedece a criterios solidarios y garantiza unas condiciones dignas para los trabajadores que participan en ella.

Entre las actividades programadas, una de ellas ha destacado por ser exclusivamente de consumo interno para la capital vizcaína. Un seminario de formación para los técnicos y cargos del Ayuntamiento de Bilbao sobre cómo afrontar las inversiones municipales con criterios que se inclinen por el comercio justo. Para David Comet, coordinador del área de compra responsable de IDEAS y encargado de formar a los funcionarios bilbaínos, introducir esta perspectiva en las instituciones públicas es una forma de “apostar por el desarrollo sostenible”.

Pregunta: ¿Por qué ese énfasis en las compras públicas?

Respuesta: La contratación pública tiene un potencial tremendo y, sin embargo, no se valora tanto desde las instituciones. Gastan dinero en subvenciones y ayudas a ONGs y no se dan cuenta de que aplicando los criterios adecuados a sus compras podrían hacer mucho más.

P: Cuando habla de un potencial tremendo, ¿a qué se refiere?

R: Actualmente cerca del 18% del PIB estatal se dedica a las compras y contrataciones de la Administración pública. Si toda esa inversión se realizara con criterios solidarios y sostenibles el impacto en los países en vías de desarrollo sería enorme.

P: ¿Me puede dar algún ejemplo de criterios de comercio justo aplicados a las compras públicas?

R: Actualmente hay hospitales y colegios que se rigen por ellos a la hora de comprar sus suministros. Por ejemplo, las infusiones, mermeladas, azúcares y otros productos de varios hospitales andaluces son productos de comercio justo. También colaboramos con muchos comedores escolares que han reemplazado la pasta, los zumos y otros alimentos. Cambiar la forma de trabajar de un hospital o un colegio con todas las comidas que sirven diariamente tiene un impacto brutal sobre los proveedores de estos productos.

P: ¿Y a nivel local?

R: En las administraciones más pequeñas se pueden introducir estos criterios por ejemplo a la hora de contratar las máquinas de vending para los empleados o, aunque ahora sea menos habitual, cada vez que se organiza un servicio de catering para un evento.

P: Todos estos ejemplos sobre el comercio justo abarcan una pequeña parte de la inversión pública…

R: Pero es que no se trata únicamente de plantearse realizar compras de productos de comercio justo. A la hora de contratar, lo básico es que la lógica cambie. Queremos que los trabajadores públicos se planteen: ‘¿Cómo puedo convertir este contrato en una política activa de igualdad?’ o de cooperación o de desarrollo sostenible… Por eso buscamos la implicación de los técnicos y no sólo de los políticos, aunque la apuesta de éstos también tiene que estar clara.

P: Con la que está cayendo supongo que será difícil convencerles para que gasten un poco más de dinero, ¿no?

R: Tienen que planteárselo como una inversión a largo plazo, apostar por estos criterios es apostar por la sostenibilidad del sistema. También tratamos de fomentar el ingenio. Por ejemplo: como el café de comercio justo normalmente tiene un sabor más intenso, se puede ahorrar dinero comprándolo y reduciendo la dosis que servimos en cada taza. Por último, muchas veces es una cuestión de coherencia interna para la institución pública.

P: ¿Coherencia?

R: Sí. Yo como ciudadano no entiendo cuando muchas instituciones gastan dinero en fomentar el empleo y a la vez impulsan la precariedad con sus propias contrataciones. El impacto que conseguirían a través de una política activa sostenible es mucho mayor. Por ejemplo: se puede convertir cualquier inversión pública que genere puestos de trabajo en una política activa de inserción social si en sus pliegos de condiciones se establece la condición de que se contrate a personas en riesgo de exclusión.

P: ¿En qué consiste la sesión formativa que ofrece a los trabajadores municipales de Bilbao?

R: Vamos a intentar explicarles como introducir criterios de solidaridad a la hora de hacer las compras y contrataciones del Ayuntamiento. Para ello intentaremos despejarles todas las dudas en el campo de la legalidad a la hora de redactar los pliegos de condiciones para la contratación pública y les enseñaremos lo que se está haciendo en otras instituciones de otros ámbitos para vencer sus reticencias.

P: ¿Resulta difícil convencerles para que adopten esta perspectiva?

R: Lo más complicado suele ser cambiar la forma en la que los funcionarios están acostumbrados a trabajar y su manera de relacionarse con los proveedores. También cuesta explicarles que no cometen ilegalidades por hacer las cosas de forma diferente, pero estas reticencias se pueden vencer sobre todo con transparencia e información. Para esto, les enseñamos qué sistemas de gestión tienen a sus disposición para certificar la calidad cuando compren productos de comercio justo y cómo hacer el seguimiento de una contratación de este tipo para asegurarse de que realmente les han servido estos productos y no otros.