Disparar a animales criados en granjas: el negocio de la caza en España

La excusa de la sobrepoblación de conejos o jabalíes es un reclamo muy usado en el mundo de la caza. Incluso en tiempos de pandemia, en el que las presiones han sido muy grandes para que la actividad cinegética sea una de las primeras en ser permitidas. Deporte, equilibrio ecológico y tradición son los pilares donde se basa el argumentario de los cazadores, pero no hablan de su negocio. Con precios como 3.500 euros por matar un ciervo, más de 2.000 euros por matar a un gamo o hasta 1.500 euros por matar a una cabra montesa, está claro que tener un coto de caza supone un gran beneficio. Más aún si se aseguran de que nunca falten “piezas”, recurriendo a la cría en cautividad de estos animales salvajes y a que sean fáciles de cazar. “Se trata de animales que se acercan a las poblaciones en busca de alimento, sin miedo a las personas y sin miedo a los vehículos”, señalan desde la Plataforma NAC (No a la Caza). El pasado martes, su campaña ‘La verdad de la caza’ fue Trending Topic en redes y ha sido apoyada por más de 200 entidades.

Desde esta plataforma señalan que maximizar los beneficios se ha logrado, primero, tras acabar con los depredadores naturales de las ansiadas piezas -como zorros, aves rapaces o linces-, para después saturar el campo con animales que son codiciados como trofeos, sean o no propios de la zona. Por eso, no solo los cotos con negocios rentables, también lo son las granjas cinegéticas, que crían estos animales y los preparan para ser disparados. “En las últimas semanas, dentro de esta campaña de apoyo a que la caza sea una actividad permitida durante el estado de alarma, los cazadores difundieron imágenes de animales, como jabalíes, en la periferia de núcleos urbanos, fomentando esa falsa sensación de sobrepoblación y reforzando la idea de que es necesario un control del número de individuos por medio de las armas”, comentan desde NAC.

El esfuerzo del lobby tuvo su premio con el Gobierno de Núñez Feijóo en Galicia, donde poco después de declararse el estado de alarma ya estaban elaborando una resolución para que los cazadores pudieran esquivar las limitaciones de movimiento que tenía el resto de la población. Un movimiento similar hubo en Castilla y León a finales de marzo, solo que allí la Consejería de Medio Ambiente reculó al haber provocado especial debate el que se permitiera cazar en grupos de cuatro personas. Bajo el argumento del “control de daños”, los cazadores han estado presionando para que sea una actividad permitida en la fase 1 de la desescalada y aceptada también en comunidades autónomas que aún están lejos de llegar a esa fase, como Madrid o Extremadura. Y lo han conseguido. El Gobierno permitirá que dentro de la fase 1 se pueda ir al campo a disparar animales, pero no a observarlos o a fotografiarlos. Solo a matarlos.

“Quienes quieren verse como parte de la solución a este supuesto problema de sobrepoblación de animales salvajes, son en realidad su causa”, explican los responsables de la campaña de NAC. Entre las organizaciones que respaldan esta campaña, bajo la etiqueta de #ElNegociodeLaCaza, se encuentran, entre otras, entidades estatales como Ecologistas en Acción, la Tortura No Es Cultura, Libera!, PACMA, EQUO, IU y Podemos Animalistas, así como la APPDA (Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos Animales).

Para desmontar el supuesto bien medioambiental que hacen los cazadores al regular la población de ciertas especies, NAC señala que, cada vez en más comunidades, la mayoría de los animales cazados provienen de las granjas cinegéticas. Es el caso de León, donde el 100% de los animales que se cazan provienen de la cría en cautiverio. Los datos del volumen de animales criados permiten perfilar cómo funciona este negocio: anualmente se crían y sueltan dos millones de conejos de monte y cerca de tres millones de perdices y otras aves similares. Según algunas asociaciones de cazadores, la cifra se eleva a entre cuatro y seis millones de animales al año.

Son datos difíciles de encontrar en todas las comunidades y acerca de todas las especies animales, ya que, como los propios cazadores reconocen, hay granjas legales e ilegales. Según el Ministerio de Agricultura, en 2014 había hasta 1.235 explotaciones con esta finalidad, pero un informe de la UNAC (Unión Nacional de Asociaciones de Caza) aseguraba que “al calor del dinero, surgen multitud de ecodelincuentes dispuestos a saltarse todas las normas, abriendo granjas cinegéticas ilegales que, por desgracia y debido a la demanda existente, acaban colocando en el campo sus ejemplares, con los importantes riesgos que ello acarrea, entre otros, el sanitario”. Riesgo sanitario y medioambiental reconocido por los representantes de los cazadores. Luis Fernando Villanueva -presidente de Aproca (Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente)- destacaba la falta de biodiversidad por el abuso de animales de granjas cinegéticas, reconociendo “el problema de falta de especies que tiene actualmente el campo”.

Animales fáciles de cazar, sobrepoblación forzada por la suelta sin control y falta de diversidad, ya que solo se crían los animales más rentables a la hora de vender sus cabezas. “Estas masacres son un cóctel perfecto porque acaban con la biodiversidad, destruyen el equilibrio natural y convierten los campos en factorías de dianas vivas, listas para ser vendidas al mejor postor”, indican desde NAC. Por ello, las asociaciones que respalda esta campaña piden en primera instancia que se acabe con las granjas cinegéticas, al ser causantes de todos estos problemas, tanto para los animales como para el medioambiente.

“Sería necesario un control exhaustivo de estas granjas, una trazabilidad de los animales desde la zona de cría hasta que mueren durante la caza. Esto permitiría controlar el origen de los individuos y, en cualquier caso, precisar si los animales que circulan por las ciudades proceden de granjas, así como identificar focos de enfermedades cuyo origen esté en las propias granjas”, alertan desde NAC. Una de las soluciones que lanzan a la Administración es que sea obligatorio el uso de crotales, unos identificadores obligatorios en los animales de granja, además de la esterilización de los animales que se suelten, para evitar su reproducción. “La caza no es la solución, sino la causa. El negocio de la muerte, de la mentira y de la destrucción”, concluyen.