La caza: más allá del debate institucional

El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) suspendió cautelarmente el Decreto 10/2018, de 26 de abril, que modifica algunos preceptos del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. La suspensión se dio a raíz de una solicitud de PACMA que argumentaba que las medidas incluidas en el Decreto no estaban avaladas por los estudios científicos precisos.

Ante esta decisión del TSJ, el lobby de la caza reacciona para defender los intereses de los propietarios cinegéticos y de los cazadores, de manera que los grupos políticos dejan un paisaje lamentable en el Parlamento: PP, PSOE, Ciudadanos y UPL, que ocupan 72 asientos (más 1 del grupo mixto) de los 84 que llenan las Cortes, se ponen de acuerdo para blindar la caza, mientras que Podemos se abstiene, situándose así muy cerca de las posiciones defendidas por la derecha y el partido socialista. Solo el grupo Izquierda Unida-Equo vota en contra. Este cierre de filas de los partidos políticos en torno a la cuestión de la caza es un acto contra la diversidad de pensamiento; explícitamente, constituye un silenciamiento institucional de otras sensibilidades existentes en la Comunidad.

Castilla y León cuenta con alrededor de 100.000 licencias de caza entre una población de casi 2,5 millones de habitantes. El 90% del territorio de la Comunidad está declarado cinegético. Es decir, el 90% de la superficie sirve a una actividad que practica menos del 4% de la gente. Y no olvidemos que es una actividad excluyente, que impide el desarrollo de otras también populares, como algunos deportes o la recolección de setas y plantas medicinales, entre otras.

Para comprender esta descompensación puede ayudarnos el análisis de clase que evidencia las relaciones de propiedad, sobre todo en el ejercicio de la caza mayor, donde el precio de las armas, los derechos sobre los cotos, los animales que van a ser cazados y la infraestructura necesaria para llevarla a cabo restringen su acceso a un grupo elitista de hombres. En cuanto a la caza menor, no entenderemos qué ocurre con esta actividad tradicional si nos aislamos de la relación contemporánea de sumisión y desprecio que la ciudad derrama sobre el campo.

Un dato necesario: la Agencia Europea de Productos Químicos advierte sobre el riesgo tóxico del plomo que deja en la naturaleza la munición de los cazadores: 6.000 toneladas anuales en España según las estimaciones más prudentes. Por último, y lo más importante, los cazadores, en el Estado español, matan a más de veinte millones de animales al año (sin incluir las víctimas del furtivismo, las aves de cetrería, los hurones y los perros maltratados y fulminados brutalmente).

Pero más allá del contexto material que muestra indicios de que la caza atenta contra el interés general, la repercusión del auto del TSJ va a tener también consecuencias en el ámbito simbólico desde el manejo de discursos diametralmente opuestos. En este sentido, quiero señalar tres aspectos. Primero, el uso interesado de la disputa por parte de la nueva derecha extrema como un asunto identitario. Segundo, la demostración práctica de que la unión puntual entre ecologismo y animalismo no solo es posible, sino también recomendable. Tercero, la oportunidad que el movimiento animalista encuentra con toda esta trama para llegar a lugares de la sociedad donde tradicionalmente ha sido silenciado.

Parece razonable la interpretación de que la capitalización de esta polémica va a ser explotada en clave españolista por los partidos de derecha. Así, hace ya meses que escuchamos que la caza es parte de la idiosincrasia y la identidad del pueblo español. Que la caza moldea nuestras costumbres y nuestras relaciones sociales, o que la caza dibuja, imprime y perpetúa nuestros valores. Y aquí es donde las personas que defendemos posiciones contra la discriminación por razón de especie tenemos turno. Nos toca contestar. Y para eso deberemos ser capaces de explicitar que el pueblo español, el poble catalá, o pobo galego y euskal herria son, para empezar, diversos. Que las identidades de los pueblos son dinámicas, cambiantes. Y que la reconfiguración de esas identidades se va construyendo al incorporar las nuevas sensibilidades que aparecen dentro de esas comunidades humanas.

Cada vez más personas que vivimos en este lugar reclamamos derechos para las verdaderas víctimas invisibilizadas y silenciadas, los animales. Las antiespecistas somos tan paisanas y tan vecinas de los pueblos y los barrios como lo son los cazadores, y no claudicaremos a la hora de defender las bases de nuestros principios igualitarios: los animales tienen la capacidad de sufrir y disfrutar, son conscientes, poseen una vida llena de experiencias subjetivas, y todo eso hace que deseen vivir sus propias vidas lo mejor posible.

Por lo tanto, no solo sostenemos que no se vaya a los montes a acosarles, mutilarles y matarles, defendemos también un cambio de paradigma en el saber científico que atienda a los intereses de quienes se ven afectados por ello. La intervención humana para promover la actividad cinegética es una muestra clara de que se puede intervenir y se intervine en el medio natural. Lo importante es que esa intervención sea transformada para disminuir el sufrimiento profundo de quienes viven en “la naturaleza”.

Por otra parte, como se ha expresado en algunos medios locales y regionales de Castilla y León, ecologistas y animalistas están consiguiendo tumbar judicialmente la gestión técnico-administrativa de la Junta de Castilla y León. Sinceramente, no sé si es tanto. Desde luego que no es este el primer golpe que recibe la caza. El propio TSJ de Castilla y León ya estimó el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra el Decreto de 2015. Asimismo, anuló la orden anual de caza de 2016 a partir de otro recurso interpuesto por PACMA.

Los principios igualitarios del antiespecismo y los principios del ecologismo hegemónico están en oposición frontal. Parece que, en algún momento, será necesario decidir entre ellos. Sin embargo, el momento histórico que vivimos exige que los movimientos emancipatorios encuentren, dentro de sus objetivos y estrategias propias, puntos compartidos que identifiquen los obstáculos comunes. En el capitalismo, un sistema que necesita y normaliza la explotación extrema de ecosistemas y animales, parece lógico que, por cuestiones tácticas, quienes defienden los ecosistemas y a los animales se encuentren circunstancialmente para empujar juntos hacia escenarios menos desfavorables para los dos. La discusión actual y el logro conseguido son un claro ejemplo de que este entenderse en la práctica puede ser beneficioso para ambos.

Por último, es necesario subrayar la oportunidad de nuevos espacios discursivos y estratégicos para el movimiento animalista. La adopción de una medida cautelar tiene como primer criterio la irreparabilidad o difícil reparación de los daños que puedan producirse por la no suspensión del acto o disposición impugnada, pero hay que observar que la discusión en torno a las medidas cautelares se da en términos jurídicos y ecológicos entendido el derecho y la ecología desde una perspectiva antropocéntrica. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el TSJ de Castilla y León señalan el posible perjuicio a una especie o hábitat. El antiespecismo habla del perjuicio a cada una de las vidas de los animales afectados.

Además, la propaganda necesaria para afianzar la idea hegemónica no se ha hecho esperar. El Consejero de Fomento y Medio Ambiente asegura que la prohibición de cazar “conlleva la superpoblación de la fauna salvaje, que pone en peligro no solo una actividad cultural, tradicional, económica, de empleo y fijación de la población, sino la seguridad en las vías de circulación y la sanidad de la cabaña ganadera”. Óscar Reguera, del PP, afirma que las tendencias animalistas y veganismos “condenan al ser humano a vivir en una selva libre y feliz despojándole de su condición de ser humano. En el momento en el que piensas que un perro es mejor que un ser humano, algo va mal”.

Es obvio que trabajar por conseguir la prohibición de cazar pone en peligro la actividad de cazar, y por lo tanto hay que explicar por qué hay que poner en peligro esta manifestación cultural, esta tradición; hay que explicar que es falso que dicha prohibición redunde en una falta de seguridad en las vías de circulación (al contrario, es la huida de los cazadores en jornadas de sangre la que hace que los animales salgan con más frecuencia y miedo de sus hábitats). Hay que explicar que, más que implicar un peligro para los animales explotados en granjas, son las enfermedades intrínsecas a la explotación ganadera las que amenazan a la fauna silvestre. Cualquier ciudadana tranquila dudaría de estas manifestaciones pomposas que nos dicen cosas como que la caza nos libra de la invasión silvestre de animales. Parece que, cuando dejemos de cazar, llegarán las diez plagas de Egipto. En cualquier caso, todo esto son, en última instancia, consideraciones técnicas. Importantes pero secundarias.

Lo que verdaderamente debe aprovechar la ética igualitarista es la ocasión para centrar la atención en que el ordenamiento del territorio y de las relaciones que establecemos con él debe atender a los intereses de quienes los tienen, los animales. Los ecosistemas son entornos, ambientes, no seres sintientes. Y la especie es una categoría clasificatoria válida para ordenar, de alguna manera, el mundo que habitamos (y que, por supuesto, se construye con sesgos derivados de intereses antropocéntricos). Pero, igual que los ecosistemas, las especies no son seres sintientes, no viven vidas con experiencias, no son sujetos de consideración moral. Sí lo son cada uno de los individuos que conforman dichas especies y, en ese sentido, son todos esos seres quienes merecen nuestros esfuerzos técnicos y nuestros conocimientos científicos.

Asimismo, las personas igualitaristas debemos expresar sin miedo nuestro deseo de que desaparezcan todas aquellas manifestaciones culturales y tradicionales que perpetúan espacios de socialización machista, donde el hombre domina la escena y se reserva el monopolio de las armas; tradiciones que afianzan relaciones clasistas donde el campo es esquilmado para atender a los intereses de la ciudad; tradiciones que normalizan el sometimiento de las vidas de los animales por parte de los hombres, naturalizando así la explotación en otros ámbitos de la socialidad. Estas actividades culturales y estas tradiciones que ellos defienden reproducen modelos heteronormativos violentos que explican parte del fracaso de nuestras relaciones como comunidades humanas.

Celebramos el auto del TSJ de Castilla y León no por las razones esgrimidas por el Tribunal, sino por la oportunidad que nos da a quienes defendemos los intereses de los animales para mostrar que los argumentos que se utilizan para defender la caza son, al menos, cuestionables, y que las posiciones políticas que defendemos las personas antiespecistas son más complejas y distintas que las que nos atribuyen desde los altavoces del poder establecido.

Asistiremos a un debate mediático sobre si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se excedió o no al establecer las medidas cautelares; sobre si la declaración de ciertas especies como cinegéticas está lo suficientemente avalada por estudios científicos; o sobre si el enfrentamiento entre casas políticas que dominan diferentes esferas de poder ha influido a la hora de tomar la decisión. Nuestra contribución deberá ir orientada a modificar el espacio de sentido que vivimos. En la vorágine legalista y técnico-cientifista reclamamos la nueva realidad que imaginamos. Es la primera vez que oteamos bosques sin escopetas que acosan y matan. Tal vez sea demasiado optimista pensar, como dice PACMA, que esto supone un ensayo general de lo que será vivir en un país sin caza, pero sí creemos e imaginamos que países sin caza son posibles.

Hoy, más que la semana pasada, la actividad de cazar se debate en muchos lugares, no solo en los juzgados o en la Administración, no solo en la Universidad; también en el bar, en los barrios y en los grupos de amigos y familias. Parece que, poco a poco, y gracias a iniciativas como esta, podremos llegar a alcanzar una crítica para la caza de dimensiones similares a las que actualmente acorralan a la tauromaquia.

El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) suspendió cautelarmente el Decreto 10/2018, de 26 de abril, que modifica algunos preceptos del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. La suspensión se dio a raíz de una solicitud de PACMA que argumentaba que las medidas incluidas en el Decreto no estaban avaladas por los estudios científicos precisos.

Ante esta decisión del TSJ, el lobby de la caza reacciona para defender los intereses de los propietarios cinegéticos y de los cazadores, de manera que los grupos políticos dejan un paisaje lamentable en el Parlamento: PP, PSOE, Ciudadanos y UPL, que ocupan 72 asientos (más 1 del grupo mixto) de los 84 que llenan las Cortes, se ponen de acuerdo para blindar la caza, mientras que Podemos se abstiene, situándose así muy cerca de las posiciones defendidas por la derecha y el partido socialista. Solo el grupo Izquierda Unida-Equo vota en contra. Este cierre de filas de los partidos políticos en torno a la cuestión de la caza es un acto contra la diversidad de pensamiento; explícitamente, constituye un silenciamiento institucional de otras sensibilidades existentes en la Comunidad.